A un año del derrumbe en Coahuila: la espera sin fin de los 10 mineros sepultados a 60 metros bajo tierra (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de agosto. El 3 de agosto de 2022, 10 mineros quedaron sepultados bajo el derrumbe del pozo de carbón del Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Un año después, los cuerpos continúan bajo tierra. Lo que en los primeros días tras el desplome fue una lucha frenética y desesperada para rescatar con vida a los obreros, se ha transformado ahora en un paréntesis eterno; un duelo en diferido con el único objetivo de recuperar los restos, celebrar un funeral y enterrarlos por fin en tumbas con nombres y apellidos en las que poder llorar a los muertos, llevar flores, cerrar una experiencia traumática.

El rescate de los cuerpos es un proceso lento. Después de cuatro meses de aparente inactividad, en diciembre pasado la CFE (Comisión Federal de Electricidad) comenzó a dinamitar el Pinabete. El objetivo era abrir un enorme tajo para acceder a los restos de los mineros, que se encuentran a unos 60 metros bajo tierra. El principal problema es que las galerías estaban anegadas de agua por la cercanía con el río Sabinas.

Estos días, los equipos de salvamento están un poco más cerca de conseguir su objetivo. Los familiares confían en recuperar los cuerpos en uno o dos meses. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, estimó en febrero que se lograría dar con los cadáveres en diciembre, pero los cálculos oficiales ya han errado más de una vez: a finales de agosto, Protección Civil planteó un plazo de entre seis y 11 meses, después de llevar semanas extendiendo la idea de que el rescate era inminente.

“Ha sido un proceso difícil, de estar yendo a citas con psicólogos. Mis hijos no lo superan, es muy diferente cuando te dicen ‘falleció una persona’ y lo ves, está en una caja, lo sepultas, sabes dónde está enterrado. Nosotros sabemos dónde está, pero no tenemos acceso a esa parte del tajo”, explica Carolina Álvarez, viuda de Jorge Luis Martínez, uno de los mineros sepultados. “[Recuperar los cuerpos] es algo que necesitamos todos para estar tranquilos, en paz. Hay momentos de angustia, de soledad, donde uno se pone a pensar muchas cosas y ya quieres que esto se acabe. No por el cansancio de ir todos los días [al tajo], no es eso. Ya no es el corazón, es el alma lo que te duele demasiado. Más a mis hijos, se me hace que es algo que ya necesitan para estar en paz”.

De la esperanza a la rabia

El pasado agosto, los alrededores de la mina de El Pinabete eran un escenario adrenalínico de soldados, equipos de salvamento, familiares que se negaban a irse a casa, vecinos que se acercaban a dejar víveres. Pese a lo improbable del rescate, en el ambiente flotaba un cierto aire de esperanza, de confianza en volver a ver a los 10 hombres con vida. Cada minuto era importante, cada pequeña novedad se veía como una posibilidad de avance. Los días fueron pasando y la esperanza dio paso a a un estado de agonía, frustración y rabia.

El 29 de agosto, Andrés Manuel López Obrador dio por muertos a los mineros. Lo hizo de una forma sutil: en su discurso diario en las mañaneras, que en aquellos días estuvieron plagadas de preguntas sobre el estado de los 10 hombres, dejó de hablar de “rescate” y se refirió a la tragedia como un operativo para “recuperar los cuerpos”. La noticia no cayó bien entre los familiares, que tuvieron que aceptar a regañadientes lo que era obvio: ningún ser humano puede sobrevivir un mes en un derrumbe a 60 metros de profundidad, sin agua potable ni comida, en la oscuridad más absoluta.

Llamar accidente al derrumbe sería injusto. Era, más bien, una tragedia esperando a ocurrir. La explotación del Pinabete era irregular: unos pozos por los que apenas cabía el precario ascensor por el que descendían los mineros. No tenía las condiciones de seguridad más básicas, como un listado de quién entraba y salía. Se encontraba, además, pegado a la antigua mina de Las Conchas, abandonada décadas atrás. El río Sabinas, a unos escasos centenares de metros, fue inundando durante años las galerías abandonadas de Las Conchas.

El 3 de agosto, mientras los mineros trabajan en los pozos, un estruendo profundo y seco hizo temblar el suelo alrededor del Pinabete. Era el agua acumulada en Las Conchas, que finalmente había logrado abrirse paso entre las grietas del subsuelo y barría a toda velocidad las galerías donde picaban los obreros. Unos pocos consiguieron escapar. Los 10 más desafortunados quedaron abajo.

Los familiares de las víctimas celebrarán este jueves una misa donde antes estaban los pozos, en honor a los mineros. Las viudas no han dejado de acudir para comprobar que las operaciones continúan. “Nosotras nos desesperábamos porque no veíamos avance. Tenemos las manos atadas y solo podemos esperar a que ellos hagan su trabajo, pero ya de unos meses a la fecha vemos el avance. Nos tiene más tranquilas, no como al principio que veíamos demasiada agua por todas partes”, dice Álvarez.

La mujer cuenta que Protección Civil (PC) les ha prometido hacer un recorrido por el tajo el día 15: “Ya es muy poca agua lo que queda, en el transcurso de estos días esperan no tener nada de agua para empezar el rescate”. Un equipo de antropólogos forenses comenzará a rastrear el terreno para exhumar los restos. Este diario ha contactado a la coordinadora de PC, Laura Velázquez, encargada del trato con los familiares, pero al cierre de esta nota no ha obtenido respuesta.

Indemnizaciones y arrestos

Para las familias, en agosto comenzó una batalla doble. Por un lado, el duelo por ver morir a un ser querido. Por otro, una lucha por las indemnizaciones. El Gobierno aportó a cada viuda 4,7 millones de pesos (unos 250.000 dólares). Álvarez explica que, en su caso, recibe además desde hace unos meses una pensión de viudez y otra de orfandad para sus dos hijos, un total de 12.000 pesos (700 dólares) al mes. Minera El Pinabete, la empresa responsable de la explotación, se ha declarado en bancarrota. Después del derrumbe, la compañía se comprometió a abonar a las esposas el sueldo de sus maridos —o por lo menos un porcentaje— hasta que concluyera la recuperación de los restos. Al principio, la empresa proporcionaba un salario de unos 4.000 pesos semanales, pero en octubre el dinero dejó de llegar. Hasta ahora.

Por el momento, hay dos detenidos por el derrumbe. El primero fue Cristian Solís Saavedra, una especie de capataz que fue apresado en septiembre. Las familias lo consideran un mero “prestanombres”, un testaferro que solo figuraba en los contratos como responsable legal en caso de que hubiera algún problema. En mayo, fue apresado también Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los presuntos dueños de la compañía, acusado de “delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación”. Un tercero, Arnulfo Garza Cárdenas, se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional de la Interpol.

La Fiscalía General de la República considera que García Luna Acuña, Solís Saavedra y Garza Cárdenas “incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo”. Sin embargo, la compañía de El Pinabete tenía un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera entre 2020 y 2024.

La CFE es señalada por los expertos en minería y las familias de las víctimas como otro culpable en la sombra de la tragedia. El organismo es la pieza clave en la reforma eléctrica de López Obrador. El 99% de carbón que compra procede de la región carbonífera de Coahuila.

Lejos de implementar nuevas medidas de seguridad después del desplome, la actividad en las minas de Coahuila continúa igual. Este julio, dos hombres murieron en otro accidente en un pozo, también en Sabinas. Se suman a una lista que se amplía año tras año. Según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón a finales del siglo XIX más de 3.100 mineros han muerto en esa región.

La zona es pobre y las únicas alternativas laborales están en las minas o las maquilas, más seguras, pero mucho más precarias. Los expertos denuncian que, si no se proporcionan nuevas salidas económicas ni se regulan las condiciones de seguridad en los pozos, Coahuila seguirá sumando mineros muertos.

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