Oaxaca de Juárez, 16 de octubre
MILENIO CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVESalí de vacaciones el 5 de septiembre. Tres días después del segundo Informe y dos de la espectacular presentación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Había cielo azul. La economía se recuperaba, se presumían cifras de baja de delitos y las tensiones políticas estaban en Puebla, Oaxaca y no mucho más. Pero, sobre todo, había una admiración a la forma en que el gobierno manejaba la política. Un reconocimiento a la eficaz estrategia de un gobierno que, por ejemplo, supo sacar más de 10 reformas con un costo mínimo.
Regresé el 18. Nos tocó acompañar esa mañana la detonación de la nota de Esquire sobre la masacre en Tlatlaya. Me sorprendió la falta de reflejos de ese gobierno tan rápido y contenedor. Una simple descoordinación, pensé.
El 26 estalló Iguala. Tres semanas ya y no se ve la estrategia del gobierno federal. Por el contrario, el pronóstico alerta complicaciones extremas, grupos sociales crecientes que, a plenitud, incendian palacios de gobierno y se roban camiones en nombre de su incontrovertiblemente justa demanda.
El gobierno del acuerdo, la coordinación y los resultados aparece dando palos de ciego. Nada se sabe de los 43 desaparecidos. El castigo es para los policías de a pie. Nada se sabe de los presuntos responsables. El cielo azul del 5 de septiembre es ahora de iracunda tormenta otoñal.
¿Peña Nieto, Osorio Chong, Videgaray, Murillo Karam, Rubido? ¿En dónde están? ¿En dónde quedó tanto talento político acumulado?
Con los 43 desaparecidos está terminando la creencia generalizada de que hay un gobierno eficaz, triunfador, exitoso, chingón.
CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNEl caso Iguala hizo que el menos referido en el discurso presidencial, el de la violencia, se convirtiera de manera súbita en tema ineludible y recurrente de Enrique Peña Nieto.
Por importante que fueran otros (incluida la cruzada contra el hambre, la secuela de las reformas estructurales, las nuevas obras, la creación de empleos o la eventual captura de La Tuta), el de los asesinatos y desaparición de normalistas rurales es de los asuntos que requieren de la mayor preocupación, eficaz operación y pronta solución (cuando menos jurídica) por parte del gobierno federal.
Aclarar lo sucedido es hoy la principal razón de Estado.
Sorprende por lo mismo que se quiera sacar raja política a este drama colosal, como pretende con lujo de estulticia y estéril oportunismo la fracción senatorial del PAN, cuya dirigencia nacional obligó a su candidato a la gubernatura de Guerrero a declinar a favor de Ángel Aguirre… a pesar de que el propio Gustavo Madero (página 5 en la edición impresa) le alzó la mano a quien hoy se quiere destituir…
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESDecía el premio Nobel de la Paz 1952, Albert Schweitzer, que “tener la conciencia tranquila es un invento del diablo”. Lo recordaba porque siguen apareciendo fosas comunes en Guerrero, siguen apareciendo cuerpos que no son los de los normalistas desaparecidos, por lo que tienen que ser de otras personas hasta ahora ignoradas por la justicia; porque su estado está, literalmente, incendiándose, y el gobernadorAguirre afirma que él tiene la conciencia tranquila. ¿Quién no la tendría con 43 estudiantes desaparecidos y secuestrados por la policía y entregados a narcos para que los asesinaran?
El martes presentará formalmente el PAN la solicitud para la desaparición de poderes en Guerrero. No es la primera vez que podrían desaparecer poderes en este estado, ya ha ocurrido, por lo menos, en otras ocasiones. La última fue el 4 de enero de 1961. Raúl Caballero Aburto había llegado al poder iniciando una administración marcada por la corrupción y la violencia. Durante sus tres años de gobierno, la escalada de denuncias en su contra creció en forma constante. Una fue por la aparición de fosas comunes: la más famosa el Pozo Meléndez, donde solía arrojar a sus víctimas, fueran gavilleros u opositores políticos.
Dos dirigentes locales, muy alejados entonces de cualquier intención armada, iniciaron un movimiento cívico y estudiantil contra el gobernador: se llamaban Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El primero terminó encarcelado por el gobernador, el otro perseguido. Pero las movilizaciones continuaron hasta que el 30 de diciembre de 1960 un electricista estaba colgando una manta en un poste a favor del movimiento estudiantil. Un policía ministerial le disparó y lo mató. Las movilizaciones crecieron en intensidad hasta que policías y soldados rodearon a la multitud, unas 20 mil personas y comenzaron a disparar. Hubo 19 muertos y decenas de heridos. Tres días después, el presidenteAdolfo López Mateos ordenó el retiro de todas las tropas, quitar el bloqueo de las fuerzas de seguridad en las oficinas donde durante tres días se habían refugiado estudiantes perseguidos, abrir las cárceles a los que habían sido detenidos injustamente y el Congreso de la Unión decretó la desaparición de poderes en el estado aunque al gobernador le quedaban apenas unos meses en el poder.
La caída de Raúl Caballero y la desaparición de poderes no solucionó los problemas ancestrales de Guerrero, que se arrastran hasta el día de hoy. Tampoco se terminó de hacer justicia: Caballero nunca fue enjuiciado por esos hechos y terminó de agregado militar en El Salvador. Pero la decisión de quitar a Caballero Aburto fue interpretado como un acto de mínima justicia y logró descomprimir aunque sea por unos meses la situación política estatal que, ante la línea de corrupción y represión de sus sucesores, terminó desembocando en la terrible época de los 70 en el estado.
El 4 de enero de 1961 el gobernador despachaba en Chilpancingo; el Congreso sesionaba a pesar de las movilizaciones y el Poder Judicial funcionaba aunque hacia todo menos impartir justicia. La decisión que tomó López Mateos (eran los usos y costumbres de la época) y que refrendó el Congreso de la Unión de desaparecer poderes, fue una de las que le dieron autoridad y lo diferenciaron de su antecesor, Adolfo Ruiz Cortines. Y fue una medida justa: los poderes estaban rebasados en el estado, la ingobernabilidad era la norma.
Quién sabe si el martes cuando el PAN presente su propuesta de desaparición de poderes en la entidad habrá el mismo eco. Han pasado los años, ni el sistema político ni los protagonistas son los mismos. Pero el tema debe ser debatido: es justo hacerlo. Podría haber, sin embargo, opciones intermedias: la solicitud de licencia del gobernador mientras se investiga lo sucedido en Iguala podría atemperar las cosas y permitir una investigación más transparente, sobre todo en un punto: ¿por qué y cómo se dejó escapar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa y a algunos familiares después de la desaparición de los normalistas, cuando existía un compromiso del gobernador con el gobierno federal de tener la situación, y al alcalde, bajo control?
Así como los senadores del PAN aciertan en demandar la desaparición de poderes (aunque no se logre, como una medida para colocar en el debate en el Senado el tema), se equivocan y mucho al pedir que sea removido de su cargo Jesús Murillo Karam. Primero, porque ni siquiera el resto del PAN coincide con ello; segundo, porque Murillo se ha hecho cargo de la investigación hace apenas una semana y comienza a dar resultados (las detenciones de Cocula son una demostración y habrá más) y tercero, porque, hasta ahora, ha sido un procurador irreprochable. La mención de los senadores a Murillo parece más un ejercicio de equilibrio político que de justicia. Y porque el problema no es la PGR, es Guerrero.
*Opinócrata: según el gobernador Ángel Aguirre, todo aquel que considere que debe dejar el cargo.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROLos múltiples mecanismos federales de recopilación de información, ‘‘inteligencia’’ y despliegue de fuerzas armadas tampoco reaccionaron con la rapidez y contundencia que suelen hacerlo frente a hechos menores que afectan a miembros de la clase política o a intereses empresariales protegidos, manteniéndose el Ejército y la Policía Federal en una extraña pasividad mientras en las calles de la tercera ciudad en importancia de Guerrero durante horas se producían ataques reiterados contra estudiantes normalistas, futbolistas juveniles y ciudadanos en general, en una noche de terror que terminó con seis muertos, varios heridos, 43 desaparecidos y una población conmocionada cuyo espanto sería luego conocido y difundido a lo largo del país y en el extranjero.
No fue sólo el alcalde Abarca (al que luego se permitiría presentar con tranquilidad su solicitud de licencia al cargo y organizar sin contratiempos su absolutamente previsible fuga) ni su jefe de seguridad pública (igualmente prófugo) y los policías (también) bajo control de los intereses del crimen organizado. El gobernador Aguirre (saltimbanqui partidista adscrito para fines comiciales al PRD, impulsado por Marcelo Ebrard para dejar los tres colores y pasar a última hora electoral al sol azteca, luego adoptado por Los Chuchos) actuó esa noche trágica con conocimiento oportuno de los hechos, a tiempo de impedir que la policía municipal continuara con la acometida pública y en condiciones de frenar el proceso que tuvo el desenlace macabro tan conocido.
Aguirre es un político con experiencia en asuntos de asesinatos múltiples contra opositores, pues llegó a su primera gubernatura en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que en junio de 1995 fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Aguas Blancas, un vado de Coyuca de Benítez. En junio de 1998, 10 mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron asesinados en una operación militar de la cual Aguirre (también) dijo no haber sabido nada previamente, a pesar de que Efrén Cortez Chávez, quien sobrevivió a aquella masacre, afirmó que estaban al tanto Aguirre Rivero y el presidente municipal de Ayutla de los Libres, Odilón Romero.
Incluso Cortez Chávez señaló que ‘‘horas antes de la matanza, soldados y una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se enfrentaron en Coxcatlán Candelaria, población aledaña a El Charco, por lo que cree que eso derivó en el ataque a la escuela Caritino Maldonado, donde las víctimas dormían luego de una asamblea en la que participaron más de 100 indígenas campesinos’’, según nota del corresponsal Sergio Ocampo Arista enLa Jornada ().
Dejar que ciertas fuerzas armadas (militares en El Charco y policías municipales, virtuales paramilitares, en Iguala) actúen mortalmente contra opositores en proceso de organización y lucha pareciera ser un modelo conocido por el volátil Aguirre. También es un método probadamente practicado por quienes se encargan de la Presidencia de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, según se desprende del informe final presentado ayer por la Comisión de la Verdad que investigó las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de guerra sucia 1969-1979.
El primero de diciembre de 1971 (a unos meses del Jueves de Corpus y loshalcones), el mismísimo titular de la Sedena durante el gobierno de Luis Echeverría (el general Hermenegildo Cuenca Díaz, significativamente homenajeado en días pasados por la actual administración federal durante un acto encabezado por el general Salvador Cienfuegos, en el que se puso al fallecido jefe militar como ejemplo a seguir) ‘‘ratificó’’ al comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, la orden de ‘‘incrementar actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan esa región’’, según telegrama encontrado por la Comisión de la Verdad en el Archivo General de la Nación. Eso sí, Cuenca instruía: ‘‘evite demostraciones fuerza alarmen población civil’’. En la segunda mitad de 1974, entre el horror de la fuerza militar aplicada contra civiles involucrados o sospechosos de participar en la lucha armada, el general E. Jiménez R., comandante en Atoyac, telegrafiaba al general Cuenca Díaz la ‘‘continuación’’ de ‘‘reconocimientos… precedidos de fuego de morteros sobre cañadas y arroyos’’, además del establecimiento de retenes y, en el aeropuerto de Zihuatanejo, el impedir ‘‘salida por aire de personal sospechoso y con indicios de haber permanecido en la sierra tiempo prolongado’’.
Tal es el ADN político reconocible en las fosas del poder. ¿Sólo Abarca y su esposa? ¿Otra vez no sabía nada Aguirre, especialista en sobrevolar frívolamente para dejar que los poderes reales hagan lo que crean conveniente? ¿Esa política institucional de ‘‘exterminar gavillas’’ (en los documentos encontrados por la Comisión de la Verdad se puntualiza que se usa el término ‘‘gavilleros’’ para eludir el de guerrilleros) se aplica a normalistas insurrectos, líderes opositores e incluso, ahora en política de ‘‘limpieza social’’, a ejecutadoscomo los de Tlatlaya?
Y, mientras siguen los burdos jaloneos partidistas, basados en cálculos electorales, respecto a licencias, desaparición de poderes o comisionados, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Compartir
