Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desestimó los movimientos legales presentados por miles de miembros del Poder Judicial en contra de la Ley Federal de Remuneraciones así como de las controversias constitucionales que se avecinan en contra de las figuras de los “superdelegados” estatales, pues es su “responsabilidad” el ejecutarlas.
Ayer, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los 32 coordinadores estatales que promoverán los programas del Gobierno federal al tiempo en que supervisarán a los gobernadores y rendirán informes exclusivamente al titular del Ejecutivo federal.
Sin embargo, López Obrador minimizó el anuncio del perredista bajo el argumento de “no caer en ninguna polémica” al tiempo en que reafirmó la entrada en operación de estos funcionarios.
“Es que hay que aclarar de que se trata de una estrategia del Gobierno Federal. Es nuestra responsabilidad. Si no están de acuerdo, ellos tienen su derecho a actuar con libertad, de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso al poder Judicial”, subrayó.
Por otra parte, se dio a conocer que cuando menos 2 mil 194 miembros del Poder Judicial entre ministros, magistrados y jueces, han tramitado 440 juicios de amparo en contra de la reforma publicada a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos el pasado 5 de noviembre que a la letra impone un tope salarial de 108 mil pesos mensuales para todos los servidores públicos, el mismo que el del titular del Ejecutivo Federal.
La respuesta del presidente volvió a darse en el mismo sentido, que la medida aplicará sin mirar atrás.
“Hicimos nosotros el compromiso de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco. Entonces, se bajan los sueldos de los de arriba, para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral. Si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, servidores públicos, del más alto nivel de los tres Poderes, tienen su derecho a manifestarse también, como lo están haciendo, y la autoridad competente va a resolver”, asentó.
Aunque no precisó cómo es que la reforma y la correspondiente aplicación no violarán el Artículo 94 de la Constitución que establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial como ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras dure su encargo.
Por el contrario, tachó de “corruptos” a los miembros del Poder Judicial que reciben honorarios por varios cientos de miles de pesos.
“De todas maneras, de todas formas, tienen libertad para inconformarse acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción, eso es poco serio, muy poco serio. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es corrupción de un país con tanta pobreza. Si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600 mil pesos mensuales, eso es un acto de deshonestidad”, concluyó.
Réplica
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