La Crónica
Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero son los cuatro estados de la República que registran el mayor grado de pobreza, con diferencias tan contrastantes en una misma entidad que equivaldría a comparar el desarrollo social y económico de Estados Unidos con el de Guatemala o Bolivia.
De acuerdo con el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el país, publicado por el Diario Oficial de la Federación, se indica que en México hay entidades donde el grado de desarrollo económico registrado en los últimos años no corresponde con un ritmo similar en el bienestar social de su población.
El informe señala que Guanajuato, por ejemplo, con una población de 5.8 millones de personas, es ubicada como el racimo automotriz más grande de América Latina, pero 58 por ciento de sus habitantes viven sin seguridad social; un 22 por ciento está vulnerada por carencia de alimentación; otro 21 por ciento padece rezago educativo; y 15 por ciento sobrevive sin acceso a servicios al interior de sus viviendas.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer este informe anual que mide la pobreza en nuestro país.
Los resultados del ejercicio se presentan para los 2 mil 462 municipios y demarcaciones territoriales existentes, así como para las 32 entidades federativas.
El diagnóstico hace evidente que el gobierno, en sus tres órdenes, requiere de la participación de la iniciativa privada, así como de una sociedad organizada en un nuevo modelo de crecimiento e impacto social.
El informe presenta información adicional a la reportada en 2015 con el objeto de mejorar la planeación en el uso de los recursos, así como la identificación de prioridades.
Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS, A.C.), miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y coordinador académico de la Especialización en Desarrollo Social, dijo a través de su portal social que “México requiere de una política de desarrollo social que pueda orientar a la política económica; que recupere nociones como la del desarrollo regional; y, sobre todo, que esté orientada a la garantía de los derechos humanos, y el quiebre de la desigualdad. En resumen: un nuevo curso de desarrollo.”
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