Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió sobre los riesgos que podrían representar para la libertad de expresión, la libertad religiosa y la independencia editorial algunos aspectos del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometido a consulta pública. 
En un mensaje publicado este 13 de agosto, los obispos mexicanos reconocieron la importancia de proteger los derechos de quienes consumen contenidos de radio y televisión, pero señalaron que dicha protección no debe llevar a que una autoridad determine qué puede considerarse verdadero o falso.
“Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad”, señaló la CEM, que resumió su postura en otra frase: “La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.
El pronunciamiento se da en el contexto de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que se realiza del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias.
¿Qué preocupa a los obispos sobre los derechos de las audiencias?
La CEM aclaró que comparte el objetivo de garantizar los derechos de las audiencias y reconoció varios aspectos positivos de la propuesta.
Entre ellos mencionó la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos, el derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo del país y la protección especial de grupos vulnerables frente a la manipulación, la publicidad engañosa y contenidos que atenten contra la dignidad humana.
Sin embargo, los obispos advirtieron que el modo en que estos derechos sean garantizados resulta fundamental.
Uno de los principales puntos de preocupación es la posibilidad de que una autoridad administrativa califique información difundida por los medios como “falsa” o “descontextualizada”, conceptos cuyos límites, según advierte la CEM, no están suficientemente definidos.
Para el Episcopado, una facultad de este tipo, acompañada de eventuales sanciones, podría terminar sometiendo el ejercicio periodístico a “criterios oficiales de veracidad” y representar un riesgo para la libertad de expresión.
CEM pide garantizar la libertad religiosa
Otro de los aspectos señalados por los obispos es la libertad religiosa, que comprende el derecho de las personas a profesar y divulgar sus creencias, tanto individual como colectivamente y en espacios públicos y privados.
Esta protección, señaló, debe beneficiar tanto a las distintas confesiones religiosas como a quienes no profesan ninguna, de manera que sus convicciones no queden sujetas a juicios administrativos sobre su veracidad ni a etiquetas obligatorias.
El Episcopado recordó además una particularidad de la legislación mexicana: las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión, por lo que considera especialmente importante garantizar que sus voces formen parte del pluralismo presente en los medios.
Obispos advierten sobre la independencia editorial de los medios
La CEM también expresó preocupación por la independencia editorial. De acuerdo con el documento, el proyecto contempla facultades de la autoridad para revisar y validar los Códigos de Ética de los medios, documentos en los que estos expresan su identidad, misión y valores.
Asimismo, señala que la autoridad podría revisar en última instancia las decisiones tomadas por los defensores de las audiencias y ordenar la rectificación o modificación de contenidos. Para los obispos, esto podría afectar la capacidad de los propios medios para autorregularse:
“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, señala el mensaje.
CEM llama a los católicos a participar en la consulta
Ante estas preocupaciones, el Episcopado hizo un llamado explícito a participar en la consulta pública antes de que concluya el próximo 21 de agosto.
La invitación está dirigida especialmente a fieles laicos, comunicadores católicos, universidades e instituciones educativas, colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil y a toda la ciudadanía.
“La participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”, sostiene.
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