Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública es un fantasma, pues no promueve el desarrollo policial, ministerial ni del sistema penitenciario:
Los presupuestos disminuyen o desaparecen: el fondo para apoyar la seguridad en los estados se encuentra estancado y el fondo para apoyar a los municipios desapareció. Y, mientras tanto, han asesinado en este sexenio a 1,682 policías, un promedio de más de uno al día.
Son nulas las intenciones para desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías. La Fiscalía General de la República, que debería ser ejemplo, está subordinada sin disimulo al presidente, y su desempeño es lamentable en términos de eficiencia y eficacia.
Cada día se agrava más la crisis del sistema penitenciario. Más de 220 mil personas se encuentran privadas de la libertad, de las cuales 92 mil no tienen sentencia. Por eso, la verdadera definición en materia de (in)justicia es encarcelar de manera arbitraria, mediante la prisión preventiva oficiosa.
Durante este sexenio cerraron tres de los más importantes centros penitenciarios del país: Puente Grande, en Jalisco; Topo Chico, en Nuevo León; y el penal de Islas Marías, el cual era el mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La militarización de la seguridad pública y de otras funciones civiles avanza sin pausa y sin resultados. Mientras a las policías se les desaparece o se les estrangula presupuestalmente, a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (mero cascaron que alberga a una Guardia Nacional militar) se les brindó un presupuesto que asciende, este año, a 235 mil millones de pesos. Tan solo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional ejercen cerca de 170 mil millones de pesos, 80% más que en 2020. Estos recursos se suman a todo tipo de donaciones, ingresos extrapresupuestales y negocios asignados a las Fuerzas Armadas, al tiempo que se reduce el presupuesto para prácticamente todas las responsabilidades de gobierno.
El 67% de la población mexicana se siente insegura, y no es para menos. De diciembre de 2018 a julio de 2022, se reportaron 126,595 asesinatos. Los feminicidios continúan al alza; con todo y subregistro, suman al menos 5,237 casos. Se han reportado 855 mil casos de violencia familiar, y al menos 216 mil robos con violencia, 34 mil extorsiones, y 4,100 secuestros. Y todo lo anterior, con alrededor de 93% de los delitos sin denunciar.
En el país se acumulan todo tipo de atrocidades. En un conteo realizado por Causa en Común en medios de comunicación, de enero de 2020 a agosto de 2022 se han reportado al menos 14,742 atrocidades, que incluyen al menos 1,537 masacres, 2,092 fosas clandestinas, 3,201 casos de tortura y 2,089 descuartizamientos.
Es evidente la carencia, no solo de políticas de seguridad, sociales y de prevención. Es evidente que los mal llamados programas sociales solo se usan para fines clientelares y electorales. En cuanto a prevención, no existe ningún programa ni acción de gobierno.
Así las cosas, con este gobierno lo único que avanza es el crimen, la impunidad y la militarización.
Comunicado
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