Oaxaca de Juárez, 9 d diciembre. La presidenta del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, Angélica Ayala Ortiz, urgió a las autoridades en Oaxaca a garantizar la seguridad y los derechos políticos de la síndica municipal de San Estaban Atatlahuca, Maribel Aida Velasco García, quien desde septiembre de 2020 ha enfrentado violencia política de género.
Expuso que este caso evidencia la grave situación que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer su derecho a la participación política en condiciones seguras, ya que para muchas de ellas les representa poner en riesgo la libertad, la integridad o incluso la vida.
En una conferencia de prensa conjunta, la síndica que por el sistema normativo interno fue electa el 25 de agosto de 2019 y asumió el cargo en enero de 2020, hizo notar que en cualquier tipo de conflicto son las mujeres quienes se quedan sin voz y sin representación.
Antes de asumir el cargo, entre ese municipio que pertenece al distrito de Tlaxiaco enfrentó un conflicto agrario, político y social con sus comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán.
“En un conflicto las mujeres nos quedamos sin voz, sin representación y se eleva el riesgo de violencia política porque no nos permiten desempeñar nuestro cargo público en el sistema normativo interno”, precisó.
Desde septiembre de 2020 tiene medidas cautelares de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y el mes pasado por parte del Tribunal Estatal Electoral porque ha enfrentado amenazas de muerte por parte del Frente Indígena de Resistencia Juxtlahuaca y los señores Juan Gabriel Hernández García, José Fabián Bautista Hernández, Salvador Basante y Faustino Martínez Santiago.
En la conferencia de prensa asistió también el presidente municipal de San Esteban Atatlahuaca, Rogelio Bautista Barrios, así como el regidor de Hacienda, Carlos Riaño Sandoval.
Angélica Ayala Ortiz mencionó que es urgente visibilizar el elevado nivel de riesgo que enfrentan las niñas y las mujeres en aquellos municipios en que se presentan conflictos comunitarios, urgiendo a las autoridades a incorporar la perspectiva de género y un enfoque intercultural en sus intervenciones, pues a la desigualdad y discriminación que viven por ser mujeres, se suma la violencia derivada de los conflictos no atendidos.
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