Oaxaca de Juárez, 23 de junio
LA JORNADA
ASTILLERO
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Así lo plantean los propios denunciantes: nuestra intención específica es visibilizar lo que ocurre en Canal 22, pero no como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como parte de una atmósfera generalizada en México de limitación de derechos civiles, incluida la libertad de expresión. El asunto nos parece particularmente grave tratándose de un medio público, cuyo mandato, objetivos, visión y metas lo comprometen con el derecho a la información de la sociedad mexicana
.
Preocupa a los periodistas y trabajadores de Canal 22 la inminente salida del aire
de los programas semanales El observador y Global 22, en una decisión que a su entender no corresponde a una política de renovación programática o a la supuesta falta de recursos económicos, sino que es el corolario del sistemático acoso editorial y laboral contra la Dirección de Noticias (ejercida durante tres lustros por Juan Jacinto Silva Ibarra) y quienes la conformamos
(los firmantes del texto son Ariadna Ambriz, Ollín Buendía Salazar, Ilia Casarín, Alejandra Flores, María Idalia Gómez, Marco Lara Klahr, Alizbeth Mercado Becerril, Magaly Quintero, Yazmín Quiroz, Graciela Pérez Núñez, Fernando Troncoso y Perla E. Velázquez).
Dicho acoso se ha recrudecido en los tres meses recientes, detonado “específicamente después de que la Dirección de Noticias resolvió informar en Noticias 22, con veracidad y concisión, sobre la salida del aire de la Primera Emisión de Noticias MVS de Carmen Aristegui, el 15 de marzo de pasado –tema que por órdenes expresas de la Dirección General debía omitirse absolutamente. Esto, a la vez, provocó una práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas, enfáticamente referidos a violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación de derechos humanos. En particular, la Dirección General solicitó a la Dirección de Noticias un programa especial en vivo sobre la jornada electoral del 7 de junio de los corrientes”.
El botón de muestra de Canal 22 (cuyo director fundador fue José María Pérez Gay, a quien sucedieron, entre otros, Enrique Strauss y Jorge Volpi) confirma la tendencia de control informativo y análitico que desde las alturas del poder federal se ha marcado desde diciembre de 2012, con fórmulas diversas como el presuntoconflicto entre particulares
que dejó fuera del aire a Carmen Aristegui y su equipo, para beneplácito de la clase política más criticable, sobre todo en vísperas de nuevos episodios de corrupción y del accidentado proceso electoral que desembocó el pasado 7 en las urnas.
La supresión de la pluralidad informativa y analítica es un rasgo de autoritarismo que no solamente pretende ocultar o diluir hechos pasados, sino que busca escamotear a los ciudadanos la posibilidad de enterarse adecuadamente de lo mucho que viene en el segundo tramo del peñismo, que después de los comicios ha quedado sin verdaderos contrapesos partidistas, legislativos o políticos, porcentualmente dueño de una amplia mayoría en la cámara federal de diputados a través de los partidos que signaron el Pacto por México y ahora están dispuestos a emprender un segundo esfuerzo para apoyar la aplicación de las medidas reformistas e incluso emprender otras igualmente lesivas para la población.
Los medios, públicos y privados, con sede en el Distrito Federal o en otras ciudades del país, con circulación nacional o regional, enfrentan actualmente una política implacable que establece una autocensura a través de la asignación o retiro de contratos publicitarios y de la perversión de la función periodística mediante negocios
o abiertas retribuciones directas. En ese sentido es necesario seguir con atención lo que sucede en el canal público 22 y defender el derecho de los ciudadanos a estar bien informados.
En tanto, Emilio Chuayfett recibía ayer en Guadalajara un peculiar abucheo a la hora de pronunciar otro de sus discursos museísticos, esta vez en presencia de Peña Nieto y frente a una audiencia de proclividad oficialista que debería suponerse aliada del secretario de educación pública, en un recinto bajo control y con la asistencia de cuadros directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que a la caída de Elba Esther Gordillo fue concesionado al tapatío Juan Díaz. Es evidente que le llueve y le truena al mexiquense Chuayfett, aunque los discursos de éste, y de su jefe Peña Nieto, insisten en que todo el proceso reformista va viento en popa, con la oposición de alguna minoría
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Astillas:
En el PRI nadie se mueve, con la esperanza de salir en la foto. Mientras en otros partidos bulle la inquietud por la principal candidatura de 2018, en el Revolucionario Institucional se ha instalado la imagen de utilería de que el único político en acción abierta debe ser Enrique Peña Nieto, quien ha retomado con entusiasmo sus rutinas de teleprompter… Eugenio Hernández Flores dejó en 2010 el mando de Tamaulipas y parecía destinado a tareas políticas mayores, pues había sido uno de los gobernadores que casi como un sindicato habían apoyado al del estado de México, EPN, para que se encaminara a Los Pinos. Esperaba ser designado secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, como presunta antesala a alguna secretaría de Estado o dirección importante, cuando surgieron los señalamientos que ahora han llegado hasta la emisión de una orden de arresto de la corte federal de Estados Unidos por presuntos actos de lavado de dinero… ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
PUNTOPORPUNTO
EXPEDIENTE POLÍTICO
JOSÉ CONTRERAS
Apenas confirmó el primer gran triunfo electoral que obtuvo con su nueva franquicia política, Andrés Manuel López Obrador dejó salir al ultraderechista que lleva adentro.
En una entrevista realizada el pasado 15 de junio, López Obrador indicó que legislar a nivel federal para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo “no es importante” para Morena.
Esta engañosa postura de ni a favor ni en contra, en realidad esconde la intolerancia del caudillo tabasqueño hacia la diversidad sexual.
Esa misma postura y sus intereses políticos lo llevaron a mantener en la congeladora durante todo su gobierno en el DF, –del 2000 al 2006– las iniciativas que reconocían el derecho de las personas del mismo sexo a unirse por la vía civil.
Gracias al freno de mano que metió a estas iniciativas, López Obrador mantuvo excelentes relaciones con la jerarquía católica, que comparte su intolerancia y sus prejuicios.
Al decir, como lo hizo la semana pasada, que legislar a favor de los derechos de los homosexuales no es importante, López Obrador confirma que es el mismo de siempre.
Su postura ultraconservadora y mojigata contrasta con la postura aparentemente institucional de Morena, dada a conocer públicamente apenas tres semanas antes de las elecciones del pasado 7 de junio.
El 18 de mayo de este año, la coordinadora nacional de Mujeres de la Secretaría Nacional de la Diversidad de Morena,Verónica Maldonado Torija, se pronunció por el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel federal.
En el mismo sentido se pronunció el senador del PRD pero que ahora milita en Morena, Mario Delgado.
Ni una ni otro han dicho una sola palabra a raíz de las declaraciones de López Obrador, quizá para no molestar al caudillo, quien, por supuesto, no tiene la última, sino la única palabra en Morena.
La postura de López Obrador también contradice la posición asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de este mes, en el sentido de que todas las legislaciones que prohíban los matrimonios entre personas del mismo sexo son anticonstitucionales.
Si algo positivo dejaron las administraciones perredistas en el Distrito Federal, –con excepción de la de López Obrador— fue una legislación progresista que reconoce la diversidad sexual y los derechos reproductivos de las mujeres.
Esa legislación está en riesgo ante el crecimiento de Morena como fuerza política y ante las posturas mochilotas del dueño de la franquicia.
OFF THE RECORD
**CARTA FALSA
La falsa carta que supuestamente escribió antes de suicidarse el secretario de Finanzas del PRD-DF,Julio Manuel de Caso González, habla del nivel que ha alcanzado la guerra sucia entre lasizquierdas.
Seguramente el PRI está muy agradecido con este despedazamiento entre izquierdosos de la capital.
**¿SIN ABOGADO?
La “nota” de la comparecencia del titular de la SEP, Emilio Chuayffet, ante la Comisión Permanente será que alguien lo defienda.
Panistas y perredistas lo harán polvo.
Los priistas hacen chonguitos para no recibir la instrucción de defenderlo. Sería difícil obedecer.
expedientepolitico@yahoo.com.mx
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EXCÉLSIOR
RAZONES
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
No es verdad, como se ha publicado, que el exgobernador de Tamaulipas,Eugenio Hernández, esté siendo acusado en una corte de Texas de haber lavado dinero para el cártel de Los Zetas. En efecto, se ha presentado una acusación en un tribunal texano por lavado de dinero en contra deHernández, pero en ella en ninguna parte se habla de recursos provenientes de Los Zetas.
Según la acusación presentada en un juzgado de Corpus Christi, Hernández y su cuñado Óscar Gómez Guerra (está casado con una hermana deHernández), enfrentan cargos de asociación ilícita para lavar instrumentos monetarios y ser cómplices de la operación de una empresa no autorizada para envío de dinero. La misma estaba levantada desde el 27 de mayo pasado y apenas el viernes, el fiscal Kenneth Magidson, de Texas, reveló esa acusación con la que el gobierno de ese país busca condenar a ambos al pago de 30 millones de dólares.
El mismo viernes, Eugenio Hernández negó las acusaciones, sostuvo que su dinero y sus propiedades, dos en Texas, son producto de años de trabajo empresarial, desde mucho antes de que fuera gobernador en su entidad, labor empresarial que continuó desarrollando después de concluir su administración. Se dijo sorprendido por la acusación, ya que la misma parecía haber quedado esclarecida y cerrada varios meses atrás.
Las versiones sobre Hernández comenzaron a circular desde que se inició el proceso contra su antecesor Tomás Yarrington, cuando varios colaboradores cercanos a éste estuvieron relacionados con el narcotráfico. Existen versiones muy sustentadas que, incluso, hablan de la participación de alguno de esos personajes en la organización del asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, hermano de quien los reemplazó después de ese crimen Egidio Torre Cantú, el actual mandatario tamaulipeco.
En este espacio hemos insistido en la necesidad de investigar a Yarrington y a varios de sus colaboradores por esas acusaciones, aunque hasta ahora la justicia estadunidense no ha proporcionado pruebas en contra del exgobernador, salvo la condena de un colaborador muy cercano aYarrington, Antonio Peña Argüelles, que recibió apenas dos años y medio de prisión por haberse declarado culpable de lavado de dinero y colaboración con grupos del narcotráfico.
En su momento hemos investigado y platicado con los principales funcionarios en seguridad del sexenio pasado (cuando Hernández estuvo en funciones). Ninguno de ellos tenía señalamientos contra Hernández respecto a estar relacionado con el narcotráfico. Existían profundas diferencias políticas con el entonces gobernador de Tamaulipas, pero todos ellos coincidían que, aunque en áreas de inteligencia había sido investigado por el inusitado grado de violencia criminal que existía en su estado, no se encontraron pruebas de esa relación.
Uno de esos funcionarios, responsable, además, de coordinar los programas de seguridad en Nuevo León y Tamaulipas, me decía que, pese a que existía una relación personal muy difícil entre el presidente Calderón y el gobernador Hernández, las diferencias eran por la comprensión de la responsabilidad que ambos tenían en la coyuntura de seguridad: mientras el presidente Calderón quería que los gobernadores se involucraran directamente en esa lucha, metieran las manos en ella, muchosde ellos (en mi opinión en forma errada) pensaban que la persecución del narcotráfico era una responsabilidad federal y que la del gobierno local era coadyuvar en ella. En otras palabras, la máxima acusación que le podían hacer a Eugenio Hernández era que no “metía las manos” lo suficiente en esa lucha, pero reconocían que había colaborado en todo lo que se le había solicitado. Tampoco hay rastro alguno de relación de Hernández o algún cercano colaborador suyo en lo poco que se conoce sobre la investigación de Rodolfo Torre Cantú quien era, por cierto, un político muy cercano a Hernández.
Como gobernador Hernández tuvo aciertos y errores, le tocó el momento más brutal de la violencia del narco, en muy buena medida heredada. Por otra parte, su afirmación sobre su patrimonio personal, producto de labores empresariales privadas, es verídica. La acusación estadunidense, en realidad, tiene mucha mayor relación con los añejos conflictos políticos que se cocinan desde hace años en Tamaulipas y que buscan reflectores y cajas de resonancia en Texas que con la realidad.
Conflictos y reflectores en los cuales no está exenta la búsqueda de protagonismo, espacios de poder y también, lisa y llanamente, dinero. En este caso, el de Eugenio Hernández, las acusaciones son por infundadas y eso lo podrían atestiguar empresarios, políticos y funcionarios, cercanos y adversarios, con los que ha convivido y trabajado. Algún día tendremos que comprender, en los gobiernos, en la justicia y en la sociedad, que no porque provengan de una corte estadunidense, todas las denuncias son ciertas, ni siquiera verosímiles.
LA RAZÓN
PULSO POLÍTICO
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
Tras su fracaso de “boicotear en todo el país” la evaluación docente y lograrlo solamente en Oaxaca, su principal bastión, y en Michoacán, la CNTE recibió ayer otro doble revés: al tiempo que el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró que ese proceso es una obligación constitucional que deberá cumplir, el pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión de los amparos presentados por miles de profesores que la impugnan que seguramente serán rechazados porque, según se plantea en el proyecto, la reforma educativa no transgrede los derechos del magisterio.
En el acto inaugural del XVI Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, en Guadalajara, el Ejecutivo Federal sostuvo que la evaluación es un elemento distintivo de la reforma educativa que deberá cumplirse como se hizo el fin de semana en la casi totalidad de las entidades federativas.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Demostrada la debilidad de la CNTE para boicotear lo mismo las elecciones federales y estatales el primer domingo de este mes que la evaluación docente, los dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca se dedicaron ayer a irrumpir en estaciones de radio en ese estado para difundir mensajes y explicar los motivos de su oposición.
Como lo han hecho desde que la reforma educativa fue promulgada en febrero de 2013, insistieron en que con esa evaluación, la Secretaría de Educación Pública pretende despedirlos y después se dedicaron a demandar la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la liberación de los activistas que quemaron casillas en las elecciones del domingo 7 en Oaxaca.
Tal parece que en su obsesión por recuperar a toda costa la jefatura delegacional de Iztapalapa, que como perredista tuvo hace años Clara Brugada, vía Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, el dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador y el encargado de ese partido, Martí Batres, exigen la remoción del secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano.
Acusan al funcionario de lo mismo que el tabasqueño después de cada elección que pierde él o lo suyos: haber orquestado un “fraude electoral” a favor de Dione Anguiano, que contendió, y ganó, por el sol azteca, esa delegación.
En vez de insistir ante el Tribunal Electoral capitalino y aportarle pruebas de su denuncia, prefirieron convertir el Zócalo en centro de sus protestas, la semana pasada con una supuesta caminata de 24 horas alrededor de la plancha de concreto y, ayer, con un plantón frente a la sede del GDF para exigir que Serrano “sea destituido”.
En su intento de involucrar y responsabilizar al titular del gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, a través de su segundo de a bordo, AMLO y su grupo parecen decididos a anticipar la que podría ser la contienda presidencial de 2018.
fcardenas@pulsopolitico.com.mx
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