Artículos y columnas políticas (07:40 h)

La orquestación política fue rematada con sendas cartas de presuntas disculpas de Peña y Videgaray, que en lugar de sosegar los ánimos, como pretendían los estrategas de Los Pinos, reforzaron en muchos mexicanos la convicción de que la nación está en manos de una cleptocracia cínica y que la protección desvergonzada que el bufón del rey dio a conocer en tragicómica conferencia de prensa el pasado viernes es una garantía anunciada de impunidad en los casos que hoy lleva adelante la clase política mafiosa (en particular, los relacionados con la riqueza energética), sin castigo alguno la adquisición de ostentosos bienes inmuebles (enriquecimientos menores, en el contexto de los negocios multimillonarios en dólares que se están cerrando), suficiente la verborrea legaloide para exculpar, presta la maquinaria institucional para blandir títulos ilegítimos de inocencia, atenta la resonancia mediática para hacer eco de las disculpas de cocodrilo de Enrique y Luis y de las nuevas medidas a tomar para, ¡ahora sí!, combatir a fondo la corrupción.

La transa como doctrina suprema ni remotamente castigable fue proclamada por el heraldo arlequinesco Andrade (quien al inicio de su carrera política fue colaborador de Ana Paula Gerard, ahora esposa de Carlos Salinas de Gortari), cuyo padre y algunos de sus familiares también forman parte de la escuela política del sometimiento extremo a los deseos de los poderosos, especializados en retorcer las de por sí propicias letras jurídicas para justificar los intereses del cliente político en turno. Véase la nómina: el progenitor, Virgilio Andrade Palacios, es abogado de Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero, con especial protagonismo en el episodio del dinero público triangulado para la campaña presidencial priísta de Francisco Labastida; un hermano, Enrique, es consejero pro priísta del Instituto Nacional Electoral (el propio Virgilio fue consejero ciudadano del IFE, de 2003 a 2010, y convalidó el triunfocalderonista); otro hermano, Víctor, es el titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (la transparenciagubernamental, fraternalmente atendida), y la esposa tiene un cargo en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (bajo el cobijo del amigo Videgaray).

Nadie podría esperar nada justicieramente serio luego de haber observado el reverencial y embelesado lenguaje corporal de Andrade el día en que recibió el regalo de una secretaría del gabinete, el pasado 3 de febrero, y el irónico encargo de investigar afondo los eventuales conflictos de intereses de su jefe inmediato y promotor, Videgaray, y del jefe supremo, Peña, y su esposa, con laCasa Blanca como nota principal. Virgilio, sin embargo, convirtió su resolución final en una farsa sin atenuantes, en una burla con agravantes, dejando intocada la pista central del grupo Higa y el benevolente empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y reivindicando, con este expediente notable, el derechodel universo de contratistas y funcionarios públicos a continuar con la corrupción institucionalizada, controlada y dominada cualquier instancia de castigo a pillerías pasadas o por suceder.

Peña mantuvo durante una tercera parte de su periodo de mando a la Secretaría de la Función Pública en estado de abandono extremo, supuestamente como preámbulo del cumplimiento de la promesa de campaña electoral de establecer un ejemplar sistema nacional contra la corrupción. Había allí un funcionario sin fuerza, Julián Olivas Ugalde, como encargado del despacho, hasta que llegó Andrade Martínez para fabricar una exculpación por encargo. Al final, Angélica Rivera podrá presumir una inocencia formal e incluso eludir el cumplimiento de su promesa inicial de vender los derechos de la Casa Blanca (venta que le podría permitir el seguir en posesión del inmueble, cuyos derechos de propiedad podría recomprar más adelante a un simulador); Peña Nieto podrá argüir con entusiasmo que un empleado suyo lo exoneró de la acusación de traficante de influencias, al igual que al vicepresidente económico, Videgaray; Higa, Hinojosa y demás contratistas podrán continuar con la tradición de regalar casas, acciones o dinero a políticos que les dan contratos, y un puñado de periodistas profesionales y valientes, con Carmen Aristegui a la cabeza, seguirán sin micrófonos ni plataforma radiofónica de difusión por haber exhibido lo que más allá de los risibles alegatos legaloides de Virgilio (auténtico choro mareador) es, conforme a la tradición del sistema político mexicano, y a lo que se ha visto en especial en los años recientes, un clamoroso acto de corrupción jurídicamente no castigada por sus propios beneficiarios.

En San Lázaro todo quedaba listo también para continuar con la protección de los intereses cupulares. El Instituto Nacional Electoral, con otro Andrade Martínez como consejero, aprobó la distribución de diputaciones de representación proporcional y, como números finales, el PRI y su marioneta táctica, el partido de las cuatro mentiras (PVEM), han quedado exactamente con la mitad de los asientos de la Cámara de Diputados que está por comenzar sus labores. A esas 250 manos dispuestas a levantarse aprobatoriamente en apoyo de las propuestas de Peña Nieto sólo faltará un voto más para ser mayoría relativa y, obviamente, abundan los diputados de oposición deseosos de subastar su sufragio.

Y, mientras un juez le ha negado a Elba Esther Gordillo (por lo pronto) el beneficio de la prisión domiciliaria, temeroso el régimen de que haya una nueva fuga de escándalo, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

Es muy probable que el secretario de Finanzas y Administración del CEN del PRI, Luis Vega Aguilar, sea ratificado en el cargo dentro de la nueva dirigencia.

De ser así, Vega Aguilar sería una importante cuña, quizá más importante que la que representa la secretaria general,Carolina Monroy del Mazo, para apretar al presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones.

Luis Vega Aguilar nació en Mexicali, Baja California, pero se formó políticamente en el estado de México.

Goza de la absoluta confianza del presidente Enrique Peña Nieto, quien lo nombró en el cargo de secretario de Finanzas y Administración del CEN del PRI desde enero del 2012, cuando el dirigente nacional era Pedro Joaquín Coldwell.

De esta manera, desde que Peña Nieto era precandidato a la Presidencia de la República, uno de sus cercanos ha manejado los dineros del PRI.

Vega Aguilar se mantuvo en el puesto cuando llegó a la dirigencia nacional César Camacho y, de confirmarse lo que nos contaron nuestras fuentes, formará parte del CEN que encabeza ya Manlio Fabio Beltrones.

Durante el tiempo que ha ejercido su cargo, Luis Vega ha recibido instrucciones directamente de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República, quienes le han dado los lineamientos sobre el uso de los recursos económicos del PRI.

De ser ratificado en el cargo, Vega tendrá la encomienda de amarrarle las manos –financieramente– a Manlio Fabio, tal como lo hizo con sus dos inmediatos antecesores.

El año pasado, Luis Vega Aguilar adquirió la nacionalidad sinaloense; es decir, tramitó credencial de elector, licencia de conducir y otros documentos en Sinaloa, con la intención de competir por una diputación federal en las elecciones del pasado 7 de junio.

Sin embargo, su partido no lo hizo candidato, seguramente porque en el cargo estratégico que ocupa en el CEN del PRI es más útil para sus jefes políticos.

Otro que podría ser ratificado es el secretario de Organización, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, tamaulipeco que también goza de toda la confianza del presidente Peña Nieto.

Hinojosa fue nombrado en el cargo apenas en el pasado mes de abril, en sustitución de José Encarnación Alfaro, quien es diputado local electo a la Asamblea Legislativa del DF.

No pasará mucho tiempo antes de que empecemos a observar los primeros jaloneos en el partido en el poder.

OFF THE RECORD

**LOS GOBERS

Lo que aún no se sabe es cómo hizo el presidente Peña Nieto para sacudirse la presión de los gobernadores que se negaban a que Manlio Fabio llegara a la dirigencia nacional del PRI.

Este grupo tenía a su propio candidato, que era el gobernador de Chihuahua, –que el próximo año terminará su mandato–  César Duarte.

**ENCONTRONAZO

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, emitido por el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, se convirtió en la manzana de la discordia entre la administración capitalina y la del estado de México, que encabeza Eruviel Avila.

Tan bien que iban.

expedientepolitico@yahoo.com.mx

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twitter:@pepecontreras_m

EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

El sábado en El País, la filósofa española Adela Cortina advertía sobre “aquellos iluminados que no aceptan más juez que su propia conciencia”. Esto viene a cuento por las reacciones suscitadas luego de que el informe del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, declarara que tanto el presidente Peña como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no incurrieron en un conflicto de intereses por la adquisición de sus respectivas propiedades, incluyendo la llamada Casa Blanca, de la señora Angélica Rivera.

Nadie se debería sorprender por la decisión porque en términos legales era imposible que hubiera algún delito que perseguir. Primero, porque la figura de conflicto de interés como tal no existía legalmente cuando ocurrieron los hechos, apenas se incorporó a la legislación con el sistema nacional anticorrupción y éste ni siquiera tiene sus leyes reglamentarias aprobadas. Segundo, porque la Secretaría de la Función Pública sólo puede investigar (ahora también con la reforma sus atribuciones son mayores, pero las leyes no son retroactivas) a funcionarios federales. Y cuando se dio la compra de las casas ni Peña ni Videgaray ni la señora Angélica Rivera (ella ni antes ni ahora) eran funcionarios federales. Tercero, porque ninguno de los contratos de Grupo Higa han sido firmados o autorizados ni por el presidente Peña ni por su secretario de Hacienda. Y cuarto, porque de esos contratos fueron otorgados lícitamente y muchos vía licitación. La validez de esos contratos es lo que debía y podía investigar la SFP y es lo que hizo.

¿Podía hacer esa investigación otra instancia? No, la Auditoría Superior de la Federación puede hacer observaciones y canalizar denuncias ante el ministerio público, si es que encuentra irregularidades en cualquier contrato realizado con recursos públicos federales. No las encontró.

El 5 de febrero pasado decíamos en este espacio que no veíamos que existieran “elementos legales suficientes para procesar o castigar a Angélica Rivera, Luis Videgaray o al presidente Peña sobre estos temas. En todo caso habrá que revisar los contratos otorgados a las constructoras involucradas. Pero si no hay irregularidades en ellos no hay delito que perseguir. En el caso de la señora Rivera, por más desaseada que haya sido la compra de su propiedad, ella no era funcionaria pública, y tampoco esposa del Presidente cuando compró la casa. Se podrá argumentar que el manejo en todos los casos puede ser sospechoso, incluso, alguien argumentará que fue poco ético, pero de lo que estamos hablando es de decisiones legales y de aplicación de la justicia”. Y en términos legales, insistimos, no hay delito alguno que perseguir… aunque sea políticamente incorrecto decirlo.

También decíamos el 5 de febrero pasado que las comisiones legislativas como las que se propuso impulsar “son instrumentos de promoción y una vía para canalizar ataques, pero no para determinar la culpabilidad o no de un funcionario. El caso más notable fue la que se creó en el Congreso estadunidense para investigar al presidente Bill Clinton  y a su esposa Hillarypor el caso Whitewater. Seis años después de una investigación donde se cometieron los mayores excesos políticos y judiciales, el fiscal Robert Raycerró definitivamente el caso, aceptando que no tenía elementos como para probar que el presidente o su esposa habían cometido algún acto criminal. La investigación de Ray, que había reemplazado al impresentable fiscalKenneth Starr, costó 56 millones de dólares al erario y 100 millones a la pareja presidencial. La fiscalía llegó a contratar a más de 40 empleados independientes, incluyendo abogados y agentes del FBI”. El caso, se dijo después, nunca tendría que haber sido siquiera investigado porque no tenía base legal, sino política: sacar del cargo a Clinton.

Con todo esto se cierra un capítulo político (aunque en la opinión pública, por supuesto, el tema seguirá abierto) que ha tenido altos costos para la administración y para el país, incluyendo la cancelación de obras importantes como el tren México-Querétaro con todas sus repercusiones. Y se desvanecen, también, otros intentos que, esos sí, rayan en lo ridículo. Uno de ellos, el de la separación, divorcio o como se lo quiera llamar de la pareja presidencial. El viernes el presidente Peña fue lo suficientemente enfático sobre su relación personal como para desechar un tema que en todo caso sería del ámbito estrictamente privado.

Por cierto, la señora Rivera regresó, sin ejercer su opción de compra, la Casa Blanca a Grupo Higa, y pagó poco más de diez millones de pesos por el periodo de arrendamiento. Y todos los cheques fueron librados desde su cuenta personal.

Cuando el país y el mundo están amenazados por una crisis que puede ser económica, política, de seguridad y social, sería bueno pasar ya a otra cosa, olvidando debates tan trascendentes como esos o los de los calcetines del Presidente.

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

El sábado en El País, la filósofa española Adela Cortina advertía sobre “aquellos iluminados que no aceptan más juez que su propia conciencia”. Esto viene a cuento por las reacciones suscitadas luego de que el informe del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, declarara que tanto el presidente Peña como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no incurrieron en un conflicto de intereses por la adquisición de sus respectivas propiedades, incluyendo la llamada Casa Blanca, de la señora Angélica Rivera.

Nadie se debería sorprender por la decisión porque en términos legales era imposible que hubiera algún delito que perseguir. Primero, porque la figura de conflicto de interés como tal no existía legalmente cuando ocurrieron los hechos, apenas se incorporó a la legislación con el sistema nacional anticorrupción y éste ni siquiera tiene sus leyes reglamentarias aprobadas. Segundo, porque la Secretaría de la Función Pública sólo puede investigar (ahora también con la reforma sus atribuciones son mayores, pero las leyes no son retroactivas) a funcionarios federales. Y cuando se dio la compra de las casas ni Peña ni Videgaray ni la señora Angélica Rivera (ella ni antes ni ahora) eran funcionarios federales. Tercero, porque ninguno de los contratos de Grupo Higa han sido firmados o autorizados ni por el presidente Peña ni por su secretario de Hacienda. Y cuarto, porque de esos contratos fueron otorgados lícitamente y muchos vía licitación. La validez de esos contratos es lo que debía y podía investigar la SFP y es lo que hizo.

¿Podía hacer esa investigación otra instancia? No, la Auditoría Superior de la Federación puede hacer observaciones y canalizar denuncias ante el ministerio público, si es que encuentra irregularidades en cualquier contrato realizado con recursos públicos federales. No las encontró.

El 5 de febrero pasado decíamos en este espacio que no veíamos que existieran “elementos legales suficientes para procesar o castigar a Angélica Rivera, Luis Videgaray o al presidente Peña sobre estos temas. En todo caso habrá que revisar los contratos otorgados a las constructoras involucradas. Pero si no hay irregularidades en ellos no hay delito que perseguir. En el caso de la señora Rivera, por más desaseada que haya sido la compra de su propiedad, ella no era funcionaria pública, y tampoco esposa del Presidente cuando compró la casa. Se podrá argumentar que el manejo en todos los casos puede ser sospechoso, incluso, alguien argumentará que fue poco ético, pero de lo que estamos hablando es de decisiones legales y de aplicación de la justicia”. Y en términos legales, insistimos, no hay delito alguno que perseguir… aunque sea políticamente incorrecto decirlo.

También decíamos el 5 de febrero pasado que las comisiones legislativas como las que se propuso impulsar “son instrumentos de promoción y una vía para canalizar ataques, pero no para determinar la culpabilidad o no de un funcionario. El caso más notable fue la que se creó en el Congreso estadunidense para investigar al presidente Bill Clinton  y a su esposa Hillarypor el caso Whitewater. Seis años después de una investigación donde se cometieron los mayores excesos políticos y judiciales, el fiscal Robert Raycerró definitivamente el caso, aceptando que no tenía elementos como para probar que el presidente o su esposa habían cometido algún acto criminal. La investigación de Ray, que había reemplazado al impresentable fiscalKenneth Starr, costó 56 millones de dólares al erario y 100 millones a la pareja presidencial. La fiscalía llegó a contratar a más de 40 empleados independientes, incluyendo abogados y agentes del FBI”. El caso, se dijo después, nunca tendría que haber sido siquiera investigado porque no tenía base legal, sino política: sacar del cargo a Clinton.

Con todo esto se cierra un capítulo político (aunque en la opinión pública, por supuesto, el tema seguirá abierto) que ha tenido altos costos para la administración y para el país, incluyendo la cancelación de obras importantes como el tren México-Querétaro con todas sus repercusiones. Y se desvanecen, también, otros intentos que, esos sí, rayan en lo ridículo. Uno de ellos, el de la separación, divorcio o como se lo quiera llamar de la pareja presidencial. El viernes el presidente Peña fue lo suficientemente enfático sobre su relación personal como para desechar un tema que en todo caso sería del ámbito estrictamente privado.

Por cierto, la señora Rivera regresó, sin ejercer su opción de compra, la Casa Blanca a Grupo Higa, y pagó poco más de diez millones de pesos por el periodo de arrendamiento. Y todos los cheques fueron librados desde su cuenta personal.

Cuando el país y el mundo están amenazados por una crisis que puede ser económica, política, de seguridad y social, sería bueno pasar ya a otra cosa, olvidando debates tan trascendentes como esos o los de los calcetines del Presidente.