Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Con la denominada “verdad histórica” sobre la incineración de 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, descartada por el actual Gobierno y diversas organizaciones, este jueves se cumplen cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, sin que haya justicia para las familias y, lo más importante, que se conozca el paradero de los estudiantes.
De acuerdo con información oficial, la investigación iniciada tras los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 consta de 791 tomos, y ha pasado por las gestiones de tres procuradores: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Alberto Elías Beltrán (encargado de despacho), y un fiscal general, Alejandro Gertz.
Desde el día de los hechos hasta agosto de 2018 fueron consignadas 169 personas, 142 de las cuales fueron detenidas: 55 policías de Iguala, 20 de Cocula y 67 presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos. A la fecha, 77 han sido liberadas y 65 siguen detenidas mientras concluye su proceso; ninguna ha sido sentenciada.
La desaparición de los normalistas generó desde un inicio muestras de indignación social y solidaridad con las víctimas, tanto a nivel nacional como internacional, así como interés académico: a la fecha se han escrito más de 35 libros sobre el caso.
Las dudas respecto a la investigación oficial llevaron al Gobierno a permitir la participación de grupos externos de prestigio mundial, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Hay al momento dos grandes recomendaciones hechas por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con al menos tres mil fojas de análisis y por lo menos 10 posibles paraderos de los normalista, además de que el organismo nacional más 200 líneas de investigació e interpuso más de 250 demandas penales en contra de funcionarios del sexenio anterior.
La Razón
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