Oaxaca de Juárez, 23 de julio. Los cheques expedidos por la Dirección General de Pagos de la Tesorería del Senado de la República y pagados por Grupo Banorte y BBVA México para cubrir el sueldo del legislador Enrique Inzunza Cázarez, podrían ser objeto de multas de hasta el 100% de las operaciones relacionadas, de acuerdo con expertos.
Como lo informó EMEEQUIS, Inzunza Cázarez se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde mayo, tras los cargos de narcotráfico presentados en contra del legislador sinaloense por el gobierno de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York.
El economista Mario di Costanzo, exdirector de la Comisión Nacional para Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dice a EMEEQUIS que cualquier operación con personas físicas y morales que aparezcan en la LPB está prohibida para las instituciones de crédito.
Descarta también que el pago de la dieta legislativa del senador morenista, quien se encuentra en la LPB desde mayo, pueda cubrirse con un cheque al portador sin violar el espíritu de la ley: “En todo caso tendría que ser en efectivo. Además el cheque al portador tiene un límite”.
Consultado al respecto, el abogado especialista en amparo con práctica en derecho empresarial, Ricardo Vázquez Contreras, remitió al Artículo 115 de Ley de Instituciones de Crédito, que prevé: “Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una Lista de Personas Bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. (…)”.
El mismo artículo establece, para quienes violen dicho ordenamiento, “multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas”.
EMEEQUIS solicitó postura a Grupo Financiero Banorte y a BBVA México al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Ricardo Vázquez Contreras.
LOS CHEQUES
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos difundió que había presentado cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra otros nueve funcionarios sinaloenses, por “conspiración con el Cártel de Sinaloa” para introducir droga la unión americana, y otras actividades de corrupción y crimen organizado.
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