Oaxaca de Juárez, 26 de abril. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo filtro para los 3,414 candidatos que buscan convertirse en jueces, magistrados y ministros, el cual podría derivar en la anulación de sus triunfos en caso de incurrir en actos de violencia de género conforme al principio denominado “La 8 de 8”. 
El procedimiento fue avalado el jueves, sumándose a las medidas de control en el marco de la elección judicial que se celebrará el próximo 1 de junio.
El mecanismo aprobado pretende impedir que personas con sentencias firmes por delitos sexuales, contra la vida, violencia familiar, violencia política o incumplimiento de obligaciones alimentarias lleguen a cargos de impartición de justicia.
El INE habilitó un micrositio para que los ciudadanos puedan proporcionar información sobre los aspirantes que presuntamente hayan incurrido en estos supuestos.
La medida fue adoptada en medio de cuestionamientos respecto a la idoneidad de varios candidatos, algunos de los cuales han sido señalados por su presunta relación con integrantes del crimen organizado. Un ejemplo citado fue el de Silvia Delgado, quien en 2016 formó parte de la defensa legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y actualmente aspira a ser jueza penal en el Estado de Chihuahua.
El origen de varios candidatos ha provocado un cruce de declaraciones entre el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión y el propio INE. El instituto electoral ha argumentado que la responsabilidad de verificar la idoneidad de los candidatos recayó en los comités de evaluación de los tres poderes, encargados de depurar las listas de aspirantes.
Durante la sesión, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, emitió uno de los tres votos en contra de la nueva disposición. La consejera sostuvo que los candidatos ya fueron investigados previamente y que imponer un nuevo filtro vulnera el principio de presunción de inocencia y supone un exceso de atribuciones por parte del instituto.
En respuesta a las preocupaciones públicas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que al menos 20 candidatos a la elección judicial presentan vínculos con el crimen organizado. Claudia Sheinbaum, mandataria federal, pidió que en caso de detectarse alguna relación delincuencial, esta sea denunciada, investigada y sancionada conforme a la ley.
Los consejeros del INE señalaron que la anulación de triunfos de candidatos recaerá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que será la instancia encargada de resolver las impugnaciones con base en los elementos presentados.
“A quien correspondía hacer el análisis de la idoneidad era a los comités de evaluación y, por tanto, a los Poderes [de la Unión] que postularon las candidaturas porque nosotros no hicimos ningún registro. Ahora, frente a alguna impugnación, toca al TEPJF resolver con base en los elementos aportados y no solo meros dichos”, afirmó el consejero Martín Faz.
El INE explicó que estará en posición de detectar, antes del 1 de junio, a los candidatos con sentencia firme por los delitos establecidos, aunque no podrá impedir su participación en la jornada electoral. Esta información será tomada en cuenta al momento de emitir las declaratorias de validez y las constancias de mayoría, programadas para el 15 de junio.
La implementación del nuevo filtro ha generado diversas reacciones dentro y fuera del instituto, al evidenciar las tensiones entre las instituciones encargadas del proceso y las dificultades para garantizar la certeza de los próximos comicios judiciales. El INE insistió en que su actuación responde a la necesidad de fortalecer la legalidad en el proceso, pese a los límites establecidos en su competencia.
La polémica sobre la elección judicial se mantiene, mientras los distintos actores políticos y sociales observan el desarrollo de un proceso que busca, por primera vez, someter a votación popular los cargos de jueces, magistrados y ministros en un contexto de creciente desconfianza pública.
massinformacion.com.mx
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