Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional, ingresada por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la parte del Plan B que ya entró en vigencia.
Se dio un plazo de 30 días hábiles para que los poderes Legislativo y Ejecutivo presenten su contestación.
“Con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señaló.
La Suprema Corte ha recibido al menos cinco controversias constitucionales contra la parte del Plan B que ya entró en vigencia, la cual está relacionada con publicidad oficial y actuación de funcionarios durante procesos electorales.
La parte medular de la reforma electoral que, según el INE, pone en riesgo la celebración de elecciones libres en el país, ya fue aprobada y solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigencia.
El organismo electoral pidió a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto se decide de fondo sobre la constitucionalidad de las normas.
La porción impugnada tiene que ver con la propaganda gubernamental, pues permite a funcionarios que realicen posicionamientos durante elecciones, con el argumento de garantizar la libertad de expresión, pero que, según el INE, vulnera los principios de neutralidad en comicios y no intervención de servidores públicos.
Esa parte del Plan B también ha sido controvertida por los partidos de oposición: PAN, PRI, PRD, MC, así como por varios ayuntamientos, como el de Monclova.
Según un comunicado del INE, dicho recurso se interpuso debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
24 Horas/Foto:Cuartoscuro
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