Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La calificadora Moody´s advirtió que la reforma judicial podría socavar la calidad crediticia soberana de México, debido a que podría generar un shock de confianza prolongado, volatilidad e incertidumbre financiera, lo que elevaría los costos de la deuda y pondría en riesgo el crecimiento y las finanzas públicas. 
Enfatizó que la reforma al Poder Judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia del país, como su fortaleza económica y fiscal.
“Una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevados, y presionaría la asequibilidad de la deuda, debido a que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos”, detalló.
Un shock de confianza prolongado también frenaría la inversión privada, lo que limitaría los beneficios del nearshoring y reduciría el crecimiento después de 2025 al promediar a largo plazo del 2 por ciento, en lugar del 3 por ciento con el beneficio de nuevas inversiones.
Explicó que la reforma del Poder Judicial no afecta directamente la dinámica del crecimiento, pero plantea un desafío importante para las inversiones.
Las nuevas inversiones se han desacelerado desde 2022; la reinversión de las utilidades ha constituido una mayor parte de la dinámica de la inversión extranjera directa (IED), mientras que las nuevas inversiones no han generado un aumento significativo de la IED.
La agencia agregó que el Poder Judicial de México ha evitado que el ejecutivo se extralimite en los últimos años, al bloquear algunos de los cambios legales radicales que la administración de López Obrador había propuesto y que el Congreso aprobó, especialmente en sectores como la energía, donde las reformas rechazadas habrían reducido la participación privada.
El Poder Judicial consideró que estas propuestas eran inconstitucionales o que no habían seguido el debido proceso.
Destacó que estos cambios en el sistema judicial y regulatorio de México generarían más incertidumbre en sus proyectos de infraestructura, lo que obstaculizaría aún más sus perspectivas de inversión. La ausencia de políticas claras y de apoyo dificultaría que las empresas se comprometan con proyectos de infraestructura a largo plazo en México, lo que en última instancia ralentizaría el crecimiento del sector.
“El gobierno entrante de Sheinbaum ha declarado que apoyaría la energía limpia y que estaría abierto a la inversión privada en infraestructura. Sin embargo, una política energética que no apoya la inversión privada en la generación eléctrica local ha reducido significativamente las perspectivas de crecimiento del sector energético y eléctrico, en particular la generación de energía renovable”, refirió.
Indicó que CFE Transmisión, una empresa exclusiva de la estatal Comisión Federal de Electricidad, también enfrenta congestión debido a la falta de inversión.
Asimismo, la reforma corre el riesgo de ser impugnada por Estados Unidos y Canadá.
“Históricamente, nuestra evaluación del marco institucional de México, y en particular de su control de la corrupción y el estado de derecho, ha sido más débil que la de los soberanos con calificaciones similares. Un mayor riesgo de politización y una menor independencia del poder judicial aumenta las probabilidades de deterioro en estas áreas”, subrayó.
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