Eje Central
Oaxaca de Juárez, 22 de julio. La orden de arranque de la ofensiva política y jurídica gubernamental en contra de la Sección 22 de la Coordinadora magisterial, fue el anuncio del gobernador Gabino Cué de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, equivalente a una Secretaría de Educación, que desde 1992 estaba en manos de la disidencia de los maestros que tenían en su poder la rectoría de la educación. “Es una provocación”, respondió inmediatamente el líder nacional Rubén Núñez, quien dijo que la decisión los había tomado por sorpresa. No es así. 
Como se explicó el 10 de julio pasado en este espacio, el principio del fin de esa dirigencia fue la demanda penal que interpuso la organización Mexicanos Primero –con el respaldo de Los Pinos- en contra de Núñez por fraude al erario. Ese golpe fue perfecto, porque inutilizó al jefe público del movimiento durante varios días y lo obligó a cambiar de estrategias. La demanda lo distrajo de sus tareas de organización y envió un mensaje a la dirigencia de la Coordinadora: los términos en los que negociaron y dialogaron durante la primera parte del sexenio, se acabaron. Habían cambiado radicalmente. Y lo comprobaron el martes.
La decisión para desaparecer el IEEPO fue procesada en la Secretaría de Gobernación, y estaba tomada desde la semana pasada. En una entrevista en Radio Capital y Ekekto TV, Cué dijo que esa posibilidad era analizada a fin de restarle el poder a la Sección 22, que tenía sindicalizado al 80% de ese órgano que se creó como resultado de la descentralización educativa en el gobierno de Heladio Ramírez. “Estamos trabajando este factor de coacción a través de espacios que en su momento se otorgaron y que hoy a la luz de una nueva ley posiblemente ya ni siquiera son necesarios los espacios en un órgano que en su momento se creó bajo circunstancias específicas”, dijo.
Varios días antes se habían hecho llegar mensajes desde la ciudad de México a algunos de los líderes menos beligerantes para que estuvieron claros que en esta ocasión, el gobierno federal estaba determinado a ir contra los dirigentes rebeldes. Algunos recularon y pasaron a un repliegue táctico. Otros no tuvieron la capacidad para leer los mensajes que les transmitía el gobierno. Núñez dijo que no iban a permitir que a través de la fuerza pública, el gobierno impusiera “la mal llamada” Reforma Educativa, y que tendrían una reunión de emergencia. Alistaron sus armas.
La Sección 22 urgió este mismo martes concentraciones y mítines “masivos” permanentes, que detonaron bloqueos en el centro de Oaxaca capital, toma de camiones y tranvías turísticos. En paralelo, se fueron a una Asamblea Estatal. La tensión escaló. Los tres mil policías federales que se encontraban en Oaxaca desde la víspera de las elecciones del 7 de junio y los 500 que se les sumaron la semana pasada para las festividades de La Guelaguetza, fueron rápidamente desplegados, junto con otros seis mil policías estatales en instalaciones estratégicas. En el gobierno federal prepararon la ejecución de decenas de órdenes de aprehensión en contra varios de sus dirigentes, algunos vinculados a la guerrilla. El portal Oaxaca Político reportó que serían 30 las órdenes que se complimentarían, por delitos federales, como ataques a vías de comunicación, secuestro a funcionarios federales, lesiones contra policías federales, bloqueo a instalaciones de Pemex, toma de casetas, robo y usufructo de recursos federales.
Según Oaxaca Político, los principales líderes contra quienes se ejecutarían las órdenes de aprehensión son Núñez; María del Carmen López Vásquez, miembro de la Unión de Trabajadores de la Educación, una de las alas más radicales de la Sección 22 y vinculada al EPR; y Othón Nazariega, miembro de los grupos de choque de la disidencia magisterial. López Vásquez, “La Jicayán”, también es miembro del Frente Popular Revolucionario, una organización fachada del Ejército Popular Revolucionario. En la escalada de beligerancia, el Frente emitió un comunicado en el cual hizo un llamado a todas sus fuerzas a estar alertas para enfrentar las operaciones federales en el estado.
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