Artículos y columnas políticas (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero

Si la “búsqueda” de los normalistas de Ayotzinapa en instalaciones militares (hay más de 400) será en un solo establecimiento, a tiempo se está de evitar que un panchero arrebato de delirio se vuelva esquizofrenia.

El secretario de Gobernación reveló (Joaquín López-Dóriga, Radio Fórmula) que desde diciembre se abrió a la CNDH y a los familiares de los estudiantes la posibilidad de “visitar exclusivamente el cuartel militar de Iguala”, pero que no hubo respuesta por parte de los deudos.

Por eso ahora, “para quitar pretextos y polarizaciones”, se les volvió a invitar.

Sin embargo, la precisión sobre el alcance de la insensata “búsqueda” no garantiza que los interesados en implicar al Ejército en ese crimen masivo hallen a los desaparecidos, ya que una revisión seria y minuciosa no abarcaría únicamente cada edificación, cada vehículo, cada azotea, cada cisterna, sino… ¡la destrucción misma del cuartel!

Y es que el sospechosismo quedaría bajo los pisos y cimientos de los edificios, así como en suelo y subsuelo de todas las áreas verdes, calles y veredas…

Los hechos del lunes pasado son inadmisibles. En ningún lugar del mundo se puede atacar una base militar con tanta violencia y esperar que los atacantes queden impunes. El ataque de la CETEG y supuestos familiares de Iguala no fue ninguna acción espontánea: quienes atacaron con bombas molotov y arrojaron un camión de doble remolque (robado) contra las puertas del cuartel, no eran más de 200 personas, todas con el rostro cubierto y realizando una acción obviamente concertada. A eso iban. Algo similar ocurrió, al mismo tiempo, en otra instalación militar en Chilpancingo.

La respuesta institucional a ese ataque fue una nueva reunión con los familiares (y con quienes se presentan como tales aunque no lo sean) en la que, entre otras cosas, se acordó permitir la entrada a los cuarteles de la zona “en forma ordenada” y con autorización de las propias autoridades militares. Al mismo tiempo, se invitó a la CNDH a revisar las instalaciones militares. Todo para que se compruebe que no hay sentido alguno al decir que los jóvenes de Iguala están encerrados en algún cuartel.

Antes de llegar a ese punto habría que insistir en algunas particularidades. El primero, y principal, es saber en qué se sustenta la idea de que los jóvenes pudieran estar en algún cuartel o que alguna autoridad militar participara en los hechos de Iguala. No hay el más mínimo dato en este sentido. Es un invento que no tiene sustento, como ya no lo tienen ninguna de las últimas acciones de estos grupos en la supuesta búsqueda de los jóvenes. Segundo, que los encuentros con los familiares deberían ser sólo con ellos: con quienes sean realmente familiares, ni los voceros, ni quienes se ostentan como los representantes legales, lo son de víctima alguna. Una cosa es platicar y entender la desesperación de un familiar de un desaparecido y otra negociar con líderes de organizaciones radicales que tienen su propia agenda y se hacen pasar por familiares sin serlo. Tercero: esas visitas deben realizarse acompañados por funcionarios de la CNDH u otros testigos sociales, porque sabemos que se puede fabular y mentir demasiado en estos temas.

Y un cuarto punto es fundamental: se debe castigar a los violentos. Nadie puede negociar con unos señores que se sientan a la mesa luego de haber incendiado la casa. Quienes atacaron el cuartel de Iguala deben ser identificados y procesados. Ya existe una denuncia penal de la Sedena al respecto y debe iniciarse la averiguación previa.

Porque sin ello no hay límites. El inefable Felipe de la Cruz, vocero de los familiares que no es familiar, ahora dice que no sólo quieren visitar los cuarteles de Iguala y Guerrero, exige visitar todos los cuarteles militares del país. ¿Como para qué?, ¿por qué?, ¿a cambio de qué? ¿Qué tienen que buscar estos personajes en un cuartel militar en Sonora, en Veracruz o en Quintana Roo? ¿Qué tiene que ver esa demanda con el caso Iguala? En esa lógica, podrían pedir ingresar hasta en las instalaciones del comando sur de los Estados Unidos en Florida.

Escribía Pascal Beltrán del Río ayer que el gobierno no puede convertirse en un simple espectador (o árbitro) ante los enfrentamientos de los grupos de la Coordinadora y los habitantes de Huatulco. Mucho menos puede hacerlo ante una provocación de estos grupos a la institución militar, la que sigue siendo la más respetada por la sociedad; la que tiene mayor credibilidad y que es, vale la pena recordarlo, el principal respaldo que tiene el ejecutivo federal en el cumplimiento de sus distintas responsabilidades.

Justicia selectiva

Lo escribió ayer Francisco Garfias, cronista por excelencia del Congreso. “Tienes cinco segundos para irte a la chingada… Iba en serio. Pasado ese lapso, lanzaron cohetones en el parabrisas, el cofre y la manija del conductor de la Suburban en la que se transporta el legislador. Los atacantes, entre doce y trece, golpearon con machetes, palos y otros objetos contundentes a los demás vehículos de la comitiva. La agresión fue condenada enérgicamente por el Congreso. Los integrantes de la Comisión Permanente no sólo exigieron una investigación a fondo de los hechos, sino que solicitaron a la PGR que coadyuve en la investigación porque, dicen, el ataque fue contra un legislador federal y se utilizaron materiales explosivos”. Hasta ahí Garfias.

Usted dirá que está muy bien que este tipo de agresiones tiene que investigarse y castigarse. El único problema es que el agredido es un legislador perredista supuestamente atacado en Cuajimalpa por rivales priistas. Agresiones como éstas e infinitamente más graves son cosa de todos los días en Guerrero, en Oaxaca, incluso en el propio DF, y en otros lugares del país, y nunca han recibido una condena tan terminante (ni siquiera por los ataques a los cuarteles del lunes) por los mismos sujetos que ahora exigen una investigación a fondo de la PGR por una disputa partidista en una delegación capitalina.

Compartir