Artículos y columnas políticas (08:27 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de diciembre

La noche del miércoles, un piquete de porros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reventó una investigación de varios meses que realizaba la PGR a solicitud de la frágil y porosaProcuraduría oaxaqueña: cinco agentes federales fueron sometidos, lesionados, despojados de sus armas, privados de su libertad y entregados a los maistros del plantón que ha estado pudriendo la vida y devastando la economía del centro histórico de la capital estatal.

Humillados, semidesnudados, atados como cerdos y tirados casi cuatro horas en el suelo, los policías ministeriales terminaron (por fortuna) siendo entregados al MP local, bajo los infundios de que cometieron “abuso de autoridad” y que estaban “borrachos”.

Mohamed Otaki Toledo, de la temible sección 22, afirmó que se había descubierto “un claro intento de provocación del gobierno federal porinfiltrarse en nuestro movimiento para buscar criminalizar la protesta social, hostigar y amedrentarnos…”.

Además de cometer delitos a cielo abierto, ¿a qué criminales está protegiendo la CNTE?

cmarin@milenio.com

El cuarto párrafo de la nota difundida ayer en la tarde por el Wall Street Journal es quizá la que mejor ilustre el momento político: “El señor Videgaray no incurrió en una ilegalidad. Pero la transacción refuerza la percepción de los conflictos de interés que han dañado la credibilidad y popularidad del presidente Peña Nieto”.

La transacción es la compra de una casa de 850 metros cuadrados en Malinalco, Estado de México, que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirió en octubre de 2012. Para ello, obtuvo un crédito hipotecario por medio millón de dólares que ya liquidó. La casa tendría hoy un valor de alrededor del millón de dólares. Esos son los hechos.

El problema es que le compró la propiedad a una inmobiliaria de Juan Armando Hinojosa, que además le extendió el crédito.

Hinojosa, para quien no lo sepa, es el agente inmobiliario de la casa de Las Lomas. El mismo que tuvo una participación minoritaria en el proyecto ganador de la cancelada licitación del tren México-Querétaro. El que ha obtenido numerosas licitaciones en los últimos años.

“No existió conflicto de interés”, explica Videgaray en la propia nota. “Realicé la operación no siendo funcionario público y dentro de los parámetros de mercado”.

Si no hay ilegalidad ni conflicto de interés, el secretario de Hacienda tendría que aguantar unos días de tolvanera y ruido, y disfrutar su propiedad. Pero pienso que, como la señora Angélica Rivera, no resistirá y se deshará de la casa.

Al hacerlo, no apagará las reclamaciones ni la inquina. Le regalará, eso sí, una nueva victoria a los que gritan: ¡corrupción!

El chiste, que no lo es tanto, se escucha por allí desde hace algunas semanas: presionado por las críticas constantes en las redes sociales, el presidente Peña decide inmolarse, prenderse fuego en público. Se arroja sobre su cabeza un bidón de gasolina y cuando está a punto de encender un cerillo, se escucha un grito desde la multitud: “corrupto, por qué usa gasolina Premium, use de la verde”.

Un gobierno no puede darle gusto a todo mundo ni la administraciónPeña es la única que está enfrentando situaciones complejas. En Argentina, la presidenta Cristina Kichner, además de tener la economía por los suelos, está siendo investigada, entre otras cosas, por lavado de dinero y corrupción y una empresa hotelera de la que es propietaria ha sido intervenida por la justicia para investigar malos manejos en su operación por miles de millones de pesos. En Brasil, el escándalo de Petrobras es colosal: estamos hablando de que los partidos aliados aLula da Silva y a Dilma Rousseff se llevaban entre el tres y diez por ciento de todos los contratos petroleros, más porcentajes altísimos para empresarios afines, funcionarios: una suerte de caja chica política sin límite de gastos.

En Estados Unidos los problemas que enfrenta la administración Obamason innumerables y su popularidad sigue en caída. Desde la oposición frontal del Congreso hasta un decreto migratorio que no logra entusiasmar a los indocumentados, pero ha enfurecido a los republicanos, y ya son más de 20 estados los que demandan judicialmente a la Casa Blanca. Súmele a eso el informe sobre torturas o los errores de política exterior que permitieron el crecimiento de monstruos como el Estado Islámico.

En España la monarquía pasa por un momento inédito: el fiscal del Estado aceptó absolver a la infanta Elena de los cargos de corrupción, pero pide una pena de 19 años de prisión para su esposo Iñaki Urdangarin. La lista podría continuar, pero lo más grave que les está sucediendo a esos gobernantes y esos países, es que no tienen claridad hacia dónde quieren ir. Dice Séneca que cuando un navegante no sabe hacia dónde va ningún viento le es favorable. Y muchos menos, agreguemos nosotros, pueden favorecerlo las tempestades.

En el caso de la administración Peña, que con todo no vive una situación tan grave como las mencionadas, es urgente que el gobierno muestre a la ciudadanía cuál es el rumbo que le quiere imprimir a su gestión. La etapa de las grandes reformas se cerró casi al mismo tiempo que comenzaron los escándalos, como el de los crímenes de Iguala o la controversia por la casa de su esposa, y desde entonces, ya se van a cumplir tres meses, ha estado a la defensiva, pecando de una prudencia a todas luces necesaria, pero también excesiva.

Ejemplos: caso Ayotzinapa. La investigación de la PGR sobre el tema ha sido impecable, pero esos resultados no son aceptados por grupos que han logrado deslindarse de su propia responsabilidad en los hechos para endilgársela al Estado mexicano y más concretamente al gobierno. Y casi nadie ha salido a decir lo evidente: que la información está siendo manipulada y falseada. Y todo en un marco de violencia e impunidad que lastima cotidianamente a la ciudadanía. Salvo el almirante Vidal Soberón, nadie hasta ahora ha dicho lo evidente: que hay manipulación y búsqueda de objetivos personales y políticos en esa confrontación. Y que los intereses que giran en torno al tema Ayotzinapa trascienden en mucho lo humanitario.

Otro tema: el caso del Politécnico. A ver si el lunes se regresan las instalaciones, pero lo cierto es que el semestre se perdió. A los ocho acuerdos exigidos por un grupo de estudiantes del que no se sabe su verdadera representatividad, se unió ahora la demanda para la salida de 16 directores de distintos planteles del IPN, que nunca había estado presente en los pliegos petitorios. Todo se aceptó, incluyendo ahora el despido de esos funcionarios. Algunos lo ven como una victoria del diálogo, otros como una muestra de debilidad.

Un tercer tema. En el congreso, PRD y PAN quieren hacer avanzar una amnistía para poco más de 300 integrantes de las autodefensasmichoacanas que están en prisión. Los presentan, casi, como presos políticos. Sería un gravísimo error: puede haber casos especiales que ameritan la salida de prisión, pero también hay quienes presentándose como autodefensas son en realidad operadores del narcotráfico o quienes han cometido delitos graves, incluyendo asesinatos. Una amnistía generalizada podría hacer retroceder mucho de lo que se ha avanzado en Michoacán.

Habría mucho más, pero estos casos lo que demuestran es que en la acción del gobierno nunca estarán fuera los escándalos o los traspiés, pero para encararlos se debe que tener claridad sobre cuál es el rumbo, para saber si ellos son una desviación del mismo o simples accidentes, graves o no, en un recorrido que tiene un objetivo definido. Ese rumbo es el que debe redefinir la administración Peña para intentar superar los escollos que enfrenta.

Compartir