Oaxaca de Juárez, 20 de julio. El realismo mágico llegó a la política mexicana. Tenemos precampañas que no son precampañas. Espectaculares de las corcholatas que no son propaganda electoral. Hay mítines que no son mítines, sino asambleas legislativas.
Pero también aspirantes a suceder a AMLO que buscan la “coordinación” de la defensa de la 4T y no a la candidatura presidencial –en el caso de Morena—; o que quieren ser el “responsable” de la Construcción del Frente, en el caso del bloque PAN-PRI-PRD-Ciudadanos.
En ese ambiente de engaño, que sólo sirve de parapeto para justificar campañas adelantadas, sesionó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sólo asistieron cuatro de los siete magistrados: Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora, Indalfer Infante y Felipe Alfredo Fuentes. Los tres ausentes fueron Mónica Soto, José Luis Vargas y Felipe de la Mata. ”Andan en comisión”, nos dijo una fuente del tribunal.
El tema de fondo era la propuesta de la magistrada Otálora de invalidar la convocatoria del Frente Amplio por México y suspender los actos de los doce aspirantes a la presidencia de la República, por considerarlos “un fraude a la Ley”.
El tema se debatió en la sesión. El ambiente estaba condicionado por la luz verde que ese mismo Tribunal dio a las corcholatas para seguir haciendo precampaña, el pasado 11 de julio.
El reducido número de comisionados daba lugar al sospechosismo. En la sesión del 11, Indalfer y Fuentes se opusieron a poner freno a Morena, pero Atálora y Reyes Mondragon votaron esa vez a favor de invalidar el proceso de las corcholatas.
La inequidad de facto que se temía no se produjo. Otálora votó en conciencia. Lo hizo a favor de invalidar la convocatoria, porque no encontró razones para cambiar su postura. Reyes Rodríguez lo hizo en contra. “La realidad no puede ser ignorada por el derecho”, argumentó.
La magistrada se quedó sola. Su proyecto fue desechado por tres votos a uno.
El Tribunal, eso sí, le pidió al INE que emita lineamientos para evitar que se genere inequidad.
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Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue invitado a San Lázaro a participar en una mesa de trabajo sobre la caída en la cobertura de la vacunación y el gasto público en Salud.
“Ni siquiera contestó”, nos dijo el diputado del MC, Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud en tiempos de Felipe Calderón. El emecista subió un tuit en el que arrobó a López Gatell, al que dirigió el siguiente mensaje:
“Por más que huyas llegará el momento en que respondas por tu terrible gestión Hugo López Gatell.”
Algo más grave. Los directores del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella; su homólogo de Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, y Gustavo Reyes Terán, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), estaban citados a comparecer. Volvieron a cancelar por motivos de agenda.
Chertorivsky subió a twitter la pregunta que había elaborado para Reyes Terán: de 2019 a 2022, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto total para la CCINSHAE de 12 mil millones de pesos. Sólo se ejercieron 5 mil millones, según datos que sacó de la cuenta pública.
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Más que un comunicado de prensa fue una expresión de protesta. La Coparmex nos mandó su postura sobre la utilización que el presidente López Obrador ha hecho de contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez con el sector privado, a pesar de la obligación que tiene de respetar el secreto bancario y los datos personales.
“El derecho humano a la confidencialidad de los datos personales es un triunfo de la ciudadanía en todo el mundo para evitar que se repitan historias del pasado en las que esta información fue usada para atacar a quienes se consideraban adversarios, al ponerlos en un estado de indefensión”, dice el comunicado de los patrones.
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Las estadísticas oficiales no paran de apabullar los otros datos. El INEGI dio a conocer ayer los resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
El principal resultado es que el 62.3 % de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Las ciudades donde la población se siente insegura fueron: Fresnillo (92.8 %), Zacatecas (91.7 %), Ciudad Obregón (90.3 %), Ecatepec de Morelos (87.6 %), Irapuato (87.3 %) y Naucalpan de Juárez (87.2 %).
Al dar a conocer los resultados, el nuevo INEGI le echó una manita al régimen:
“Lo anterior no representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2023 (62.1 %)
“No obstante, sí representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a junio de 2022, que fue 67.4 por ciento.”
FIN.
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