Oaxaca de Juárez, 31 de agosto.
Ellos tienen su lenguaje y se entienden.
Parten de una realidad:
Por principio de autoridad, el gobierno no derogará la reforma educativa y ahora sí vienen en serio descuentos a maestros faltistas, despido a quien acumule cuatro faltas seguidas y, algo más temido, desalojos.
Si eso no bastara, no tardan en reaparecer órdenes de aprehensión contra maestros y dirigentes de agrupaciones solidarias, no por suspender clases o bloquear, sino por crímenes, saqueo de comercios, extorsión a empresas, cobro de derecho de piso y otros delitos graves.
Esto es práctica imperante en Chiapas y creciente en Oaxaca; es copia al carbón del crimen organizado.
El asunto es cómo cada parte, gobierno y CNTE, salva un poco su imagen.
Delitos como crimen organizado
El movimiento no se desmontará de inmediato.
No por dos razones:
Los grupos radicales –guerrilla y cárteles, sobre todo– se niegan a ceder e insisten no nada más en mantener paro y protestas, sino en escalar la violencia y llevar sus bloqueos a otras partes de la República, preferentemente a la Ciudad de México para presionar más al gobierno.
Las partes conciliadoras, por llamarlas eufemísticamente, intentan acuerdos de tolerancia como garantizar la libertad de delincuentes bajo proceso –destacadamente Rubén Núñez y Francisco Villalobos, de la Sección 22– o ejecutar otras órdenes de aprehensión vigentes.
A su vez, la administración de Enrique Peña estudia si aprovecha el creciente enojo de la sociedad hacia quienes han dejado a cientos de miles de alumnos sin clases, atacan a maestros profesionales e inclusive se enfrentan a padres de familia opositores a su causa.
En esas condiciones ambas partes analizan cómo pierden menos, pero la consecuencia será la enunciada aquí el 17 de agosto:
Al final, el gobierno administrará el conflicto y los maestros medirán los tiempos políticos con movilizaciones y repliegues hasta desquiciar al gobierno de Peña y acompañar a su aliado Andrés Manuel López en su tercera candidatura presidencial.
Rolando Zapata se quita el fuero
1. A diferencia de los gobernadores perdedores en junio –Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua…–, quienes buscan prolongar su fuero más allá de su ejercicio, en Yucatán se dan pasos en sentido inverso.
Rolando Zapata ha mandado una iniciativa al Congreso para eliminar esa protección tanto para el gobernador como los funcionarios de primer nivel y miembros de otros órganos de Estado, con excepción de funcionarios judiciales.
Lo hace cuando todavía le resta mucho tiempo en el poder.
Esto permitirá aplicar la ley sin juicios de procedencia a quienes incurran en abuso de autoridad, deshonestidad y cualquier otro delito.
2. El procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer, prosiguió ayer la firma de acuerdos para sumar a las empresas con el fin de atender mejor al cliente, evitar quejas y resolver las existentes.
Ayer correspondió la firma a AT&T, con más de cinco mil quejas propias y heredadas por Nextely Iusacell en el año.
24 Horas
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