Oaxaca de Juárez, 11 de mayo
EXCÉLSIOR
RAZONES
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, ya ratificado hasta octubre próximo, decidió realizar un pacto con el sector más radical del estado, el Movimiento Popular Guerrerense, que conglomera a varias agrupaciones, incluyendo un sector de la CETEG, y que en realidad es el movimiento de base de organizaciones como el ERPI y otros grupos armados que están profundamente insertados en el movimiento social guerrerense, controlan a los grupos de autodefensa que operan en distintas regiones de la entidad y son los que más firmemente impulsan la propuesta de evitar que haya elecciones en el estado. Es comprensible, la vía electoral no está en su agenda. Lo incomprensible es que un gobernador se haya doblado con tanta facilidad ante las presiones de este grupo.
Aunque quizás no se ha doblado, simplemente ha seguido la ruta que la trayectoria de Ortega, no hace mucho uno de los principales contactos y operadores a favor de las FARC en México, indica. Si los acuerdos firmados ayer son desconcertantes, mucho más lo es la declaración del propio gobernador: a los del MPG, que han protagonizado los actos más violentos de los últimos meses en el estado, incluyendo toma e incendio de oficinas públicas y privadas, secuestro de camiones de pasajeros y de carga, que han saqueado plazas comerciales y robado mercancías de todo tipo, les dijo el gobernador que al funcionario que no les quiera dar un “trato amable” le deben “tumbar la puerta y sáquenlo de la oficina, quédense ustedes a gobernar en la oficina, porque cuando se tiene la oportunidad de llegar aquí es para servirle al pueblo, no para servirse del poder, enriquecerse y llenarse los bolsillos”. En otras palabras el gobernador públicamente convoca a sus amigos a hacer justicia por propia mano, violar la ley e impulsar los actos de vandalismo que se cometen cotidianamente, incluso, contra su propio gobierno en el estado. Les está diciendo que no crean en la fuerza electoral, ni en la fuerza de las leyes, sino en la fuerza a secas. Eso se llamaba vía insurreccional, no es nuevo, pero se debe reconocer que nunca había escuchado a un gobernante pedir a sus supuestos opositores que se insurreccionen contra su propio gobierno. Al mismo tiempo que se firmaba el pacto, un grupo de 300 hombres armados tomaba Chilapa, desarmaban a la policía local y anunciaban que impondrían un gobierno popular. No hubo reacción alguna del gobierno estatal.
El Pacto firmado es imposible de cumplir. Tiene nada menos que 41 capítulos, con poco más de 110 acciones. El punto más importante es la amnistía a los presos políticos, en especial a Nestora Salgado. Estaría muy bien, pero da la casualidad de que en Guerrero no hay presos políticos. El caso de Nestora es ejemplificador en ese sentido: Nestora está detenida acusada de 50 secuestros, es en realidad la dirigente de un grupo armado, organizó varios grupos de autodefensa en Olinalá y se hizo con el control de su municipio, detuvo y secuestró personas a las que hacía trabajar en sus propiedades, mientras cobraba rescate por ellas. Hace unos meses, cuando pidió, por primera vez, el gobernador Ortega la liberación de Salgado, distintas organizaciones de derechos humanos presentaron a algunas de sus víctimas, que habían estado secuestradas en una cárcel que ella denominabaEl Paraíso. “Nos tenían con una tortilla y frijoles, éramos como 70 personas en un cuartito (contó Eugenio Sánchez González, quien permaneció dos meses secuestrado y al que le pedían 50 mil pesos como rescate), no teníamos para ir al baño y tomábamos agua de la que llovía, hasta que nos rescató la Policía Federal y el Ejército”. Esos son los presos políticos que Ortega se comprometió a liberar.
Se comprometió el gobernador también a presentar con vida a los jóvenes secuestrados, asesinados e incinerados en Iguala en septiembre. Es triste, pero los jóvenes están muertos. Hay más de 100 detenidos, unos pocos restos de ADN que lo confirman y numerosos testimonios de los propios involucrados. Esta misma semana fue detenido el subjefe de la policía de Iguala, un personaje clave en toda esta trama. Ortega puede llegar a muchos pactos, lo que no puede es resucitar a los muertos. Es una irresponsabilidad brutal comprometerse a presentarlos con vida.
Como siempre en estos acuerdos, en medio de la verborragia hay dinero de por medio. El gobernador se comprometió a “legalizar” las plazas magisteriales, que no son más que las plazas automáticas para militantes de esos grupos y regalar 200 concesiones de transporte público al propio MPG.
Hay muchos más compromisos del gobernador, más de 100, pero, se preguntará usted ¿a que se comprometieron los del MPG, su contraparte, en este pacto? Pues a nada, para ellos no hay condiciones, seguirán con sus movilizaciones (que el gobernador se comprometió a no reprimir) y recordaron que el MPG “no perdona, no olvida, no claudica”. El que claudica es el gobierno.
LA JORNADA
ASTILLERO
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
medio de transporte, según la versión dada a conocer por Fidel Sánchez Gabriel, uno de los cinco voceros del movimiento de trabajadores en lucha.
En lugar de Miranda Nava arribaron la provocación y la represión a ese valle norteño de extremos contrastes económicos (puede leerse el reportaje de este tecleador, titulado El dinero y la política, detrás de la explotación laboral en San Quintín
, del pasado 25 de abril ). Al atardecer del viernes, luego del enojo masivo que causó el incumplimiento del funcionario peñista, aparecieron personas no reconocidas por la comunidad y comenzaron a causar destrozos a comercios, casas y vehículos. El sábado, temprano, la mezcla (en proporciones difíciles de precisar) de irritación social y provocación preparada produjo incidentes que motivaron el ingreso a rajatabla de la policía estatal. Allanamiento de casas, cuartos y sitios de descanso colectivo de esos trabajadores y sus familias. Golpes, persecuciones, detenciones y más de 70 heridos, en una operación al estilo de los rurales porfiristas contra campesinos en protesta.
La detonación de la violencia ayuda programadamente a los gobiernos estatal y federal, que no tienen respuestas satisfactorias para tratar de apaciguar los ánimos combativos de decenas de miles de jornaleros instalados en las plantaciones de primer mundo y grandes ganancias en mercados extranjeros que están a los lados de decenas de kilómetros de la carretera transpeninsular, al sur de Ensenada. Incumplir una cita consideradahistórica
por los trabajadores, pues en ella esperaban el anuncio de acciones gubernamentales en su favor, y hacerlo de manera impositiva, con argumentos desdeñosos y ofensivos, incluso amenazantes hacia los dirigentes del movimiento, fue una forma de descarrilar las negociaciones para que el estrépito causado disimule las venideras respuestas insustanciales y para que los jornaleros y sus líderes queden entrampados entre la amenaza del inicio de acción penal selectiva y represión masiva, y estigmatizados como violentos
desde antes de tratar de darles nuevamente atole con el dedo.
Es inevitable recordar que Enrique Peña Nieto viaja por el mundo en un palacio flotante acompañado de familias ampliadas e invitados a contentillo, el ex director de Conagua usaba un helicóptero oficial para necesidades personales y familiares, y en el país entero hay un derroche de dinero público para viajes injustificados de gobernadores y funcionarios federales, pero elmodesto
subsecretario Miranda Nava no tuvo forma de llegar a San Quintín, desprovisto de vehículo adecuado. También es inevitable contrastar la situación de esos miles de jornaleros, hacinados en barracones, almacenados en cuartos mínimos, desprovistos de seguridad social, semiesclavos laborales en condiciones paupérrimas, con la bonanza del subsecretario famoso por su prosperidad inmobiliaria, al grado de que su esposa, Alma Laura Saldaña Farach, está por construirse una mansión en un terreno de mil 693 metros cuadrados en la calle Sierra Gorda 300, fraccionamiento Lomas de Chapultepec, en la capital del país, cuyo costo estimado (sólo del terreno) es de unos 55 millones de pesos, según la investigación dada a conocer un mes atrás por Proceso (investigación también descarrilada y desatendida desde el poder, en el rubro del subsecretario Miranda y en lo relativo a las andanzas caseras del propio secretario Osorio Chong).
Los propietarios de los exitosos predios agrícolas del valle de San Quintín pueden darse por bien servidos. El gobernador de Baja California, Federico Vega, llamadoKiko (quien llegó al poder apoyado por el PRD entonces presidido por Jesús Zambrano, aunque a la hora del reparto de cargos gubernamentales el panista decidió incumplir los acuerdos y dejar sin ganancia al sol azteca), tiene en su gabinete a uno de esos dueños como secretario de fomento agropecuario, y con la rapidez y fuerza mostrada por su policía este sábado confirmó que la fuerza pública está del lado de los neohacendados.
Miranda Nava estará en San Quintín este miércoles (a menos que a última hora vuelva a carecer de medio de transporte), frente a representantes de una comunidad golpeada y amenazada pero en pie de lucha. Ya se verá si sus respuestas (al ser favorables a los jornaleros) merecieron el posponer unilateralmente una reunión clave y desencadenar violencia y tensión, o todo ha sido un montaje que a fin de cuentas servirá a los intereses de los empresarios dominantes y de los gobiernos estatal (PAN) y federal (PRI), cómplices y aliados.
Astillas:
Felipe Calderón anda en campaña, aprovechando los actos de proselitismo de candidatos a puestos estatales y federales. En realidad está en campaña contra Gustavo Madero y en favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, a quien el calderonismo trata de empujar para que sea presidenta nacional del PAN y, en 2018, aspirante a la Presidencia de la República El partido de las cuatro mentiras (PVEM) acumula multas, amonestaciones y críticas pero sigue adelante, como si nada, ensuciando un proceso electoral cantadamente fraudulento. El ejército ha intervenido en Chilapa, Guerrero, donde el choque entre dos bandos criminales ha alcanzado a candidatos y agrede a la población Y, mientras en Chiapas hay dos niños muertos y seis en estado de salud grave, luego de la aplicación de vacunas en instituciones públicas, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
LA RAZÓN
PULSO POLÍTICO
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
El desafío del Cártel Jalisco Nueva Generación al gobierno federal por el sangriento narcoataque del viernes 1 de mayo que afectó a ésta y a otras entidades vecinas merece una respuesta firme y la aplicación de toda la fuerza del Estado, que contará con el apoyo irrestricto de los legisladores del PRI.
Así lo declaró Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, al expresar su reconocimiento al Ejército y a la Armada, que han participado con valor, lealtad y patriotismo en el combate al crimen organizado en todo el país.
A nueve días de esos hechos el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro dijo que no hay duda de la decisión del gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto de que actuará en forma contundente a través de la acción coordinada de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública federal y estatal.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Nuevo escándalo de presunta corrupción involucra a la empresa española OHL y a algunos funcionarios del Estado de México, por la construcción del Viaducto Bicentenario, tras la difusión de audios en que hablan del incremento del costo de esa obra y el alza de tarifas de peaje.
Lo peor es que en la sede gubernamental mexiquense hay quienes en un intento de librarse de culpas aseguran que esos incrementos se dieron en el anterior gobierno estatal que encabezara el hoy Presidente Enrique Peña Nieto, lo que no tardará en tener respuesta.
La Comisión de Fiscalización del INE acordó imponerle oootra multa al PVEM, ahora de 329 millones de pesos, por recibir aportaciones prohibidas por la legislación electoral, lo que seguramente tiene sin cuidado a sus dirigentes, que siguen siendo protegidos por algunos consejeros y magistrados electorales.
Y es que cuando no son unos en el INE, son otros, en el Tribunal Electoral, los que le tienden manto protector al partido aliado —¿o comparsa?— del PRI, unas veces por desechar cuanta solicitud se ha presentado para que les sea cancelado el registro y otras por seguir imponiéndoles sanciones económicas que han resultado estériles para meterlo al orden.
En el paraje Loma de Coyote, próximo a Iguala, a donde fueron llevados los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, fue secuestrado el conductor radiofónico del programa Hora Cero, de ABC Radio, Javier Cano Torres, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Recientemente su compañera en esa emisión, Natividad Ambrosio, había recibido amenazas por dar cuenta del cateo que agentes de la Policía Federal realizaron en el centro joyero propiedad del ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, preso en el penal de El Altiplano.
Apenas la semana pasada, tras varios días de haber sido “levantado” por un grupo armado, el periodista veracruzano Armando Saldaña Morales apareció muerto en un poblado oaxaqueño colindante con Tierra Blanca, en donde era reportero de la estación de radio La K Buena de ese municipio.
fcardenas@pulsopolitico.com.mx
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