Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. Los datos de las fiscalías y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre diez delitos de alto impacto indican diversos tipos de “alerta” sobre su confiabilidad. 
Los delitos seleccionados presentan alertas de variación porcentual atípica, con disminuciones o incrementos superiores a un 50%.
Homicidio doloso (asesinatos), feminicidio y secuestro concentran las principales alertas por posible reclasificación y subregistro.
Ante las dudas razonables que generan algunos registros de incidencia delictiva, reportados por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Causa en Común analizó diez delitos de alto impacto mediante una clasificación con cinco tipos de alerta: variación estadística atípica, posible reclasificación, subregistro, opacidad por desapariciones y presentaciones propagandísticas de las cifras.
El análisis, que compara el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, identifica patrones que requieren explicación, revisión o incluso auditoría. Ciertamente, las alertas no constituyen por sí mismas prueba de manipulación, pero sí señalan inconsistencias que impiden asumir que una reducción en los registros administrativos equivale a la misma reducción en los delitos. La ausencia de una alerta tampoco significa que las estadísticas sean precisas o estén libres de inconsistencias.
Los diez delitos analizados —homicidio doloso (asesinatos), feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a transportista con violencia–, presentan al menos una alerta.
Entre los principales hallazgos destacan:
Los diez delitos analizados presentaron variaciones estadísticas atípicas, con incrementos o disminuciones relevantes respecto del mismo periodo de 2025. Por ejemplo, Zacatecas reportó una disminución de 62% en las víctimas de homicidio doloso respecto del primer semestre de 2025.
Nayarit reportó una disminución de 82% de los feminicidios, mientras que Zacatecas reportó un incremento de 600%. Aguascalientes reportó 94% menos extorsiones, y Chihuahua informó de un incremento de 2,325% en el mismo delito. Guanajuato reportó 50% menos casos de narcomenudeo y Veracruz un incremento de 132%.
Algunas entidades incluso eliminaron la incidencia de delitos como secuestro, robo a transeúnte con violencia o robo a transportista con violencia, al reportarlos en ceros. Por ejemplo, Nayarit informa que ya no ocurren robos a transeúnte o a transportista con violencia, y que tampoco se habrían registrado víctimas de trata de personas en la entidad.
En el caso del homicidio doloso (asesinatos), se concentró el mayor número de alertas, en buena medida porque es el delito para el que existen más referentes para contrastar los registros gubernamentales. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó del registro de 27,989 asesinatos durante 2025, mientras que el SESNSP reportó 24,344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio: una diferencia de 3,645 víctimas.
De especial relevancia es la alerta de opacidad por desapariciones: en algunas entidades, el número de personas desaparecidas supera el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo que plantea una interrogante sobre la dimensión de la violencia letal que las estadísticas oficiales presentan. Además, al ser utilizados los asesinatos como el principal indicador del desempeño gubernamental en materia de seguridad, es patente el esmero en difundir presentaciones que favorezcan la idea de que las supuestas reducciones en homicidios son aún mayores que lo que indican sus propios datos.
Por ejemplo, durante las conferencias matutinas del periodo se utilizaron gráficas que colocan los promedios diarios de homicidio visualmente cercanos a la línea cero. También se utilizaron comparaciones entre septiembre de 2024 y junio de 2026 para reportar reducciones considerablemente mayores a las que arroja un comparativo elemental con el mismo mes del año anterior.
Además del homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el robo de vehículo con violencia y el robo a transportista con violencia presentaron alertas por posible subregistro, a partir del contraste con otras fuentes de información, y de casos documentados que no encuentran correspondencia clara en los registros oficiales. Por ejemplo, Puebla reportó cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.
Homicidio doloso, feminicidio y secuestro presentaron alertas por posible reclasificación. Por ejemplo, San Luis Potosí reportó 30 víctimas de homicidio doloso y 136 víctimas de “otros delitos contra la vida”; Guanajuato reportó 13 víctimas de feminicidio, frente a 100 mujeres víctimas de homicidio doloso; y la Ciudad de México reportó cinco víctimas de secuestro, frente a 1,735 víctimas de “otros delitos contra la libertad”.
El análisis que se presenta adquiere relevancia en un contexto en el que la supuesta reducción de indicadores delictivos es central para la propaganda oficial. Es claro que una disminución en los registros administrativos no necesariamente equivale a una disminución de los delitos, no sólo por la denominada “cifra negra” (93% de los delitos no son denunciados), sino porque se incrementan las dudas sobre la forma en que los delitos que son registrados, clasificados, comparados y comunicados.
Para fortalecer la calidad y confiabilidad de las estadísticas de la inseguridad, Causa en Común propone:
Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana, incluyendo mecanismos vecinales y vías digitales.
Fortalecer los sistemas de información y las capacidades tecnológicas del SESNSP para recopilar, analizar y difundir información.
Homologar los criterios de recopilación, sistematización y registro de información entre policías, fiscalías y demás instituciones de seguridad y justicia.
Realizar auditorías periódicas e independientes de los registros estatales y federales de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que presenten anomalías.
Capacitar y establecer mecanismos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas para los servidores públicos responsables de generar información estadística.
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