Oaxaca de Juárez, 9 de julio. Aún cuando lo presentaron solo como una “investigación financiera” y no como una acusación formal, el anuncio hecho desde Palacio Nacional el pasado jueves, sobre el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la UIF denunció por transferencias bancarias por 26 millones de pesos, representa un manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que rompe con esto el acuerdo de no agresión que tenía con su antecesor y ordena investigarlo no sólo a él, sino a su familia.
Porque de lo que presentó Pablo Gómez en la conferencia mañanera, lo de menos parecen ser los 26 mdp que le fueron transferidos a Peña Nieto desde México en sus cuentas bancarias en España; lo más grave es lo que acusa el director de la UIF: la existencia de una “red financiera y de empresas” vinculadas al expresidente, que aparece como socio en todas ellas, y en la que figuran familiares directos como su hermana, a quien se le acusa de haber retirado dinero de manera irregular por 190 mdp. Dentro de esa red se menciona a la empresa “PlastiEstéril”, que recibió contratos en el gobierno peñista hasta por 10 mil 133 mdp y que realizó transferencias por mil 557 mdp a Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido entre 2015 y 2021.
No se trata, pues de una investigación menor ni de rutina, sino de una orden a Pablo Gómez para retomar las investigaciones que ya había iniciado Santiago Nieto desde la UIF sobre las cuentas y el patrimonio del expresidente y de sus familiares más cercanos. La decisión de López Obrador —que hasta ahora había protegido a Peña Nieto y había respetado el pacto que ambos hicieron— tiene que ver con la convicción del inquilino de Palacio de que fueron los priistas y el propio Peña quienes primero incumplieron el acuerdo por dos hechos que el Presidente tomó como declaraciones de guerra: el primero, la “traición e incumplimiento” de Alejandro Moreno y del PRI al votar en contra de su Reforma Eléctrica, en contra de los compromisos que existían; y el segundo el involucramiento del propio Peña en una operación política para “ganar el Estado de México y evitar el avance de Morena” en los próximos comicios de 2023.
No es casualidad que la denuncia en contra de Peña Nieto se haya hecho pública un día después de que el rebelde dirigente nacional del PRI se haya presentado en la sede de la ONU para acusar en el organismo internacional la “persecución contra los opositores” desde el gobierno lopezobradorista, al que también señala de “autoritario” y de tener apoyo de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Tampoco es para nada una coincidencia que al expresidente le hayan abierto una carpeta judicial justo unas semanas después de que convocó a una reunión en su residencia de Madrid a políticos mexiquenses que viajaron hasta España para planear “la defensa del Edomex” y para trazar la estrategia con la que buscan derrotar a Morena y evitar que se haga de la gubernatura y del bastión priista del Grupo Atlacomulco.
Eso lo sabe bien Peña Nieto, tanto que cuando se conoció la noticia de la investigación en su contra, decidió romper el silencio que había guardado desde hace casi 4 años —algo que también era parte del pacto— y salió a fijar su posición con un mensaje mesurado en su cuenta de Twitter, pero que al final era una respuesta directa al anuncio hecho por el presidente y por su testaferro Gómez. “Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, dijo el exmandatario.
Lo que venga en adelante y si este rompimiento entre AMLO y Peña es totalmente real o si se trata solo de un distractor para tapar problemas más graves como la violencia, la inseguridad o la descontrolada inflación, como piensan con suspicacia en las redes sociales y algunos analistas, ya se verá conforme avancen las investigaciones de la FGR y si se procede o no contra el expresidente, sus familiares y sus empresas con movimientos financieros millonarios.
Pero lo que queda claro desde ahora es que la decisión de investigar a Peña Nieto y a su patrimonio personal y familiar, más allá de romper un pacto no escrito, es un movimiento estratégico del presidente López Obrador de cara a las elecciones en el Estado de México, pero también rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Desarticular cualquier intento del peñismo y, sobre todo del priismo, por reagruparse, además de terminar de desgastar a la marca PRI, con una acusación directa por corrupción a su último presidente, rumbo a esas dos batallas electorales, es parte del plan presidencial para garantizar la continuidad de la 4T a toda costa.
Para finalizar un apunte de algo que sí fue coincidencia pero que también podría ser augurio: el sexenio de Peña arrancó con una explosión en el edificio central de Pemex que provocó la muerte de 25 personas y 100 heridos por una “acumulación de gas metano en el sótano del edificio”. El sexenio de López Obrador también empezó con una tragedia en Pemex cuando un ducto pinchado para robar combustible explotó en Tlalhuelipan, Hidalgo, provocando la muerte por quemaduras de 137 personas y decenas de heridos. Dos inicios de sexenio con cierta similitud nos hacen preguntarnos ¿será que también veremos dos finales de gobierno parecidos entre el de AMLO y el de Peña Nieto?
NOTAS INDISCRETAS…
Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en afirmar que en México “existe un clima propicio para la inversión” y para demostrarlo hasta presume la mejora en perspectiva que le otorgó la calificadora Standard & Poor’s a México por su estabilidad y prudencia fiscal, en su partido Morena parecen ir en contra del Presidente con iniciativas que meten ruido y preocupan a los inversionistas, como la que presentó el diputado morenista César Agustín Hernández Pérez, quien hace unos días presentó una “Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las secretarías de Economía y Hacienda, a la Agencia Nacional de Aduanas, y al Servicio de Administración Tributaria a implementar el ‘permiso previo o aviso automático’, así como a fortalecer las medidas de control en las operaciones de comercio exterior con pedimentos Clave M3, destinadas al Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE)”. En palabras llanas eso significa imponer más requisitos al comercio exterior, por lo cual la propuesta del legislador de Morena no sólo parece ir contra lo que quieren en Palacio Nacional, sino contra los empresarios que ven en este planteamiento un freno a la economía nacional, e incluso un obstáculo para el éxito de dos proyectos prioritarios del presidente López Obrador: el Tren Maya y el desarrollo del corredor Transístmico Oaxaca. Ambos proyectos, con los que se pretende detonar el desarrollo del sureste mexicano, buscan como objetivo impulsar la participación privada en las cadenas globales de valor mediante el comercio exterior, pero si se abandona el régimen aduanero conocido como Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), eso no sería posible. No se sabe si la propuesta del diputado Hernández Pérez cuenta con el aval del coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, e incluso si la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, apoya el tema, sobre todo porque apenas el jueves la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, le comentó justo a Tatiana, la preocupación que tiene el gobierno canadiense por “el actual clima para las inversiones en México”. Especialistas consultados explicaron que el Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico es una extensión de la Aduana, y tiene por objeto propiciar el crecimiento de complejos industriales, comerciales y de servicios a fin de generar mayor producción industrial, y en consecuencia, una mayor derrama económica para la generación de empleo. En los RFE se introducen, por tiempo limitado, mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. En poco tiempo, la figura del RFE ha logrado demostrar su eficacia, disminuyendo los costos de operación aduanera, pues evita a los importadores costos de demoras, almacenajes y gastos financieros, que siempre son trasladados a los consumidores finales. Desde hace años, la saturación de mercancías en los puertos, derivada de la falta de espacios e ineficiencias asociadas al despacho aduanero, ha sido un reclamo de los importadores, y el principal reto a resolver por parte de las autoridades. Con el RFE se han disminuido costos operativos y logísticos, ya que por ese régimen resulta más sencillo el despacho de las mercancías, lo que ha favorecido el aumento de la recaudación en las aduanas interiores. Los especialistas consideran que con su Proposición con Punto de Acuerdo, el diputado Hernández Pérez plantea la idea de que regular y controlar más es mucho mejor para el país, que facilitar el comercio, olvidándose que hoy competimos contra muchas naciones que quieren las mismas inversiones que México necesita. Contra lo que sugiere el diputado morenista, los RFEs no favorecen la evasión de la ley ni el pago de impuestos, y su labor es solo ofrecer una opción ágil para que las empresas extranjeras se instalen en el país. “Las mercancías que son destinadas a ese régimen pagan los impuestos correspondientes, y cumplen con las regulaciones aplicables una vez que se importan de forma definitiva al mercado nacional”, nos comentó un especialista en las RFE, quien sostiene además que este régimen facilita la fiscalización de las autoridades, como ningún otro régimen aduanero, ya que la autoridad mantiene pleno control de la mercancía a través de sistemas y equipos tecnificados, sin invertir recursos, puesto que esta obligación recae en los operadores y administradores del RFE, respondiendo incluso de manera directa por los impuestos omitidos, así como de manera solidaria de los mismos. Y entonces, la pregunta es ¿por qué un punto de acuerdo presentado por un diputado de Morena pone en riesgo a la inversión del Istmo de Tehuantepec o del Tren Maya? Porque al proponer cambiar el RFE, se estaría afectando una herramienta que atrae a las empresas para invertir e integrarse a las cadenas productivas. Desincentivar la inversión, ahuyentar cadenas de producción y anular a México del mapa de países estratégicamente competitivos, serían consecuencias si por desconocimiento se afecta y modifican las operaciones M3 —régimen aduanero de RFE— y su marco regulatorio. La globalización y la crisis de la pandemia, obligan a las economías del mundo a simplificar y a facilitar el comercio, tanto en tiempo como en costos, no a volverlos más burocráticos y complicados. Y aunque en Palacio Nacional la propuesta del morenista César Agustín Hernández Pérez no cayó nada bien, lo cierto es que ni Hacienda, ni Economía ni la Administración de Aduanas se han pronunciado y guardan un silencio preocupante, mientras la propuesta avanza en la Cámara de Diputados, como también avanza la incertidumbre en el sector empresarial… Los dados mandan Escalera Doble. Buen cierre de semana.
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