Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño a las finanzas públicas que asciende a 10 millones 315 mil 415 pesos que debieron destinarse a los programas de atención a migrantes; seis millones 756 mil 479 corresponden al programa federal operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) denominado 3×1 Migrantes, y tres millones 558 mil 936 pesos al Fondo de Apoyo a Migrantes del gobierno de Michoacán.
También se destacó que no se remitieron las listas de recibo que amparen pagos por un millón cinco mil 600 pesos, destinados a impresión y distribución de materiales, y no se acreditó la entrega de impresos que implicaron un gasto de 595 mil pesos, así como de artículos promocionales, cuyo costo ascendió a un millón 209 mil pesos.
Por erogaciones para la contratación de congresos y convenciones se detectaron pagos por 118 mil 300 pesos sin contar con la autorización del servidor público facultado y se pagaron diversos servicios por un millón 709 mil 100 pesos sin contar con la justificación de los criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”.
Como parte de las observaciones del programa 3×1 se identificaron siete proyectos en los que se debieron gastar dos millones 916 mil 800 pesos que no se ejecutaron ni se reintegraron; 30 más por un millón 635.6 mil pesos por los cuales no se proporcionó documentación comprobatoria y se utilizó una cuenta bancaria no autorizada para la recepción de recursos.
Además, el informe de la ASF reveló que los informes de avance físico-financiero se entregaron extemporáneamente; los municipios y los Clubs de Migrantes no realizaron las aportaciones convenidas y se otorgaron apoyos a cuatro proyectos por dos millones 17.7 mil pesos que excedieron el monto permitido.
En las observaciones al Fondo de Apoyo Migrante de Michoacán, la ASF destacó que la entidad no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, y se ubicaron irregularidades tales como entrega de recursos a personas que no cumplían con los requisitos.
Excélsior
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