Artículos y columnas políticas (08:10 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo

Felipe de la Cruz dijo ayer que sus representados impedirán las elecciones en Guerrero.

Para intentarlo, piquetes magisteriales y estudiantiles afines irán “colonia por colonia y municipio por municipio” con el pretexto de que “ningún partido político es la solución al conflicto del país”.

No se refería a la reforma educativa, que tanto afecta los intereses y combate la corrosiva Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (de cuya facción guerrerense De la Cruz es uno de los líderes), sino el derivado del asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa.

La amenaza contra el ejercicio de un derecho ciudadano la hizo comovocero de los padres de las víctimas.

Y en efecto, “ningún partido” es “la solución” a un “conflicto”… ni en México ni en cualquier otro país.

Lo que estos antieleccionistas no aceptan es que del asesinato de los normalistas deben ocuparse las instituciones de procuración e impartición de justicia de regímenes electos de manera democrática y que, si las nacionales no sirvieran, se cuenta con instancias internacionales como la Interamericana, que ya está en México.

cmarin@milenio.com

Muchas de las campañas electorales para gobernador comenzarán este viernes y otras en los próximos días. En los hechos es el inicio de la campaña propiamente dicho de cara a los comicios del 7 de junio. Las listas de candidatos a diputados han decepcionado a muchos, ya que para disputar verdaderamente el voto popular, los partidos apostaron a las candidaturas de gobernadores; para el Congreso los partidos han preferido, todos, apostar por hombres y mujeres de sus respectivas estructuras, salvo, claro está, algunos de los más pequeños, como Movimiento Ciudadano, que apuesta a concentrar disconformes de ese proceso de selección entre sus adversarios.

La campaña comienza con un signo ominoso: las brutales presiones al Consejo General del INE a cargo de buena parte de los partidos. Es triste porque el INE no tiene ni un año en funciones es producto de una reforma electoral más que profunda que plantearon los mismos partidos que ahora la cuestionan; sus once consejeros fueron elegidos por los partidos después de una larguísima negociación y son los propios partidos los que han establecido reglas y normas que, ahora, no siempre cumplen o con las que se dicen disconformes. Es como si en un juego de futbol, cada vez que el árbitro toma una decisión que no les gusta, se retirara un equipo al vestuario esperando que la cambiara, en medio de acusaciones de que el árbitro está vendido.

No tiene nada que ver con la legalidad o la equidad electoral y sí mucho con los resultados de las primeras encuestas que se han dado a conocer. Más allá de la forma en que se presentan las encuestas, existe una amplísima coincidencia en sus números: la preferencia electoral por el PRI es hoy de cerca del 32%, pero a eso hay que sumarle el Partido Verde que, para sorpresa de muchos, se ubica por encima del 10%, un porcentaje muy cercano al del PRD y por encima de Morena, que de todas formas aparece con un 9 por ciento. El PAN está en sus niveles históricos de alrededor de 26% y con muy buenas perspectivas en varios comicios estatales y las federales. La única encuesta que difiere un poco de estos números es la de Mitofsky que le da unos puntos más al PRD (lo coloca hasta en 16) y un poco menos al Verde (lo deja en 9). El hecho es que el PRI y el Verde juntos (habrá que ver qué sucede con Nueva Alianza, que sumaría por lo menos otros tres puntos), estarían muy cerca de repetir la mayoría en la Cámara baja.

Lo que ha molestado a algunos y desconcertado a otros es el porcentaje del Partido Verde, el único partido que muestra un crecimiento constante elección tras elección. En la Ciudad de México, antipriista por naturaleza, y por ende también distanciada del Verde, ese partido ha sido objeto de todo tipo de críticas y no se lo termina de tomar en serio. Pero sus adversarios deberían hacerlo: el Verde está creciendo en casi todos los estados; gobierna varios municipios; tiene posiciones fuertes en el Senado y la Cámara de diputados; gobierna Chiapas y tiene la campaña publicitaria no sólo más eficiente (cerca del 80% recuerda el slogan de el Verde sí cumple, y lo identifica con ese partido), sino también la que ha sido más metódica y con mayor continuidad de todas. El Verde lleva por lo menos tres elecciones federales sin apartarse de una misma línea y está recogiendo los frutos de esa disciplina publicitaria.

No estoy hablando de posiciones políticas, ni tampoco de si se está o no de acuerdo con la línea que ha llevado ese partido, sino de su campaña, de cómo logra conectarse con una parte del electorado que no tiene problemas con los cineminutos, que le parece muy bien que haya circos sin animales o que se castigue con penas más duras a los secuestradores. Y nos guste o no, hay muchos electores que están de acuerdo con ello y lo ven como un logro de ese partido, entienden que sí cumple.

No entiendo por qué esa campaña quiere ser vetada por autoridades electorales y otros partidos. Todos los partidos presumen sus logros y denuncian las fallas de los otros o del gobierno. Pero los partidos que lo apoyan no pueden presumir lo que consideran sus logros. De eso se trata una elección.

Iría más lejos, el propio gobierno tendría que tener derecho a defender sus logros, como lo tienen sus adversarios de criticarlo. Pero los partidos se han quedado con el más completo, total y absoluto monopolio de las campañas. La sociedad, las personas, los grupos sociales no tienen derecho a participar, opinar, comprar espacios y generar opinión a favor o en contra de una política, un partido, un candidato. Ninguna democracia en el mundo funciona con tantas limitaciones para la sociedad y tantas prerrogativas para los partidos. Ninguna otra les entrega a éstos tanto dinero y tantos spots gratuitos (para esta elección suman ya más de 16 millones de anuncios). ¿No deberíamos pedirles a los partidos, a todos, que por lo menos respeten y acepten al árbitro que ellos mismos designaron?

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