Oaxaca de Juárez, 23 de enero. De acuerdo con las cifras presentadas en el portal de compras gubernamentales CompraNet, se estima que el 78 por ciento de los 178 mil 46 contratos celebrados en 2019 por diferentes órdenes del Gobierno Federal, fueron adjudicados de manera directa.
La Secretaría de la Función Pública, cuyo rol fundamental es la erradicación de la corrupción de la vida pública nacional, traicionó sus principios al otorgar 91% de sus contratos de manera directa, incumpliendo así con los fundamentos de la estrategia que este gobierno diseñó para combatir la corrupción en el país.
Con esto, la 4T una vez más demostró que las promesas de campaña se quedarán sólo como eso, pues fueron los funcionaros de esta transformación quienes decidieron hacer arreglos para no licitar contratos o servicios y que éstos sean adjudicados de manera directa a un particular o empresa en específico.
La Diputada Federal Mónica Almeida aseguró que la única forma de combatir a la corrupción es seguir los lineamientos y aplicar los cuerpos normativos que se crearon para erradicar este mal, pues las Ley es muy clara, y especifica en qué casos de excepción y justificación ante el Órgano Interno de Control pueden realizarse una asignación directa.
“No podemos permitir un retroceso cuando se han tenido avances significativos en el combate a la corrupción. Ejemplo palpable en nuestro sistema jurídico es la consagración de los derechos a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, con los cuales fue posible visualizar la corrupción. Sin embargo, aún es necesario generar una cultura dentro de los mismos funcionarios para que sean capaces de cumplir con la ley, para que ellos puedan obligar a cumplirla de igual forma”, comentó la legisladora.
Después de este tropiezo por parte de la Secretaría de la Función Pública, queda claro que los procesos que ha realizado para determinar si un funcionario público que se ha visto implicado en actos de corrupción, pueden tener fallas o resoluciones que favorecen al implicado en un caso de corrupción.
Históricamente la promesa del combate a la corrupción se ha presentado a los mexicanos como una política pública que busca mejorar los procesos en la administración y eliminar la impunidad.
Recientemente diversos personajes llegaron a la Presidencia de la República envueltos en la bandera de la anticorrupción, bajo la promesa de un cambio. Fueron los casos de Vicente Fox en el 2000, Felipe Calderón en 2006 y Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
El actual Presidente de la República llegó al cargo en 2018 con la promesa de que él y sus colaboradores “no eran iguales” a sus antecesores y que iniciarían una “cuarta transformación”, para lo cual ofreció cortar de tajo este problema desde el primer día de su gestión.
Sin embargo este combate a la corrupción dista mucho de ser lo que se prometió, concluyó Mónica Almeida.
laredsocial-primeraplana.com
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