Edwin Meneses
Salina Cruz, Oax. 13 de enero. Personal del Tribunal Unitario Agrario llevó a cabo una diligencia de inspección en el panteón ubicado en la agencia municipal de Boca del Río, en el municipio de Salina Cruz, como parte de un juicio agrario vigente desde 2018, relacionado con la propiedad legal de los terrenos donde actualmente se realizan sepulturas.
La diligencia fue encabezada por una actuaria del Tribunal Agrario, quien acudió al sitio para constatar el estado físico del predio y notificar formalmente a las partes involucradas, entre ellas a autoridades municipales, sobre la situación jurídica que guarda el terreno.
Durante la inspección estuvieron presentes representantes del ejido Boca del Río, quienes señalaron que el predio continúa siendo propiedad ejidal y que existe una medida precautoria emitida desde 2016, la cual prohíbe cualquier modificación o uso del terreno, incluidas las inhumaciones, mientras no exista una resolución definitiva del juicio.
A pesar de dicha restricción, reconocieron que en los últimos años se han realizado sepulturas sin el consentimiento de la asamblea ejidal, aun cuando el litigio permanece sin resolverse.
El comisariado ejidal Asunción García Márquez, indicó que la asamblea nunca autorizó la venta ni el cambio de dominio del predio, por lo que los documentos con los que se ha pretendido operar el panteón fueron elaborados “a espaldas del ejido” y carecen de validez legal.
Asimismo, advirtió que si el panteón operara de manera legal no se habría procedido al sellado del acceso, situación que quedó evidenciada durante la diligencia y que incluso impidió el ingreso de familiares que acudieron al lugar a dejar flores a sus difuntos.
Mientras se realizaba la inspección, un grupo de ciudadanos que acudió a visitar las tumbas denunció haber sido presuntamente defraudado por el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, así como por la encargada del área de panteones, luego de que se les cobrara un permiso para sepultar a un familiar en ese lugar, sin informarles que el predio se encuentra en litigio.
Los afectados señalaron que realizaron todos los trámites y pagos solicitados, confiando en la legalidad del permiso otorgado por las autoridades municipales.
Sin embargo, al encontrar el panteón cerrado y conocer la situación legal, exigieron una solución inmediata, la devolución de los recursos cobrados o la regularización de los espacios, además de pedir que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados, al asegurar que no se trata de un caso aislado y existen más familias afectadas.
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