Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. La Red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Justicia Global y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones frente a los asesinatos y otros tipos de violencia contra periodistas y las deficiencias de los mecanismos de protección para la prensa en los países en los que se ha implementado. Estas organizaciones solicitaron que dicha información se convierta en acciones para detener las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa en la región, dado que, desde los Estados no existe una respuesta efectiva, e incluso son los principales agresores. 
Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH, Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión, indicó que el 2022 fue el año más letal contra la prensa. A su vez, señaló que esperaba un mensaje honesto, franco y de solidaridad de las más altas autoridades de los Estados.
”NO PUEDO DECIR QUE NO HUBO, PORQUE HUBO UNOS TÍMIDOS MENSAJES. PERO, LO QUE SÍ SONÓ CON FUERZA FUERON MENSAJES ESTIGMATIZANTES CONTRA LA LABOR PERIODÍSTICA”. EL RELATOR ACORDÓ QUE MUCHOS PERIODISTAS QUE PIDIERON AYUDA AL ESTADO TERMINARON ASESINADOS. “LA TRAGEDIA ESTÁ A UN PASO”, DESTACÓ.
La Red Voces del Sur, a través de sus voceros: Paula Saucedo, de ARTICLE 19 en México, Jonathan Bock, de FLIP en Colombia, y Angélica Cárcamo, de APES en El Salvador, indicaron que América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde el 2018 se han registrado 83 asesinatos, de los cuales, 39 se cometieron en 2022. El incremento es tanto, que representa un crecimiento del 225% de homicidios en comparación al 2021. Del mismo modo, se evidenció que el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión, el sistema judicial persigue a la prensa que investiga y la impunidad de los crímenes contra periodistas roza el 98% en algunos países. Estos problemas se agudizan, ya que no existen políticas públicas integrales que den respuesta a las causas de esta violencia.
Por su parte, Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Nadejda Marques, de Justiça Global indicaron que los mecanismos de protección de periodistas carecen de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Así, funcionan a menudo de manera aislada, con la “única función” de garantizar la integridad física de las personas beneficiarias.
Añadieron que los mecanismos de protección tienen un largo camino por recorrer para conseguir abordar el tema de una forma estructural, destacando aspectos como la insuficiencia de recursos humanos y financieros, el análisis de riesgos y la aplicación de medidas de protección, así como la falta de transparencia y participación social.
Las organizaciones también enfatizamos la ausencia de enfoques interseccionales y de perspectiva de género en todos los mecanismos de protección de la región. Las mujeres periodistas enfrentan dobles condiciones de riesgo al ejercer el periodismo en contextos hostiles y ejercer la profesión en condiciones de desigualdad y discriminación basada en género.
Ante un contexto de alta violencia, impunidad, vigilancia y constante estigmatización, las organizaciones de la sociedad civil realizaron diversas peticiones a la CIDH enfocadas en acciones que fortalezcan los mecanismos de protección por medio de la inclusión de: análisis de riesgos con enfoque de género e interseccional; diseño de políticas centradas en investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada en su labor informativa; recomendamos a los Estados acciones concretas de legitimación de la labor periodística así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa.
Además, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años, los insumos del Alto Comisionado de la ONU y de la sociedad civil y realice sesiones periódicas con organizaciones de la sociedad civil de los países donde existen programas de protección, lo que fue bien acogido por los comisionados.
Las y los comisionados y el Relator de Libertad de Expresión y de Personas Defensoras de
Derechos Humanos se comprometieron a:
- Organizar nuevos encuentros regionales entre sociedad civil y Estados para contribuir en el diseño de políticas públicas en la materia. Esto con el objetivo de fortalecer procesos transparentes y colaborativos.
- Continuar con la asistencia técnica tanto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar generar mayores garantías para un ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos.
- Solicitar a los Estados donde hay mecanismos o instancias públicas que conducen análisis de riesgos intercambiar información con entidades de procuración de justicia -y en común acuerdo con las personas beneficiarias—, a fin de robustecer las investigaciones y brindar protección más integral.
Ante las graves omisiones de los Estados para atender la grave crisis de violencia e inseguridad bajo la cual la prensa ejerce su labor, las 24 organizaciones que presentamos esta audiencia reiteramos nuestra voluntad por colaborar con la CIDH y los Estados de la región en beneficio de las y los periodistas y con ello fortalecer nuestras democracias.
Firman:
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
ASOPODEHU – Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo (Uruguay)
CIMAC – Comunicación e Información de La Mujer (México)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
CPJ – Comité para la Protección de Periodistas
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS (Venezuela)
FECOLPER – Federación Colombiana de Periodistas (Colombia)
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED (Nicaragua)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile)
Propuesta Cívica (México)
Reporteros Sin Fronteras
Terra de Direitos (Brasil)
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