Artículos y columnas políticas (08:05 h)

A los enojos de los poderosos ha correspondido la natural búsqueda de imponer límites y sanciones. Con diversas propuestas, pero con un mismo sentido censor, han saltado al escenario gobernadores de talante sabidamente antidemocrático y represivo, como Roberto Borge y Javier Duarte, en Quintana Roo y Veracruz, respectivamente. En junio del año en curso, una diputada local del Verde en Sonora, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, propuso una ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, que entre sus artículos pretendía castigar la emisión de memes (esas chispeantes elaboraciones de texto e imagen que han surcado Internet en una profusión de pitorreos; un texto de Reyes Martínez Torrijos en La Jornada ayuda a precisar ese fenómeno: http://goo.gl/JpuFV1). Obviamente, la insensata pretensión de la verde diputada terminó aplastada por memes implacables.

En 2011, un diputado del Panal, Crisóforo Rodríguez Villegas, presentó en el Congreso de Hidalgo una propuesta para castigar losexcesos por Internet, pues en muchas de las ocasiones Facebook y Twitter se prestan para denostar y agredir a los entes públicos, así que esa conducta debe ser un delito, tendría que adecuarse como se hizo en Veracruz, desde el momento que alguien juega con la tranquilidad ya está cometiendo un delito (recuérdese que el imprescindible Duarte de Ochoa había conseguido que se estableciera un delito a modo: perturbación del orden público). Un priísta, Carlos Alberto Anaya, dijo aquella misma ocasión en Pachuca: en las redes sociales te ofenden, te difaman, te acuchillan y no tienes manera de defenderte, porque no aparece en el Código Penal como delito.

A esos esfuerzos censores se ha sumado ahora el senador priísta Omar Fayad, aspirante a gobernar una entidad, Hidalgo, en la que no ha habido alternancia de siglas partidistas en el poder estatal y donde pelean de manera sórdida, por la postulación que creen supone un pase automático a la silla de mando, los grupos de Jesús Murillo Karam y de Miguel Ángel Osorio Chong, con el gobernador actual, José Francisco Olvera Ruiz, en segundo plano.

Fayad (hijo del libanés Manuel Fayad Ahmad, ya difunto) ha presentado una propuesta de ley federal para prevenir y sancionar delitos informáticos que, además de su peligrosa redacción confusa y por tanto manipulable, pretende establecer un cuadro de criminalización hacia las expresiones en Internet que desde los poderes (político, económico, policiaco o militar) consideren ofensivas o lesivas. #SonFayaderas, se respondió de inmediato desde las mismas redes sociales y enhttps://goo.gl/ReA7vs se suman firmas para exigir el retiro de esa iniciativa que fue elaborada por la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y senadores como el mencionado Fayad.

En cuanto alguno de los candidatos a la sucesión de José Narro sale de reunirse con los miembros de la Junta de Gobierno, una persona aparece para tomar datos (fotos, video y audio) de quienes les han acompañado y para anotar los nombres de los medios con los que esperan entrevistarse dichos aspirantes. Quien hace las más variadas preguntas es Arturo Villegas Rodríguez, cuya cuenta de Facebook reproduce información favorable a Sergio Alcocer Martínez de Castro, a quien se reputa como candidatooficial, no sólo del grupo que controla a la más relevante universidad pública del país sino, sobre todo, de Los Pinos, en especial de la vertiente Videgaray-Meade-Nuño.

El investigador informal asegura en su página de Facebook que trabaja en Alianza FiiDEM (Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, asociación civil sin fines de lucro ni preponderantemente económicos que busca fortalecer las capacidades de la ingeniería y la infraestructura mexicanas), con oficinas en la avenida Delfín Madrigal, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria (https://goo.gl/oe5jW2). La página de Facebook de esa A.C. tiene como distintivo una fotografía delpresidium de la 5ª Asamblea General de Asociados de la Alianza FiiDEM, que se realizó el 20 de agosto de 2015, en Rectoría de la UNAM, con el rector Narro al centro de la gráfica (https://goo.gl/uBKA16). ¿Para qué o para quién toma nota Villegas de los detalles de las entrevistas de los aspirantes con la Junta de Gobierno? ¿Estas prácticas son un adelanto de la vigilancia especial que se establecerá si triunfa la candidatura oficial?

Y, mientras la ciudad de México vuelve a su realidad cotidiana después del Gran Premio de Fórmula 1, ya hoy de nuevo con una vialidad monstruosamente entrampada sobre todo en horas pico, con sus sistemas de transporte público tan lentos y atiborrados y sin el glamur del servicio especial hacia el autódromo Hermanos Rodríguez, con los políticos y empresarios que ayer tuvieron día de fiesta entre autos de extrema velocidad, ya de regreso todos a la injusta y desigual normalidadchilanga, ¡hasta mañana, con la visita del papa Francisco en febrero de 2016!

Twitter: @julioastillero

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

A través de una nueva ley, el presidente Enrique Peña Nieto pretende controlar internet y darle a la Policía Federal la facultad de bajar contenidos de la web con diversos pretextos.

El instrumento de este nuevo intento de censura en internet –el cuarto en lo que va del sexenio–  es el senador del PRI,Omar Fayad, quien el pasado jueves presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.

El presidente Peña Nieto le tiene una especial aversión a la web y en especial a las redes sociales, caminos en los que ha resbalado dramáticamente desde que estaba en campaña.

Quizá esa sea la causa de esa gran compulsión que ha mostrado por censurar la información que circula a través de internet.

El primer intento tuvo lugar mediante una Iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, presentada el 3 de diciembre del 2013 por el entonces coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Esa llamada Ley Beltrones o Ley Sopita –en alusión a la fallida Ley SOPA de Estados Unidos, se fue a la congeladora debido a las protestas en redes sociales.

Luego vino la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, que otorgaba facultades a la autoridad para suspender transmisiones de internet en determinadas regiones en donde estuviera en riesgo la seguridad pública.

Todo la parte de esa iniciativa presidencial que tendía a la censura y al control de internet fue desechada gracias, también, a la presión de la sociedad a través de las redes.

El tercer intento llegó con la Iniciativa de Ley General para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes, presentada por Peña Nieto el 1 de septiembre del 2014.

La iniciativa facultaba a autoridades o particulares a solicitar ante un juez una medida cautelar consistente en “la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos, que puedan contravenir el interés superior de la niñez”.

Y el cuarto intento, quizá el más burdo de todos, es esta iniciativa presentada el pasado martes por el senador Omar Fayad, iniciativa a la que ya se le conoce como #LeyFayad.

Además de estar pésimamente redactada, la iniciativa constituye una gran Ley Mordaza para controlar todo lo que se difunde por internet y censurar, con cualquier pretexto, las voces críticas hacia los poderes que se expresen a través de las redes sociales.

Las cuatro iniciativas que citamos coinciden en dos puntos fundamentales: dar a las autoridades la facultad de bloquear páginas o contenidos críticos y crear un mecanismo para que el gobierno federal pueda recabar datos personales de los millones de usuarios de la web.

Seguramente la #LeyFayad será descartada antes de ser siquiera discutida.  Nació muerta, como sus otras tres hermanas.

Pero debemos estar pendientes, pues la extraña compulsión censora que sufre el presidente Peña Nieto, lo llevará a intentarlo de nuevo.

OFF THE RECORD

**ESE GRAN NIVEL

El flamante diputado federal del PAN, Gustavo Madero, mostró el gran nivel que tienen algunos integrantes de la clase política mexicana.

Le dijo públicamente “pendejo” al coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.

Más mesurado, el aludido respondió: “Que quede constancia”.

Y sí, quedó constancia.

**FALSA MATAPERROS

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hizo una de las suyas.

Filtró a algunos medios la supuesta ubicación de la responsable de la matanza de perros en la colonia Condesa.

Pero resulta que la señora de la tercera edad señalada como responsable no tenía nada que ver con el asunto.

Y sí tenía qué ver, la PGJDF no lo supo acreditar.

¿Y si el colgado que identificó la Procuraduría tampoco es el colgado?

expedientepolitico@yahoo.com.mx

www.puntoporpunto.com

twitter:@pepecontreras_m

EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Días atrás, en parte, sólo en parte, como respuesta a la difusión del filme La Noche de Iguala (donde se pone el acento en la relación de distintos grupos de poder de Guerrero, en particular del matrimonio Abarca, las policías de Iguala y Cocula, sectores de la Normal de Ayotzinapa, y del gobierno del estado, con cárteles del narcotráfico, en particular de Los Rojos y los Guerreros Unidos) se lanzaron varias campañas, por una parte contra ese documental (porque se contrapone a la estrategia de “fue el Estado”), pero sobre todo tratando de mostrar a los propiosAbarca como chivos expiatorios de una conjura que nadie sabe muy bien qué fin podría tener.

El problema es que ni una cosa ni la otra se sostienen: decir que los jóvenes de Ayotzinapa no murieron por la lucha entre fracciones del narcotráfico, del que participan como parte, como actores, diferentes sectores políticos, de uno y otro bando, es ignorar la evidencia. Lo hacen porque va en contra del sentido (“fue el Estado”) que quieren darle a una agenda política sesgada y cuyo objetivo se ubica precisamente en desmontar las instituciones del Estado mexicano (agenda enarbolada hasta por algún escritor bastante poco exitoso últimamente y que presume de su actitud de denuncia y su supuesta superioridad moral… lo que no le impide vivir alegremente y desde hace tres sexenios de los recursos del gobierno, en México y en el extranjero).

Lo de los Abarca se cayó por su propio peso: es insostenible, incluso los voceros de los padres de los familiares, tan inmersos en aquella agenda, tuvieron que dar marcha atrás con esa pretensión. Este fin de semana, María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, y cuyos padres y cuatro hermanos son o han sido parte de la dirigencia de los Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos, ha sido ya procesada por narcotráfico y lavado de dinero. Por más que en una poco comprensible decisión, la investigación del caso Iguala haya sido pasado de la SEIDO a la subprocuraduría de Derechos Humanos, lo cierto es que los temas torales de ese caso siguen vinculados siempre al crimen organizado y sus redes políticas.

La mejor demostración la tuvimos el viernes cuando se anunció la detención deAdán Casarrubias, sucesor de su hermano Sidronio (autor intelectual del asesinato e incineración de los jóvenes de Ayotzinapa) en compañía del nuevo alcalde perredista de Cocula, Eric Ramírez, y un presunto asesor del PRD en la Cámara de Diputados, Eloy Flores (la Cámara dice que no tiene a nadie registrado como asesor con ese nombre, pero no deja de ser significativo que al momento de ser detenida esta persona intentara usar esa supuesta actividad para no ser consignado), los tres en el mismo automóvil dirigiéndose de Cuernavaca hacia Guerrero.

La familia del alcalde dice ahora, sin prueba alguna, que fue presionado para ese encuentro, pero la versión es inverosímil. Nada hace presumir que estaba bajo coacción y cuando fue apresado ni siquiera se sabía que era el edil de Cocula, las autoridades iban por el nuevo jefe de Guerreros Unidos. El hecho vuelve a demostrar no sólo que los grupos criminales y políticos de la zona, más allá de partidos, siguen con su relación más de un año después de los hechos de Iguala (el nuevo edil de Iguala, priista, primero designó a un exjefe de policía de los Abarcacomo secretario de Seguridad, aunque lo tuvo que quitar por la reacción pública, y varios familiares de ese matrimonio continúan en funciones pública en el municipio), sino que la investigación sobre ese círculo de corrupción puede profundizarse aún mucho más. Es Iguala, es Cocula y son otros catorce municipios.

Por otra parte, otra mentira se comenzó a desdibujar esta semana. José Luis Hernández, director de la Normal de Ayotzinapa, que no dio la cara durante todo el año posterior a los hechos, pese a que prácticamente desde el inicio de las investigaciones los sicarios y autores intelectuales del crimen, pertenecientes aGuerreros Unidos, lo acusaron de utilizar a estudiantes de esa escuela en acciones en beneficio de Los Rojos (aquella movilización intempestiva a Iguala el 26 de septiembre del año pasado habría sido, dicen los detenidos, para enmascarar una incursión de Los Rojos en territorio rival), sí había sido citado por la PGR, sí había ignorado los citatorios y sí tendrá que ir esta semana a declarar sobre el tema. A ver si con eso comienza a develarse una pregunta que ni los voceros oficiales o extraoficiales, ni los expertos independientes, quieren hacer y mucho menos responder: ¿por qué fueron enviados al matadero esa noche a Iguala, a territorio enemigo, los jóvenes de primer ingreso de Ayotzinapa, a los que originalmente les habían dicho que irían a la políticamente amigable Chilpancingo?

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

La aprehensión del nuevo presidente municipal perredista de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, junto con Adán Casarrubias Salgado, hermano de quien liderara Guerreros Unidos, el grupo criminal señalado de haber detenido, junto con policías municipales de Iguala, a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Sidronio Casarrubias Salgado, preso en El Altiplano, volvió a ubicar al sol azteca en el blanco de críticas y acusaciones de seguir postulando a militantes vinculados con el crimen organizado.

Por más que Carlos Navarrete, aún presidente del PRD, y Jesús Zambrano, coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados y de la mesa directiva de la misma, exijan investigaciones exhaustivas e imparciales e intenten deslindarse de este nuevo caso, habría que recordar el de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, encarcelado también, y el del ex diputado federal Julio César Godoy, vinculado a Servando Gómez,La Tuta, éste igualmente preso, amén de otros exediles y exlegisladores perredistas involucrados con el narcotráfico en otras entidades, que confirman que el de Ramírez Crespo no es una excepción.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con un paso cada vez más firme, sólida información, veraz, documentada y, sobre todo, con la aceptación día a día de un mayor número de lectores, bajo la acertada dirección general de Rubén Cortés y su muy profesional y destacado equipo de trabajo, con el ejemplar 2001 de este día, La Razón inicia su tercer milenio como uno de los modernos diarios de circulación nacional, lo que nos congratula a quienes en él colaboramos.

Si el senador hidalguense Omar Fayad aspiraba a la candidatura del PRI a gobernador de su estado, ya puede ir despertando de ese sueño guajiro, después de presentar una iniciativa para, según él, tipificar presuntos “delitos por Internet” que originen “alarma, temor o terror” o “atenten contra la seguridad nacional” y que en ocasiones son rudas críticas al Presidente, gobernadores, legisladores y presidentes municipales en funciones.

La reacción que su propuesta ha provocado entre diversos organismos y en la legión de cibernautas que la descalificaron en automático por considerar que se trata de un disfrazado intento de coartar la libre expresión ciudadana a través de ese moderno medio, fue tan inmediata como obvia y de rotundo rechazo, lo que lo ubicará en el blanco de las redes sociales.

El próximo jueves la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside el hidalguense, se reunirá para escuchar las inconformidades de quienes advierten en su propuesta un disfrazado intento de coartar la libre expresión ciudadana a través de las redes sociales, que, hasta ahora, que se sepa, no han provocado “terrorismo informático” ni presionado de modo alguno a ninguna autoridad establecida al momento en que asume sus decisiones.

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