Último informe del gobernador del Estado
Abel Santiago
Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Como ha ocurrido con los informes de gobierno, ya sean federales o estatales, han dejado de tener interés para el pueblo, que sabe bien sólo se trata de mentiras y discursos demagógicos, pues la actividad oficial la conoce de sobra por las notas periodísticas, los boletines de prensa y los noticieros de radio y televisión. Los llamados mensajes políticos, que algún interés tuvieron en otro tiempo porque al menos anunciaban un cambio, como aumentos salariales, ahora a nadie llaman la atención. En el caso del gobernador de Oaxaca, que acaba de entregar al nuevo Congreso del estado su último informe, ha recibido el desprecio unánime, porque el balance general de su sexenio es negativo y fraudulento, por el engaño de que se trataría de un gobierno del cambio y resultó peor que sus antecesores, o más de lo mismo siendo benevolentes, con la agravante de complicidad y tolerancia a la corrupción e impunidad. Esto es lo superficial, lo que el pueblo ha visto, sin entrar en detalles que denuncian los que han investigado y comprobado a fondo su actuación antipopular, más no las críticas infundadas y hasta calumniosas de los resentidos y traidores como las de Benjamín Robles Montoya. La actuación administrativa del gobernador seguramente fue planeada y bien meditada, por eso ordenó al inicio de su gobierno que no se investigara y menos se actuara en contra de su antecesor, el saqueador Ulises Ruiz Ortiz, que resultó un aprendiz en comparación con el que afortunadamente ya se va, posiblemente también con pleno disfrute de impunidad.
Lo que al pueblo le consta y reprueba, en primer lugar, es la ingobernabilidad que prevaleció a lo largo del sexenio, en la que cualquier grupo, siguiendo el ejemplo de la corrupta dirigencia magisterial, bloqueó calles, establecimientos públicos, privados y oficiales, cerró carreteras, robó e incendió automóviles y camiones para satisfacer sus bastardas ambiciones, recibiendo al mismo tiempo, según se comenta, elevadas cantidades de dinero como subsidio, por las que se endeudó al erario público, dejando a medio construir las pocas obras que se iniciaron, que no se terminaron por falta de recursos, es la versión oficial. La ingobernabilidad también se puso de manifiesto con la total libertad de los grupos porriles existentes en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que han terminado por desprestigiar a esta grandiosa institución académica, en otros tiempos ejemplo de los grandes centros de educación superior. Su decadencia se inició con el rector Felipe Martínez Soriano, y ha continuado hasta la fecha, en la que el presupuesto y subsidios gubernamentales de los disputan siete sindicatos manejados por porros, que hace algunos años incendiaron su histórico paraninfo y el jueves pasado la puerta de acceso a la calle de Alcalá, mientras la complaciente policía observaba el enfrentamiento entre porros y estudiantes, con el dominio de los primeros, por la vigencia de la impunidad y la tolerancia de las autoridades universitarias y estatales.
Durante la “glosa” de este último informe de gobierno, los miembros del gabinete que han acudido al Congreso local no han podido explicar su desempeño, realizado de acuerdo con el gobernador. El de finanzas, Enrique Arnaud Viñas tuvo que aceptar que heredará al próximo gobierno, pasivos por dos mil 200 millones de pesos, y una deuda pública de 14 mil millones. Aun así, rechazó el reclamo de que exista quebranto económico, y que los acreedores, que son todos los que abastecen al gobierno, podrán cobrar con documento en mano en la próxima administración. ¿Por qué este señor puede asegurar que el gobernador entrante pagará las deudas que deja el actual? Esta es la peor forma de engañar a los comerciantes y empresarios que tienen tratos con el gobierno. Durante la comparecencia del secretario general de gobierno, los integrantes de la LXIII Legislatura criticaron la falta de gobernabilidad en el estado, las constantes tomas de oficinas, cierres de calles y cruceros, así como los crímenes con tintes políticos cometidos durante esta administración gubernamental. Sin embargo, el funcionario tuvo la suficiente frescura para asegurar que se garantizó la gobernabilidad y paz para la transición del primero de diciembre. Agregó que la gobernabilidad en el estado se consolida, “lo que garantiza una transición y alternancia madura, profesional, despojada de egoísmos y visiones cortas.” En respuesta, diputados del PRI expresaron que el estado se encuentra sumido hace ya tiempo, en una crisis que día a día se agrava y parece no tener fin. Repitieron lo del cierre de vialidades en todo el sexenio, y en muchas ocasiones el cierre en forma violenta de los complejos de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, lo que se ha repetido en muchas ocasiones en la mayoría de los grandes centros comerciales.
Durante la comparecencia del secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, los legisladores le reprocharon la falta de transparencia en el uso de los recursos estatales y el fracaso del proyecto SitiOax, a lo que el funcionario respondió que se concentraron los esfuerzos en los rubros de modernización administrativa para optimizar los recursos materiales y humanos, lo que ha resultado increíble porque ninguno de los miembros del gabinete pudo demostrar en qué se invirtieron las grandes cantidades que desaparecieron de las arcas públicas, más el monto del enorme adeudo que se hereda a la siguiente administración. El propio gobernador ha sido omiso en ese rubro, aunque se suponen dádivas a líderes de sedicentes luchadores sociales, y a algunos grupos que acuden en demanda de apoyos económicos, como los que se dijeron defraudados por cajas de ahorros y préstamos fraudulentos que se declararon en quiebra y a ex braceros, mientras a los acreedores se les manda a la que se presume buena voluntad del gobernador entrante, del que ahora sí se espera una actitud positiva y dinámica para acabar con la impunidad, aunque la corrupción quede en veremos.
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