La Jornada
Oaxaca de Juárez, 25 de enero. El PAN informó que acompañará la denuncia penal presentada el año pasado ante la PGR por el activista Jaime García Chávez y respaldada por el senador Javier Corral Jurado, contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
El líder nacional del blanquiazul Gustavo Madero Muñoz, exigió al gobierno que dé seguimiento a la denuncia “para que no quede impune ilícito alguno por parte de ningún funcionario público, así sea Gobernador de un estado”.
Demandó que se esclarezca el presunto desvío de recursos públicos realizados a lo largo de tres años por 83 mil millones de pesos de fondos estatales depositados en la Unión de CréditoProgreso, que después se fusionó para tramitar la conformación de Banco Progreso de Chihuahua, entre cuyos socios están el propio Gobernador del estado, el secretario de Hacienda del estado, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento del gobierno estatal.
Sostuvo que el gobernador Duarte se ha conducido de una manera que “rebasa los límites del conflicto de interés para ubicarse en conductas claramente delictivas”.
Enumeró que entre esos hechos presuntamente delictivos están que Duarte se hizo socio del Banco Progreso a través de un fideicomiso de inversión que creó con su esposa en Banorte. El fideicomiso se integró con una aportación de 65 millones de pesos, cantidad que no puede justificar Cesar Duarte con un sueldo mensual de 120 mil 245 pesos desde 2010, que es el que aparece en el Portal de Transparencia del estado y con sus modestas actividades empresariales previas a su mandato.
El gobernador, indica en un comunicado el PAN, se encargó de tramitar, gestionar y promover que esta unión de crédito se convirtiera en el Banco Progreso de Chihuahua. Añade que de manera injustificable, su Gobierno depositaba permanentemente fondos públicos en la Unión de Crédito que habría de convertirse en el banco del cual el gobernador es accionista generando un evidente conflicto de interés.
Recordó que la denuncia se presentó en septiembre pasado ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General del estado.

