Alfredo Brena
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 18 de abril. Estados Unidos desde el siglo XIX legisló al respecto. México con todo y las actuales “reformas”, soslaya el tema. Porque esa es la forma en la que se enriquecen los gobernantes cada sexenio, amén de enriquecer a las televisoras, contratistas y demás perversos.
Recordemos que el nefasto Diego Fernández de Ceballos, en su época de senador, tenía a su bufete litigando contra el Estado. Cuando por definición, un senador es el defensor del Estado, así como los diputados son los defensores del pueblo.
Diego fue Senador del 2000 al 2006. Dado que en las elecciones del año 2000, estaba en la lista plurinominal del PAN como número uno. Siendo durante los seis años de su periodo, el coordinador de los senadores panistas.
Durante ese periodo fue frecuentemente acusado de ejercer un tráfico de influencias con diversos cabilderos para aprobar leyes que pudieran beneficiar a ciertos sectores, principalmente los medios de comunicación, como las televisoras, y así como obtener como abogado, fallos favorables hacia sus clientes y en contra de instancias gubernamentales. Ante lo cual, los partidos de oposición demandaron que se ejerciera juicio político en su contra.
A pesar de las constantes acusaciones de sus opositores, nada fue comprobado en contra de Fernández de Ceballos. A lo largo de su carrera política, Diego ha sido señalado como responsable de traficar influencias, pues el bufete de abogados que posee ha llevado casos exitosos contra el Estado, siendo Diego senador, incluso, se le llamó en algún momento, como “traficante de influencias y rentista de la crisis”.
También fue señalado por la periodista Ana Lilia Pérez, como parte de la red de corrupción alrededor de Pemex, que se había beneficiado con contratos millonarios obtenidos mediante tráfico de influencias. A pesar de que este caso es documentado en el libro “Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos”, de la citada periodista. No fue posible comprobarle legalmente ningún delito.
¿Cómo es posible, que a Diego Fernández de Ceballos, no se le pudiera comprobar nada? La respuesta es simple: porque no hay una ley al respecto. Es por esa razón que Diego tuvo el descaro de declarar que lo que él hacía no estaba tipificado como delito, que podía no ser correcto pero que era legal.
Ninguna obligación de un gobierno es más fundamental que la de mantener las normas más elevadas de comportamiento ético en aquellos que dirigen la cosa pública.
Los primeros estatutos de “conflicto de interés” de los Estados Unidos fueron publicados en 1873, si leyó bien, en 1873. Posteriormente en 1961 se hizo la modificación de los estatutos porque, si bien era cierto que los estatutos originales imponían sanciones penales, también era cierto, que habían cambiado los tiempos en el lapso de 88 años. Y se habían abierto resquicios, donde a un funcionario del gabinete le estaría permitido el tratar de influir en una oficina independiente, para la concesión de una valiosa estación de televisión a un socio de negocios en una empresa en que ambos compartirían las utilidades.
Las insuficiencias y las lagunas fueron corregidas en ese 1961, o sea, desde hace 54 años los estadounidenses ya tenían una legislación, que podía haber mandado a la cárcel a senadores como Diego Fernández de Ceballos, que hoy es un tipo multimillonario, con ranchos que le proveen leche a Alpura, entre otros muchos negocios que posee “El Jefe Diego” como le decían los panistas.
El defecto fundamental de las leyes mexicanas, en su forma actual, y con todo y las “reformas estructurales” de Peña Nieto, es que, permiten a funcionarios públicos una enorme cantidad de intereses y actividades privadas que son totalmente incompatibles con los deberes del cargo público.
La famosa Casa Blanca del presidente Peña Nieto en la Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal, que “justificó” Peña Nieto poniendo ante las cámaras a su esposa Angélica Ribera, para que declarara que esa casa la había adquirido con su sueldo de actriz de Televisa. Aunque curiosamente el propietario original de la residencia de Sierra Gorda 150, era Juan Armando Hinojosa Cantú, propiedad que detentaba a través de su filial Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Además tenemos que Hinojosa Cantú es el dueño de Grupo Higa, que había ganado la licitación para el tren rápido México-Querétaro, licitación que se canceló en el advenimiento del escándalo. Ese conflicto de intereses no hubiera pasado el tamiz de la legislación vigente hace más de medio siglo en Estados Unidos. O sea que con todo y las “reformas” estamos atrasados, amén de que queda claro, que se legisla con los huecos y resquicios por donde puedan escapar los políticos corruptos.
Los escándalos se suceden bajo el mismo esquema. La casa de Luis Videgaray el secretario de Hacienda, en Malinalco, estado de México, incluso con el mismo contratista de la Casa Blanca de Peña Nieto. Las casas de Miguel Ángel Osorio Chong secretario de Gobernación en Paseo de las Palmas 1380 y en Bosques de Manzanos 333, nada más que ahora con su contratista consentido del estado de Hidalgo, Carlos Aniano Sosa Velasco.
Y ya en el colmo de la desvergüenza, el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia es un oprobio, porque el señor será un ministro en permanente conflicto de intereses, por los diferentes cargos políticos y las vinculaciones empresariales que ha tenido.
La corrupción nos ahoga y los mexicanos estamos sin una ley que tipifique como delito el conflicto de intereses, Estados Unidos la tiene desde el siglo XIX… ¡como que estamos atrasados!
Estamos a 51 días de la jornada electoral
¡Suerte! y hasta el próximo DeAnálisis Político.
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