Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 23 de junio. Representantes de los comuneros de Santa Cruz Tagolaba, exigieron la destitución inmediata del mercenario Gonzalo Villalobos López al frente de la Procuraduría Agraria de Oaxaca, al denunciar una serie de arbitrariedades y delitos cometidos en contubernio con los hermanos Anastasio y Sergio Gutiérrez García, autoridades comunitarias de esta localidad.
En conferencia de prensa, recordaron que esta comunidad agraria fue beneficiada mediante resolución presidencial de fecha 9 de marzo de 1970, debidamente ejecutada el 11 de febrero de 1996 por el que se reconocieron y titularon una superficie de más de 25 mil hectáreas de terrenos comunales para beneficiar a 561 comuneros.
Dijeron que el 7 de abril del 2019 se llevaron a cabo elecciones para elegir a los integrantes del comisariado de bienes comunales para el periodo 2019-2022, pero desde el día en que llegaron al cargo, los hermanos Anastasio y Sergio Gutiérrez García, les dijeron que no los dejarían trabajar, debido a diversas anomalías ya existentes, tales como la invasión de terrenos comunales y la falsificación de constancias de administraciones anteriores.
Señalaron que el 20 de noviembre del 2019, un grupo de personas, lidereados por los antes mencionados, causaron destrozos en la casa comunal de esta localidad, por lo que solicitaron el apoyo de la policía municipal y la Guardia Nacional.
Sostuvieron que el 23 de noviembre con la presencia de un notario público se abrieron las oficinas comunales, ya que las autoridades electas siempre estuvieron abiertos al diálogo, sin embargo, el ex secretario y la ex tesorera, debido a sus malos actos en el servicio fueron cuestionados en la asamblea y removidos de sus cargos, por lo que de manera interina ascendieron los suplentes a propietarios desde el 14 de febrero del 2021.
Acusaron que Gonzalo Villalobos López, se ha aprovechado de su cargo, y se ha coludido con empresas que pretenden establecerse en la zona para invertir en el proyecto Transístmico, además de que de que en la asamblea del 22 de mayo del 2022 mandó prohibir votar a 98 nuevos comuneros, entre ellos 75 mujeres.
Por todo lo antes expuesto, advirtieron que harán uso de todos los mecanismos legales, además de solicitar la intervención del gobierno federal, para evitar el atropello del que son víctimas.
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