Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Ante la presunta detención de Evencio Nicolás Martínez, exProcurador de Justicia en el periodo del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Sánchez, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó sus denuncias en contra de los ex funcionarios del gobierno estatal.
A través de un comunicado, el magisterio señaló que a 13 años de la desaparición de los luchadores sociales ocurrida el 25 de mayo de 2007, la orden de aprehensión de Evencio Nicolás, Daniel Camarena, de comandantes y de elementos de la AEI involucrados en esta historia deja en evidencia la colusión de autoridades y el golpe funesto hacia la libre manifestación en los intentos por acabar con la protesta social y callar la voz de los que salieron a las calles a denunciar el sistema de justicia mexicana que existe en el país.
Lamentó que la cárcel, desapariciones y asesinatos han sido los hechos que escriben la historia de la lucha social en México, por lo que este anuncio representaba sólo un paliativo para simular que existe acceso a la justicia y castigo a los responsables.
Después de 13 años, indicó que la justicia mexicana apenas libra una orden de aprehensión en contra de los responsables de la desaparición de dos luchadores sin considerar también las graves faltas que como funcionarios cometieron en el 2006.
La Sección 22, insistió que la justicia que se ha impartido en el país ha sido ciega, sorda o muda, siempre conveniente a intereses de políticos, empresarios, presidentes, gobernantes, compadres y amigos que usan al sistema de justicia mexicano para su beneplácito.
Por ello, la impunidad ha extendido sus tentáculos de corrupción a jueces, ministerios, procuradores, policías y militares que coludidos con grupos delincuenciales han matado torturado y desaparecido a los luchadores sociales, estudiantes, maestros e integrantes de organizaciones que han hecho uso de la protesta social y la denuncia pública para exigir justicia y oportunidades de movilidad social.
Manifestó que en la calle y en las oficinas de gobierno se pasean los asesinos del pueblo y demás funcionarios que sin humanidad alguna asesinaron, encarcelaron y persiguieron a maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Precisó que con toda la impunidad oficial siguen libres los responsables del asesinato de Samir Flores, de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, de agresiones a maestros, luchadores, y del pueblo que luchó en contra de la evaluación punitiva, por tal razón, lamentó que de forma sistemática se continúe tejiendo la agresión en contra de quienes luchan por la tierra al encabezar desde la defensa y resistencia un trabajo organizado en contra de las políticas neoliberales y gubernamentales.
Aseguró que la verdadera justicia llegará cuando todos los asesinos, responsables materiales e intelectuales de estos hechos, de la agresión del 2006 y muchos atropellos más estén tras las rejas, sobre todo cuando se viva en un país libre de la persecución y desaparición forzada donde no se criminalice la protesta social.
Advirtió que no olvidan que Camarena Flores, director de la policía en el 2006, agredió a Emeterio Marino Cruz y torturó a los detenidos el 16 de julio del 2007.
Reiteró castigo a todos los involucrados en la represión del 2006 y de la masacre de Nochixtlán durante la administración de Gabino Cué Monteagudo.
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