Oaxaca de Juárez, 28 de abril. De manera radical, la presidenta Claudia Sheinbaum bajó el tono de la protesta por la participación de la CIA en operaciones terrestres conjuntas con los agentes ministeriales de Chihuahua, bajo el correcto supuesto de que violaron las leyes mexicanas, lo que, como señaló, es algo muy serio para ser omisos. No quiere pelearse con el gobierno de Donald Trump y tiene razón. La violación a la ley puede contenerse y sancionarse de manera enérgica, sin escalar al punto de generar una crisis diplomática.
Dio un giro de 180 grados después de que, el jueves, el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, habló muy fuerte sobre la corrupción y la incertidumbre jurídica, sobre la opacidad y la discrecionalidad en la rendición de cuentas en México. Es decir, Johnson apretaba el acelerador, en la medida en que la denuncia de violación a la soberanía crecía. Las palabras de Johnson eran parte de un discurso que debió haber pronunciado en Los Mochis al poner la primera piedra de un proyecto de inversión en el sector energético de más de tres mil millones de dólares, que no pudo decir porque un grupo de personas se manifestó, bloqueó y saboteó el evento, con el respaldo público del gobernador Rubén Rocha Moya.
El discurso, sin embargo, lo pronunció en un evento cerrado y lo distribuyó la Embajada de Estados Unidos en México, el cual pasó desapercibido en la prensa de su país hasta que Los Angeles Times lo recuperó en su primera plana con dos agregados de fuentes anónimas: que a Rocha Moya le cancelaron la visa desde el año pasado y que el discurso de Johnson era parte del lanzamiento de una campaña anticorrupción en la que el gobierno de Donald Trump se enfocaría en funcionarios del régimen con presuntos vínculos con el crimen organizado.
La paciencia del gobierno estadounidense se agotó en cuatro meses. En enero le hicieron llegar a Washington una especie de ultimátum: que, si no actuaba –procesaba– contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, el Departamento de Justicia empezaría a abrir investigaciones en contra de ellos. La presidenta no hizo nada y las cosas se comenzaron a mover en el terreno político-diplomático, que tiene como apoyo a la CIA y a la inteligencia del Pentágono, que abierta y encubiertamente están recolectando información sobre esas relaciones.
Existe una lista de nombres sobre los que Washington desea que se actúe de manera expedita en México, en la que siempre aparece en lo alto de ella el senador Adán Augusto López, uno de los grandes operadores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Rocha Moya aparece en un lugar secundario, junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su viejo amigo, Ricardo Peralta, actualmente representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México.
La petición se la han repetido desde hace casi seis meses, directamente o a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero la respuesta de la presidenta ha sido la misma: pruebas, que no le dan porque le dijeron que temían que se filtrara la información, lo que revela desconfianza e inacción.
Por eso, el camino que siguieron fue el que se descubrió por un accidente en Chihuahua. El papel de la CIA en ese estado puede servir como un estudio de caso de cómo, ante la insatisfacción sobre el ataque a los políticos que forman parte del crimen organizado, se optó por rutas paralelas. En ese caso específico, fue trabajar con un gobierno estatal con acciones más profundas.
Los agentes de la CIA destacados en el noreste de México han infiltrado la Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigación, pudiendo establecer redes de vínculos de funcionarios con el crimen organizado. De acuerdo con fuentes en posición de saber, han reclutado a altos funcionarios del gobierno de la panista Maru Campos que habían tejido una red de relaciones con los diferentes grupos criminales. Para evitar procesos en Estados Unidos en su contra, el funcionario refirió hablar con las autoridades de ese país.
Este funcionario pudo recuperar su visa para ingresar a Estados Unidos, pero de manera restringida. Le otorgaron una visa que denominan “parole”, que no es un permiso de ingreso abierto, sino controlado en sus movimientos dentro de territorio estadounidense y, a cambio, tiene que aportar la información que le soliciten. No es el único funcionario mexicano en esta situación. Un gobernador de Morena, a quien le habían cancelado la visa, logró una visa “parole” y lleva meses como un activo de las agencias de inteligencia de ese país.
El gobierno de Estados Unidos ha desplegado una estrategia diplomática, policial y de inteligencia que no se había visto antes. La forma en que públicamente vuelan sus aviones espía sobre territorio mexicano y operaciones colaterales al gobierno federal, muestra que, pese a todos los distractores globales, México sigue siendo una prioridad. Estar pidiendo a cancillerías en Europa que no otorguen beneplácitos a figuras de Morena sobre las cuales tienen investigaciones por su involucramiento con el crimen organizado es otra de las acciones punitivas que se pusieron en marcha.
Chihuahua ha metido en un pantano de contradicciones al gobierno y no puede desasociarse de iniciativas conjuntas para enfrentar otras crisis, que han sido bloqueadas por gobernadores de Morena. El más evidente fue Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán, que bloqueó a funcionarios estadounidenses para instalar un sistema de comunicación, acordado con García Harfuch y autorizado por la presidenta, para combatir las extorsiones contra los productores agrícolas, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses.
La operación de la CIA en Chihuahua tomó quizás un vuelo más alto por su buena y mala fama, que genera odios más encendidos, al tiempo de respeto e, incluso, fascinación. Pero no es la única. Por años, el FBI ha tenido unidades dedicadas al crimen organizado en México. La DEA, enfocada en la actualidad al robo de combustible, es otra de ellas que tiene operaciones abiertas de espionaje aéreo sobre México. Más de 12 agencias policiales y de inteligencia estadounidenses están operando en este país, todas con autorización del gobierno mexicano, pero algunas, como vimos en Chihuahua, al margen de él por la indecisión de dar un paso adelante en el combate a la estructura política del crimen organizado. Johnson ya lo dejó claro, para que no haya sorpresas.
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