Artículos y columnas políticas (07:40 h)

Con la procuración de justicia como único campo de especialidad antes de llegar a la jefatura del Gobierno capitalino, Mancera no puede eludir la responsabilidad de la postura asumida formalmente por Rodolfo Fernando Ríos Garza, el actual titular de la PGJDF, quien fue su secretario particular años atrás y miembro del grupo de abogados del despacho León, Moreno, Mancera y asociados. Durante meses, esa procuraduría mantuvo una conducta procesal deficiente, dando pie a que un juez señalara omisiones y carencias acusatorias en favor del miembro de una familia dedicada al aprovechamiento económico de la basura, hasta desembocar en el reconocimiento abierto de que se determinó el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez.

Además de la provisional reivindicación jurídica y política en cuanto a las acusaciones de trata de personas y lenocinio (aún quedan por desahogar dos averiguaciones previas, por actos de corrupción y por trata de personas, según recordó ayer Teresa Ulloa, dirigente de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe), Gutiérrez de la Torre queda en condiciones adecuadas para reforzar su pretensión de que sean castigados penalmente el medio (MVS) y el equipo periodístico (encabezado por Carmen Aristegui) que dieron a conocer grabaciones de relatos sobre la presunta contratación de mujeres en el PRI capitalino que además de fungir como edecanes debían satisfacer exigencias sexuales del entonces líder partidista.

A pesar de la contundencia de las acusaciones, su partido lo removió del cargo directivo, pero mantuvo abierta la expectativa de precisar más adelante su inocencia. Esa salida permitió reacomodos de grupos priístas en la capital del país y, en los pasados comicios, el grupo de Gutiérrez de la Torre recibió candidaturas y cargos menores. En el contexto de la división de votos y curules entre PRD y Morena en la capital del país, PRI y PAN quedan como bisagras negociables para dar mayoría en la asamblea legislativa a cualquiera de los partidos de izquierda escindidos.

La nueva manifestación de los profesores contra la evaluacióneducativa, que se estará realizando hoy en la capital del país, vendrá recargada. Contra lo que podría suponerse, dado que a fin de cuentas la administración peñista ha hecho avanzar los términos de esa reforma, el movimiento magisterial no ha entrado en una fase de marginalidad, sino al contrario: nunca como ahora esa vertiente de disidencia en el sindicalismo de los trabajadores de la educación había tenido tal penetración y amplitud entre segmentos tradicionalmente ajenos a las formas duras de lucha de la CNTE.

El dato no es menor, pues las evidencias de los riesgos laborales tramposos que implican las evaluaciones manejadas por autoridades usualmente predispuestas a favorecer a camarillas ha hecho que profesores pertenecientes al área sindical oficialista, el SNTE, hayan participado en diferentes ciudades en manifestaciones de protesta y estén decididos a unir fuerzas en esta etapa definitoria. La estructura representativa pro gubernamental, disminuida desde que Elba Esther Gordillo fue encarcelada, y ahora pálidamente conducida por el sustituto, Juan Díaz, apenas esboza algunas líneas declarativas en defensa de sus agremiados, lo que, desde luego, poco alienta a esos sectores magisteriales empujados por las circunstancias a la lucha callejera.

En ese contexto, la Secretaría de Educación Pública está retrasando la entrega de boletas de calificaciones y certificados finales a alumnos de prescolar a secundaria. A la hora de cerrar esta columna no había una explicación oficial respecto a la falla que impide capturar los datos desde cada escuela y obviamente provoca especulaciones, molestias y tardanzas varias (por ejemplo, para cambios de planteles o para inscripción en bachillerato). A un día del cierre del calendario escolar, sólo se había hecho saber extraoficialmente a directivos de escuelas públicas y privadas de todo el país que el sistema computacional de trabajo no está funcionando adecuadamente y que una posterior llamada telefónica habrá de ofrecer las nuevas indicaciones.

A un año de distancia la impunidad campea en Puebla respecto al asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, quien fue alcanzado por un proyectil de disuasión disparado por policías estatales en cumplimiento de la llamada ley bala, que impulsó el gobernador Rafael Moreno Valle. Además de la muerte de Tehuatlie, hubo una decena de heridos durante una manifestación de protesta de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que, como otros en la entidad, fueron afectados por reformas a la ley orgánica municipal que les cercenó a las comunidades la participación y supervisión de la policía, las agencias del Ministerio Público en el fuero local y el Registro Civil. Como es de suponerse, no hay castigo real para nadie. Dos agentes acusados de haber hecho el disparo que terminó con la vida del niño fueron liberados bajo fianza y reclasificado el delito del que se les acusaba. Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto, ha mantenido una denuncia permanente de los hechos ante instancias nacionales e internacionales, y ayer encabezó una caminata más de protesta.

Y, mientras un político caído en desgracia partidista (ninguna organización lo defiende), Luis Armando Reynoso Femat (fue gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010, como militante del PAN, de donde luego lo expulsaron), es aprehendido bajo acusaciones de defraudación fiscal correspondiente a 2009 que le permitirán salir pronto en libertad bajo caución, ¡hasta el próximo lunes, con el experto en la materia, Vicente Fox, acusando a Donald Trump de tonto por haberse equivocado mil veces!

Twitter: @julioastillero

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

Las reformas legales que prohíben la utilización de animales silvestres en los circos a nivel nacional ya habían generado mucha confusión.

No era necesario incrementar esa confusión, como hicieron las autoridades con su muy sui géneris interpretación de las reformas que entraron en vigor el pasado miércoles.

Ese día, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Harro Bélchez,  anunció que los cirqueros podrán quedarse con sus animales y “presentarlos en exhibición”.

Los empresarios circenses celebran esa inesperada concesión del gobierno federal, ya que podrán exhibir a sus animales y, al conservarlos, aumentarán sus expectativas respecto a que se dé marcha atrás a la prohibición.

El problema es que esta concesión viola las reformas a la Ley General de Vida Silvestre.

El artículo 78 de este ordenamiento señala: “Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos”.

¿Presentarlos en exhibición como lo plantea el titular de la Profepa, no es usar animales en circos?

La concesión también viola el artículo segundo transitorio del decreto de reformas, que obliga a los dueños de los circos a entregar a la Semarnat una base de datos con el número y características de los ejemplares que posean.

La Semarnat, dice dicho artículo, pondrá las bases de datos a disposición de “los zoológicos del país” para que éstos seleccionen a los animales que puedan incorporar a sus colecciones.

Los ejemplares que no sean seleccionados por los zoológicos, agrega, podrán ser entregados por sus poseedores a los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la Semarnat.

El anuncio del titular de la Profepa contradice el espíritu de las reformas, que era quitar a los empresarios circenses el manejo de especies, debido al maltrato que sufren los animales.

El espacio no alcanza para hablar de las inconsistencias de las  reformas que, como dijimos desde el primer párrafo, generan una gran confusión por su ambigüedad. El tema será tratado con amplitud en otra entrega.

Sacar a los animales de los circos es una muy buena idea. Pero las cosas se están haciendo tan mal, que pareciera que la verdadera intención es dar a la ciudadanía atole con el dedo y crear las condiciones para que el Poder Judicial ampare a los cirqueros e invalide las reformas.

OFF THE RECORD

**AL DIABLO LAS…

Claudia Sheinbaum piensa gobernar Tlalpan con un pie en las instituciones y con el otro en la calle.

Sheinbaum ya empieza a hablar de que acudirá “con los ciudadanos de Tlalpan” a la Cámara de Diputados a exigir más recursos para su demarcación.

No le serán suficientes los mil 900 millones de pesos anuales que corresponden al presupuesto de la delegación.

**CARTELERA POLÍTICA

La película de la semana es: El Aviador (2004) del director Martin Scorsese.

Sinopsis: “Biografía de un polifacético personaje que, de no tener nada, logró amasar en poco tiempo una gran fortuna”.

El protagonista es el dirigente de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez, quien recibe un sueldazo sin trabajar.

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EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Hay que reconocer que el líder de la Sección 22 de la Coordinadora, Rubén Núñez, por lo menos en una cosa ha dado una respuesta sincera. Interrogado sobre el salario de poco más de 100 mil pesos mensuales que recibe ocupando dos plazas de maestro y sin haber dado clases desde hace muchos años, respondió que él no cobra por dar clases, sino por hacer política. Y eso es lo que hace: política, no sindicalismo; su agenda no es magisterial, es política; no defiende a los maestros ni mucho menos la educación, defiende su agenda.

Tan ocupado está en sus objetivos políticos el señor Núñez, y es tan desprendido de las cosas materiales, que reconoce que tampoco sabe cuánto gana, porque no trae consigo “los talones de depósito”, aunque cree que son cerca de 13 mil pesos quincenales. En realidad gana poco más de 100 mil, según la nómina que la propia CNTE, vía el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, envía a la SEP. Dice que él está comisionado por su sindicato, pero no explica por qué, si está comisionado, ocupa dos plazas simultáneas.

Núñez miente al decir que los ataques que sufrieron los maestros el fin de semana pasado, cuando los que se presentaron a la evaluación fueron vejados, agredidos y rapados, fue producto de infiltrados. Esos ataques están plenamente documentados y la simple comparación con las prácticas nazis, de los guardias rojos, del Estado Islámico, pone en su justa dimensión la “política” que realiza el señor Núñez, pagada generosamente por nuestros impuestos.

La Coordinadora está llegando, si no es que ha llegado ya, al límite de la paciencia social. Según una encuesta de Parametría de Francisco Abundis, de junio pasado, existe un consenso inédito (casi imposible de encontrar en cualquier otro tema):  90% opina que los maestros sí deben ser evaluados. El 61% de los encuestados piensa que este grupo de maestros se opone a la evaluación por falta de conocimiento, de capacitación, de actualización. Y un 23% cree que, simplemente, lo hacen para no perder privilegios. O sea, 84% considera que se oponen a la evaluación, simplemente, por defender sus intereses personales o por incapacidad. Un porcentaje muy similar, nada menos que el 85%, opina que se debe sancionar a los maestros que no quieren ser evaluados. Cuando se pregunta de qué forma deben ser sancionados, un 32% señala que deben tener una “suspensión definitiva”, un 25% dicen que una sanción económica, el 18% que debe haber una suspensión temporal y el 10% dice que se debe publicar los nombres de los maestros que no quieren ser evaluados.

La gente está harta de los líderes de la Coordinadora, incluyendo muchos de sus afiliados que están allí por presiones económicas (salarios, prestaciones, apoyos que son manejados por la propia CNTE). Pero incluso esos instrumentos los están perdiendo: hasta ahora muchas familias, unas 490 mil, dependen indirectamente de la Coordinadora porque en los programas de Prospera, para cobrar los apoyos, se requiere la firma de los maestros que certifiquen que los niños asisten a la escuela. Si esas familias no apoyan a la Coordinadora allí donde ella tiene la hegemonía, estos “maestros” no firman los certificados y la familia se queda sin el apoyo de Prospera, un apoyo que en muchas ocasiones es, simplemente, la diferencia entre comer o no ese mes. Ese chantaje, si no se ha acabado ya, está a punto de ser erradicado. Los apoyos ya no pasarán por la firma de los maestros en los lugares donde no se pueda hablar de una normalidad educativa.

El tiempo del señor Núñez y sus cómplices se está agotando porque, más allá de gobiernos, federales o locales, las que están hartas de estos grupos son las familias. Nadie puede imponer su agenda política (y cobrar muy bien por ello con base a recursos públicos) con el rechazo del 90% de la población.

Enrique Peña Nieto en París

Hoy iniciará el presidente Peña una visita de Estado a Francia, donde será, además, el invitado de honor del gobierno de François Hollande a las celebraciones del 14 de julio, un evento en el cual, junto con los elementos de las Fuerzas Armadas francesas, en el tradicional desfile de los Campos Elíseos, participará un destacamento de las Fuerzas Armadas mexicanas. Es la primera vez que un Presidente de México es el invitado de honor a las celebraciones del 14 de julio. Y es la primera vez que un presidente latinoamericano tiene esa distinción. Nunca antes un mandatario latinoamericano había sido el invitado de honor. Y nunca antes tampoco había coincidido esa celebración con una visita de Estado, como la que iniciará Peña. Es una deferencia notable del gobierno francés, luego de varios años, en el pasado, de relaciones tensas como consecuencia del caso Cassez. Hoy el panorama es otro, y ello se refleja en gestos tan importantes como éstos, pero también en una relación económica y comercial inédita.

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Bien dicen que París es París y, para muchos, la ciudad más bella del mundo, en la que todo, todo es posible, y que a partir del domingo será destino y breve estancia del Presidente Enrique Peña Nieto, que va a Francia invitado por su homólogo François Hollande, para asistir a los festejos por el aniversario de la independencia de ese país.

Coincidentemente, la capital francesa es desde hace dos meses, refugio de Marcelo Ebrard, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal, desde que abandonó México tras no lograr la candidatura a diputado federal plurinominal y el correspondiente fuero constitucional, por lo que muchos se preguntan si en esa visita llegaría a darse un encuentro entre ambos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tan irresponsablemente gastalones que son, que no parece factible que los gobernadores de las entidades vayan a recibir más recursos federales de los que les asignen en el Presupuesto Cero para el año próximo, por más que insistan en demandarlo, ya que es sabido que entre la docena de ellos que concluirá su gestión, algunos sueñan con hacer válido el “año de Hidalgo”.

Incremento presupuestal en 2016 es lo que subyace en el fondo de los planteamientos que varios mandatarios estatales hicieron en la reunión de la Conago en Tlaxcala, a la que el Presidente de la República fue invitado.

El comal le dijo a la olla: el expresidente Vicente Fox declaró en Los Ángeles que el magnate estadounidense Donald Trump “ha actuado como un tonto” y que “no se explica cómo ha hecho tanto dinero”, y que lo que debería hacer es donarlo para resolver el problema migratorio.

En Guerrero siguen mal y de malas, porque cuando a quienes fueron candidatos del PRD o del PRI a cargos de elección no los emboscaron o ejecutaron, murieron por problemas de salud, como el priista Javier Morales Prieto, presidente municipal electo de Tlapa, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Militantes del movimiento Popular Guerrerense le hicieron la vida imposible durante el tiempo de campaña al no permitirle que realizara actos públicos, hostilizándolo todo el tiempo con la pretensión de que no ganara.

Habrá que ver cuántos días permanecerá encarcelado el exgobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que por segunda ocasión fue detenido en León, ahora por el delito de defraudación fiscal por casi 30 millones de pesos, que parece ser su cifra favorita, ya que esa suma fue la que pagó el año pasado por recobrar su libertad.

Esa vez estuvo preso solamente unos días, acusado entonces de peculado y ejercicio indebido del servicio público durante su gestión por la compra o donación de terrenos y simular la adquisición de un tomógrafo.

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