Artículos y columnas políticas (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero

Tiene mucho sentido ser suspicaz ante los dichos de un delincuente, así sea por hoy tan muy “probable” como el sujeto a quien apodan El Cepillo (Felipe Rodríguez Salgado), cuya culpabilidad solo podrá confirmarse cuando finalice su proceso judicial.

Su aseveración de que la banda de Los Rojos “pagó” al director de la normal rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández, por enviar alumnos a Iguala para hacer “desmadres”, parte de lo que, según su declaración ministerial, le dijo uno de los estudiantes a quien sus victimarios marcaron con una X en el trayecto al basurero de Cocula, que terminó con un balazo en la nuca y, junto con sus otros 42 compañeros, fue incinerado allí mismo y sus restos triturados y arrojados al río San Juan.

De otra manera: El Cepillo dice que alguien le dijo que el director de la escuela operó para la organización criminal.

El aludido afirma de manera convincente que se trata de un infundio.

A ojo de buen cubero ninguno miente, pero merece mayor crédito el dicho del director que el chisme de terceras o más personas.

cmarin@milenio.com

El informe final de la PGR sobre el caso Iguala puede no ser una verdad histórica, ésa se establecerá con el paso de los años, pero sí una investigación que otorga certeza jurídica a las autoridades y a los familiares de las víctimas para saber qué sucedió la infausta noche del 26 de septiembre pasado. Es la investigación más profunda y precisa que se ha realizado en nuestro país sobre un caso criminal y está corroborada por estudios periciales de todo tipo, incluyendo el ADN de una de las víctimas; por un centenar de detenidos, por las declaraciones de autores materiales, intelectuales y cómplices.

El hecho es que la masacre de Iguala no fue el fruto de una operación represiva del Estado mexicano contra sus opositores políticos, sino una operación de represalia de un grupo criminal, los Guerreros Unidos, que manejaba a las autoridades de varios municipios, incluyendo Iguala y Cocula, contra quienes consideraba sus rivales en el terreno criminal, Los Rojos, con fuerte influencia en la Normal de Ayotzinapa. Es terrible, pero es así.

Por eso mismo desde hace meses hemos insistido con una pregunta a la que no se responde: ¿quién decidió enviar a los estudiantes de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela, a la casa de sus enemigos? ¿Por qué salvo tres de los integrantes del contingente, los demás eran jóvenes de nuevo ingreso que ni sabían a dónde iban (les habían dicho que irían a botear a Chilpancingo)? ¿Quiénes y por qué mandaron a esos jóvenes al matadero?

Parte de la respuesta está en las confesiones de los autores materiales e intelectuales detenidos. Uno de ellos dice que en el interrogatorio que hace a los jóvenes antes de matarlos, tres se reconocen como líderes, uno acepta ser parte de Los Rojos, y ese mismo dice que el director de la Normal, José Luis Hernández (quien por cierto nunca ha dado la cara ante estos hechos y denuncias) es uno de los jefes de Los Rojos. Es importante esa declaración, porque junto con la de otros detenidos, como los policías municipales de Iguala y Cocula, así como la del propio líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido en Morelos, explica por qué siempre creyeron que el contingente era parte de un comando que buscaba acabar con los mandos de Guerreros Unidos en Iguala. Por eso, el grado de violencia y aniquilamiento, que ya habían realizado en el mismo basurero con otros “enemigos” que intentaban operar en la zona.

Por eso hay que ahondar en esa línea de investigación que puede llevar a otros responsables, además del centenar de ya detenidos. Faltan, por supuesto, el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, responsable directo del primer operativo. Pero falta también realizar una investigación en torno a José Luis Hernández, director de la Normal, acusado de ser parte de Los Rojos, y a los principales mandos de esa escuela. Una relación que explicaría, por ejemplo, el involucramiento de la CETEG, a la que indirectamente pertenece la Normal, y que explica también por qué personajes de la propia Coordinadora se han apropiado del movimiento de los familiares, colocando como vocero a Felipe de la Cruz, quien, en realidad, no es familiar de víctima alguna, pero sí dirigente de la CETEG, o como abogado a Vidulfo Rosales (quien no acepta que le pregunten qué hacían y quién había mandado a los jóvenes a Iguala porque “eso no es importante”), ligado a la CETEG, pero también a organismos cercanísimos al ERPI. Eso explicaría, incluso, por qué el ERPI ha declarado la guerra aGuerreros Unidos pero no a Los Rojos, por ejemplo.

Y por eso hay que investigar al exgobernador Ángel Aguirre. Primero, por su inacción el día de los hechos y los posteriores, pero también porque Los Rojos son quienes controlan Chilpancingo y toda la zona cercana a la capital del estado, son los que han asesinado a empresarios locales y figuras de la oposición y nunca se les tocó ni con el pétalo de una rosa. Y, además, para explicar su relación con la señora María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tanto como la relación de Abarca con Lázaro Mazón, secretario de salud de Aguirre, exalcalde, amigo cercanísimo del alcalde y precandidato de Morena para gobernador del estado.

Y falta también una figura clave, el principal operador deGuerreros Unidos en Iguala, este personaje llamado El Gil, que es quien comandó todo el operativo, incluyendo las policías de Iguala y Cocula. La noche del 26 de septiembre,El Gil le envió un mensaje a su jefe, Sidronio, que estaba en Valle de Bravo, donde le dice: “Nos atacaron Los Rojos, nos estamos defendiendo”. Y en el mensaje del día siguiente le escribe: “Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar”. Ambos mensajes son pruebas periciales incluidas en la investigación y sus órdenes confirmadas por muchos de los detenidos, incluyendo cuatro de los autores materiales de la muerte e incineración de los jóvenes. Cuatro de los que los hicieron polvo.

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