Oaxaca de Juárez, 10 de abril
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNPor cometer delitos electorales, el Partido Verde Ecologista de México deberá pagar multas que superan ya los 180 millones de pesos, los cuales, gimotea, lo obligan a endeudarse.
Tanto dinero, sin embargo, nunca lo pagará el Verde, sino los contribuyentes, que amamantamos a los partidos políticos a través de las prerrogativas de que gozan.
Si quien comete delitos es delincuente, el erario financia las operaciones delictivas del PVEM.
Pero el problema es mayor: como expuso anoche (MILENIO Tv) Héctor Aguilar Camín, todos los partidos están cometiendo el delito de gastar más de lo que les permite la ley, invirtiendo dinero ilegal en sus campañas.
No les bastan los 500 millones de dólares que recibirán este año ni los 15 mil millones de pesos a que equivalen sus tiempos de radio y televisión.
A menos que se crea la vacilada de que para cada diputación solo gastarán un millón 200 mil pesos, el Verde está en la picota, pero ¡peor están todos!
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESEl miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó en su lista de las organizaciones criminales más peligrosas al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al de Los Cuinis. Unos días antes, en una nueva emboscada de grupos criminales en una carretera a Puerto Vallarta, fueron asesinados 15 policías de la fuerza única de Jalisco, varios quedaron heridos y más tarde mataron al director de Seguridad Pública de Zacoalco de Torres,Miguel Caicedo.
Es verdad que, como dijeron las autoridades locales, ese ataque terrible sería consecuencia de la detención de un líder regional del Jalisco Nueva Generación, pero ello demuestra, por una parte, el nivel de control de esa organización sobre ese territorio y, por la otra, el grado de intimidación: imaginemos por un momento qué estarían dispuestos a hacer ante un golpe mucho más duro, si por la detención de un jefe regional matan a quince policías y a un director de seguridad. En los últimos meses son ya 32 los elementos estatales que han sido asesinados en Jalisco por el CJNG. Un par de semanas atrás, como reseñamos aquí, esa misma organización emboscó en Ocotlán a elementos de la Gendarmería matando a cinco de sus integrantes (los primeros caídos de esa institución).
Como dicen las autoridades de Estados Unidos, esos cárteles, mucho más elJalisco Nueva Generación, se han convertido en un verdadero desafío para las autoridades, las locales y las federales. Y el tema ya era, desde muchos meses atrás, una de las principales preocupaciones de instituciones como la PGR y su agencia federal de investigaciones. No sé si esas advertencias fueron tomadas en cuenta a tiempo o no, lo cierto es que desde hace semanas la actividad de ese cártel se ha vuelto cada día más intensa y violenta, con costos humanos mayores.
Eso ya lo tiene identificado el gobierno estadunidense. El comunicado del Departamento del Tesoro dice que “el CJNG y Los Cuinis han hecho crecer rápidamente su imperio criminal en los últimos años mediante el uso de la violencia y la corrupción”. En la lista se incluye a los líderes de ambos grupos criminales, Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia. Ambos son considerados como Narcotraficantes Especialmente Designados, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Ya están en las grandes ligas de los narcotraficantes del país y del mundo.
Pero lo preocupante, además de la violencia (no deja de llamar la atención que mientras la percepción global de inseguridad se ha reducido 4.5% a nivel nacional, esté creciendo en Jalisco y en estados contaminados por estos mismos grupos como Querétaro, donde precisamente por ello crecen las posibilidades de Francisco Domínguez), es la corrupción, como dice el Departamento del Tesoro. A raíz de este anuncio del Tesoro queda prohibido a los ciudadanos estadunidenses realizar transacciones financieras o comerciales con grupos o personas relacionadas directa o indirectamente con ellos, y bloquea cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Es una decisión que ataca a personas o a algunas empresas en concreto, pero que puede tener un alto grado de contaminación en otras actividades económicas. Y ya ha habido estados donde ese tipo de contagio ha costado mucho, social y económicamente. Es un tema de realidades y también de percepciones.
Desde hace meses el CJNG se ha convertido en un problema grave de seguridad pública e interior. Hace más de un año incluso lo había advertido el presidente Peña en una entrevista con El País en España; lo advirtió el entonces procurador Jesús Murillo Karam; volvió a destacarlo el presidentePeña en noviembre, cuando colocó a Jalisco entr los estados con mayores desafíos de seguridad, junto con Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Y la semana antepasada provocó una fuerte llamada de atención la emboscada a agentes federales en Ocotlán. Es hora de tomar el tema con toda firmeza. Estamos hablando, como dice el Departamento del Tesoro, de organizaciones que se han expandido rápidamente mediante el uso de la violencia y la corrupción y que se sitúan, ahora, “entre las más poderosas del tráfico de droga en México”.
Por cierto, muy extraño el caso de la nueva avioneta con cocaína localizada en Venezuela, donde una vez más encuentran el avión, pero no a los pilotos y éstos dejan nada menos que sus pasaportes, junto con la droga en el avión. Y resulta que uno de esos pasaportes es de un exfuncionario de la PGR, dado de baja hace ya algunos años por sospechas de irregularidades en su actividad (relacionada precisamente con la flota aérea de la Procuraduría). ¿Usted cree que alguien al huir dejaría nada menos que su pasaporte en un avión lleno de droga? Los designios del régimen de Nicolás Maduro son inescrutables.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROque todo quede atado y bien atado para el futuro(puede escucharse en al autodenominado
Generalísimo, cuyo tono de voz le parece al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, muy parecido al suyo, lo que ha dicho que le satisface).
En el México de Peña Nieto (o, más precisamente, del conjunto de intereses que gobierna con el mexiquense como figura al frente), al igual que en la España de Franco, se pretenden establecer ataduras de larga duración que hagan muy difícil y costoso dar marcha atrás en las políticas y compromisos que se han ido anudando. En una secuencia vertiginosa, el actual régimen ha derrumbado, con la gozosa participación cómplice de los partidos de la oposición partidista entonces disponible, el andamiaje constitucional largamente intocado, sobre todo en materia de energéticos, y ahora está en proceso de firma de convenios con poderosos consorcios internacionales que harán valer sus derechos adquiridos con toda la fuerza jurídica, financiera y armada que sea necesaria.
Al mismo tiempo se han multiplicado la violencia y el poder decárteles del crimen organizado y los abusos y violaciones graves de derechos humanos por las instancias policiacas, militares y marinas, con el caso de Iguala como ejemplo extremo y conmocionante. El cuadro económico también es altamente lesivo para las mayorías populares (las élites siempre tienen información segura y oportuna para protegerse bien y a tiempo de las crisis, que les acaban siendo redituables), con una sostenida devaluación del peso frente al dólar, un crecimiento económico más pequeño que el oficialmente reportado, el recorte presupuestal ya anunciado y el fantasma en vías de materialización de una recesión que sólo estaría en espera de que pasen las elecciones intermedias, en el mes de junio.
Para que ese conjunto de medidas que han rediseñado a México puedan sostenerse es necesaria la instauración de fórmulas de continuidad que tienen visos dictatoriales. Para empezar, la actual clase política ha sido dotada de facultades para seguir en el poder como nunca antes en la etapa posrevolucionaria, mediante nuevas elecciones consecutivas en los planos legislativos y municipales, sin que aún se atreva ese espíritu antimaderista a proponer el sufragio en efectivo (o con tarjetas), sí relección, a los niveles de gobernador y de (oh, Carlos Salinas de Gortari suspira con nostalgia) Presidencia de la República.
Otro mecanismo dictatorial evidente para sostener todo atado, y bien atado
es el nombramiento de funcionarios transexenales, cuya función será no solamente proteger los intereses de los poderosos que hoy los han promovido, sino de extender esa póliza a administraciones venideras, que en caso de ser adversas a las políticas actuales no podrán hacer gran cosa para desmontarlas o eliminarlas. Tales son los casos de Arely Gómez González Garrido y Eduardo Medina Mora, a quienes Peña Nieto y Televisa instalaron respectivamente en la Fiscalía General de la Nación por nueve años y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 15 años. Larga vida tendrá la corrupción en México, y libertad absoluta sus ejecutores de élite, con tales funcionarios facciosos. Pieza menor, pero también contribuye a esa impunidad generalizada, el carnavalesco personaje designado en la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade. Y en varios estados el ejemplo nacional ha prendido, de tal manera que ciertos gobernadores han comenzado a imponer, con la colaboración de congresos sometidos, sus propios fiscales autónomos
transexenales.
Atado y bien atado a los grandes poderes extranjeros y locales habrá de quedar ese México que se encamina a otras elecciones federales fraudulentas para controlar la cámara de diputados. Es el México en el que aparentemente no sucede nada y donde todo puede ser diluido con el paso del tiempo, por grande y dolorosa que sea una tragedia o por evidentes y escandalosos que sean los actos de corrupción.
En otro tema: como ya se había comentado aquí en anterior entrega, era insostenible la estancia de David Korenfeld en su cargo de director de Conagua, luego que en Internet quedó demostrado el uso no sólo irregular, sino delictivo de un helicóptero de la institución para llegar de su casa en Huixquilucan, estado de México, al aeropuerto internacional de la capital del país.
Sin embargo, el miembro de la facción mexiquense que domina el aparato del gobierno federal no fue despedido sino que, según su dicho, renunció, y tal declinación fueaceptada
por quien no solamente debió haberla impuesto (su jefe superior, Enrique Peña Nieto) sino incluso debió haber consignado el hecho ante autoridades judiciales (obviamente, no la Secretaría de la Función Pública y su titular evidentemente alcahuete) y exigido una investigación a fondo de otros actos abusivos que no hubiesen sido fotografiados y difundidos en las redes sociales.
Korenfeld incluso ha pretendido disminuir el peso de su culpa al decir que sólo fue un error
aéreo de ocho minutos, como si un violador intentara reducir su condición criminal porque el acto sexual en sí sólo hubiese durado un breve lapso. Por lo demás, el ex director de Conagua ha sostenido durante más que ocho minutos algo que va más allá de un error
, el proyecto de privatización de aguas nacionales para beneficio de amigos, socios y comisionistas. La renuncia personal, como se ve, no es suficiente.
Y, mientras las armas (tras)nacionales se han cubierto de gloria en el Senado, ¡Hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
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