Oaxaca de Juárez, 23 de diciembre
EXCÉLSIOR
CARLOS ORNELAS
La autonomía de gestión de las escuelas fue una propuesta del Pacto por México que se reprodujo en la reforma a la Constitución: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (Transitorio V, III, a). Esta parece ser una importación de lo que recomienda la literatura internacional sobre la autonomía escolar y las reformas en educación. Pero con déficit.
En los análisis sobre reformas educativas exitosas en sociedades democráticas, dicen académicos de renombre como Val Rust, Jeremy Rappleye y Noel McGinn, que no importa si las reformas se iniciaron desde la cúspide del poder político, el crédito se debe a que los gobernantes depositaron la confianza en los maestros, sus saberes, vocación y modos de hacer tareas. Aunque esos autores no comparten enfoques teóricos, coinciden en señalar que buena parte del logro se debe a que los gobernantes y la burocracia entendieron que no hay que interferir con el trabajo de los maestros en el aula; por el contrario, otorgarles autonomía para realizar su obra. En contraste, las reformas fracasan, aunque partan de necesidades reales y premisas correctas, si los docentes desconfían de los dirigentes.
La versión progresista de ese concepto procura la autonomía de las escuelas con el fin lograr los objetivos de educación y hacer a los educadores responsables de los resultados. Ello permite a los dirigentes de los sistemas de educación impulsar una buena educación. Este tipo de autonomía fomenta comunidades de aprendizaje.
En cambio, el gobierno mexicano y los partidos que lo acompañaron en las enmiendas legales promueven un concepto de autonomía limitada. Al introducir la noción de gestión, la Reforma Educativa, en marcha en México, disminuye aquel propósito; se reduce a que los directores manejen con mayores grados de libertad los recursos de los planteles. Ya no es autonomía de los maestros para hacer su trabajo. Puede haber algo de ventaja en disminuir la regulación excesiva y la vigilancia que la Secretaría de Hacienda ejerce sobre las escuelas con una visión burocrática y de miras cortas. Pero eso no genera confianza en los maestros frente a grupo, sólo conduce a administrar mejor las cosas.
Entiendo que en las condiciones actuales no es fácil para los gobernantes confiar en los docentes que compraron o heredaron su plaza, aunque haya algunos que sean excelentes. Los maestros a su vez recelan de los cambios en las relaciones laborales y en el peso que la evaluación y la supervisión tienen para fiscalizar su tarea. Los gobernantes no se ganarán la buena voluntad de los maestros si aquéllos a su vez no creen en ellos.
En una perspectiva democrática, la autonomía escolar es un concepto de altas miras. Descansa en la confianza mutua entre autoridades, docentes y otros trabajadores de la educación. Asunto que no se alcanzará mientras subsistan relaciones patrimonialistas protegidas por un sindicalismo corrupto y una burocracia que no se atreve a romper con las ligas patrimonialistas del pasado.
Uno pudiera decir que en su salud lo hallarán, que la reforma fracasará por culpa de la burocracia y por tener gobernantes pusilánimes. Pero apostar al fracaso de la reforma es fortalecer lo existente, mantener el estado de cosas que nos condujeron a tener sistemas de educación básica y normal siempre a un paso del colapso.
Pienso que la reforma necesita mayores asideros de legitimidad, llegar a los maestros, impulsar una autonomía de las escuelas en los aspectos sustantivos, no nada más en los manejos de los recursos. Pero antes hay que limpiar de lastres a esos sistemas, desmantelar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —no nada más a la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación— y promover sindicatos libres y democráticos ¡Aunque la burocracia no quiera!
LA RAZÓN
CANELA FINA
RUBÉN CORTÉS
Para empezar, debemos saber que los términos cannabis y mariguana no son sinónimos. Cannabis es la planta, que tiene propiedades industriales y medicinales. Mariguana es el preparado a partir de las flores, hojas y tallos pequeños, casi siempre cigarros, que son drogas dañinas.
Así se entienden mejor las posiciones en medio del debate por la regulación. La Cámara de Diputados iniciará 2016 con siete iniciativas para legislar el uso de cannabis y de mariguana.
Medicinal:
—Las fracciones del PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.
—Una conjunta, del Jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera, y del ex Rector de la UNAM, el siquiatra Juan Ramón de la Fuente, a través de la bancada del PRD.
Droga:
—Morena, el partido de AMLO, propone el autocultivo de siete variedades de cannabis por parte de particulares, así como la existencia de clubes donde las personas puedan compartir el producto elaborado a partir de las flores, hojas y tallos pequeños de la cannabis.
Amnistía para los actuales condenados por posesión de mariguana:
—PRD y Movimiento Ciudadano plantean sean liberados quienes se encuentren encarcelados por posesión de mariguana, cuyas penas son de hasta 25 años.
Para continuar, tengamos muy en cuenta la conclusión de De la Fuente, uno de los principales defensores de la utilización medicinal de cannabis, junto con Miguel Mancera, sobre su uso terapéutico y que se pueda obtener en farmacias.
“Hay que separar el tema de cannabis medicinal y el uso de mariguana con fines lúdicos o recreativos. Porque la mariguana no es inocua, la mariguana es una droga y potencialmente tiene efectos adversos y pueden ser efectos muy adversos”, explica De la Fuente.
De ahí que, al calor del debate no se debe perder de vista que la mariguana es perjudicial para la salud, por lo cual la legalización tiene que contemplar mecanismos estrictos de vigilancia para que los medicamentos con cannabis sean accesibles al público, sólo si un médico los receta.
Aunque, vamos, tampoco es que las cápsulas y gotas con cannabis sean la octava maravilla. Sólo son efectivas en algunos pacientes que no responden a tratamientos convencionales, en casos de esclerosis múltiple, VIH o convulsiones de tipo epiléptico.
Y, para regular lo anterior, apenas es necesaria una pequeña modificación en la Ley General de Salud: así, los enfermos que lo requieran no serán obligados a solicitar un amparo para que las autoridades les permitan importar medicinas, por cierto, a precios casi prohibitivos.
Entonces, queda claro:
—Mancera, De la Fuente, PRD, PRI, MC quieren vigilancia de estos medicamentos, que sean accesibles y bajo receta y supervisión médica.
—Morena quiere autocultivo y clubes de fumadores de mariguana.
Sí, para no extraviarnos en el debate.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter: @ruben_cortes
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