El Universal
Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La reforma educativa en México presenta avances en la reconfiguración política y legal del sistema que acabó con una Secretaría de Educación Pública (SEP) de “dos cabezas”, al establecer una nueva relación con el SNTE, de acuerdo con expertos.
Agregaron que la CNTE es una amenaza permanente, y además existe el riesgo de enfrentamiento de la Federación con los estados por el manejo de la nómina magisterial a partir de 2015, pues representa 94% del presupuesto del sector en las entidades.
A un año de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara las tres leyes secundarias de la reforma: la del Servicio Profesional Docente, la que otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la que modifica la Ley General de Educación, ex funcionarios e investigadores del sistema coinciden en que existe una “situación más favorable” para atender los rezagos pendientes.
Por ahora, existe incertidumbre en la aplicación de las normas, como la evaluación de maestros para el año 2015 y la sustitución del programa de Carrera Magisterial.
En el plano legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha determinado qué ocurrirá con los estados de Sonora, Michoacán, Chiapas, Baja California, Zacatecas, Baja California Sur y Morelos que al momento de la armonización de las leyes estatales que aprobó el Congreso de la Unión no atendieron lo que se planteó a nivel federal o adicionaron temas, invadiendo la esfera del gobierno federal.
El caso de Oaxaca ha centrado la atención este año, ya que la entidad omitió elaborar la ley en los tiempos previstos, por lo que el gobierno federal interpuso la primera controversia constitucional en su contra.
Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: “Yo espero que muy pronto, en las 32 entidades del país, se aplique a pie juntillas y a cabalidad la reforma educativa que está hecha para asegurar una educación de mayor calidad para la niñez y juventud mexicana… esto incluye Oaxaca y ahí seguiremos trabajando para asegurar su debida aplicación”.
Investigadores consultados al respecto coinciden en que la reforma legal permitió establecer una nueva relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una “hidra que se ha dejado crecer”, que “reclama legalidad excepcional”.
Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación Básica, señala que los grupos radicales al interior de la CNTE “no están dejando terreno para el acuerdo”.
En tanto que Lorenzo Gómez Morín, también ex subsecretario de Educación Básica, afirma que los reclamos de la coordinadora magisterial nada tienen que ver con lo educativo.
En entrevista por separado, el ex secretario de Educación Pública, José Ángel Pescador, advierte que a pesar de que la reforma “está yendo muy aprisa, los resultados se van a obtener muy despacio”.
Una de las primeras acciones que se dijo puso a prueba la reforma fue el examen de ingreso de maestros en donde se pusieron a concurso poco más de 16 mil puestos de trabajo en la educación básica y más de 3 mil en el bachillerato.
Carlos Mancera, ex subsecretario de Planeación y especialista de la educación, afirma que la aplicación del examen de ingreso a los maestros, a través de una evaluación, es un “salto gigantesco, como primer paso”, por la proporción de personas que se presentaron y que confían en que el concurso buscará a los mejores para el sistema.
Al presentar la reforma como primera acción de su gobierno, el presidente Enrique Peña planteó al menos seis objetivos generales: mejorar la calidad de la educación, fortalecer la gratuidad de la educación pública y que la escuela se convirtiera en el centro de las decisiones del sistema.
Además de que al impulsar la evaluación de maestros los ejes fueran el mérito y su reconocimiento de los docentes. Hacer de la educación un derecho inclusivo, al alcance de todos y transitar hacia el buen uso de los recursos públicos.
Un año después de publicadas las leyes en el Diario Oficial de la Federación, el ex subsecretario de Educación Básica, Olac Fuentes Molinar, considera que la transformación tiene avances, sólo que “faltan cosas esenciales como el nuevo plan de estudios”.
Explica que la consulta nacional sobre el nuevo modelo educativo —que definirá qué y cómo deben aprender los alumnos— se ha sometido a un “largo proceso legitimador”, por lo que ese es uno de los “grandes pendientes de la reforma”.
Sugiere que en esta nueva fase la Secretaría de Educación debe tener la disposición y la información al alcance para corregir donde se detectan insuficiencias de la reforma o en donde se tienen efectos contrarios a lo esperado.
El historiador del Colegio de México, Jean Meyer, señala que México tiene que cambiar su primaria, volver a los niveles de calidad de los años 50, cuando la UNESCO felicitó a este país por su sistema de educación. Ese momento fue el apogeo y después por razones políticas y la construcción de una base corporativa, el sistema educativo se entregó al sindicato.
Por lo que México necesita reconstruir una buena educación primaria, es primordial, porque los alumnos que sobreviven a ese grado y alcanzan la educación superior siguen arrastrando defectos de la formación inicial como la comprensión lectora y la expresión por escrito, plantea el historiador.
Para Lorenzo Gómez Morín, también ex subsecretario de Educación Básica, el balance de la reforma hasta ahora es positivo por ser “profunda, toca todos los ámbitos del sistema”.
Al mismo tiempo, advierte que la recentralización de la nómina —para acabar con los pagos irregulares, la existencia de aviadores o pagos inconsistentes a profesores— puede generar una señal de que al tomar el control el gobierno federal se “exime la responsabilidad de las Secretarías de Educación estatal en la gestión del sistema. Si eso ocurre, la secretaría no va a tener capacidad de administrar y gestionar el sistema nacional”.
Gómez Morín, quien también es académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), prevé desde ahora una “tensión” entre los gobiernos federal y estatales por la recentralización que llevará a una discusión de lo que significa la federalización.
La confrontación será por “el manejo de la nómina, en los estados significa hasta 94% del presupuesto, por lo que no es un asunto menor para las autoridades educativas que el manejo de la nómina se lo lleva la Secretaría de Educación federal”, a partir de enero del próximo año.
Quien fuera funcionario de la SEP durante la administración del ex presidente Vicente Fox asegura que las formas de operar de la CNTE —con paros, movilizaciones, suspensión de clases y bloqueos— “es un asunto que debió haberse atendido hace 20 años”.
Califica que se trata de “un monstruo, una hidra que se ha dejado crecer”.
Para el investigador a la CNTE se le sigue “manteniendo y dando dinero para un movimiento que no tiene nada que ver con la educación. No es cierto que tiene que ver con la educación. Si los maestros ahí no dan clases, entonces no deben de cobrar. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, les seguimos pagando, les siguen dando más recursos, más control, y por lo tanto, no tienen ningún estímulo para dejar de hacer lo que están haciendo”.
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