Se anuncia mayor austeridad para el pueblo
Abel Santiago
Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. En toda la República, pero sobre todo en las entidades con mayores índices de pobreza, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se resentirá más el incremento a los artículos de primera necesidad y en los servicios básicos, como consecuencia del reajuste presupuestal y su reducción en salud, educación y prestaciones sociales y económicas. Son las esperadas consecuencias de la aprobación por los tres principales partidos políticos de las reformas estructurales, producto del Pacto por México, avalado por todos los partidos, con excepción de Morena que aún no contaba con registro oficial. Sin embargo, con el mayor cinismo una diputada perredista declaró, en relación con la crisis que se acentuará a principios del año próximo, que en el “PRD hemos sido claros en nuestra postura, no queremos más afectaciones a la economía de las familias mexicanas, dado que 2016 es un año difícil para todos los sectores al no crecer ni el empleo ni la inversión”, pero finge ignorar, como todos sus compañeros legisladores, que esto se debe a su aprobación cómplice de todas las iniciativas de ley presidenciales, ahora del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2017. En cuanto a la reforma energética, por la que se siguen aumentando los precios de gasolina y electricidad, dijo: “No confiamos en las medidas propuestas, pues no han sido demostrados los beneficios recibidos, además de que el Ejecutivo Federal la anticipó en la discusión de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos”, lo que también ya sabían, pero a pesar de todo las declaraciones partidistas no se manifiestan con energía en las sesiones del Congreso, se reservan para la demagogia y la publicidad.
La dirigente en el estado del partido Morena hizo referencia a que es injusto que la mayor parte de mexicanos estén sujetos a un régimen muy estricto de vigilancia y regulación, que resulta oneroso y terminan pagando los mismos contribuyentes, mientras empresas como OHL e Higa son favorecidas por las leyes fiscales, pero que aparte de las leyes tienen prioridad y en muchos casos exclusividad en contratos, como se ha denunciado en muchas ocasiones, sin que en nada sean afectadas, porque gran parte de sus utilidades son compartidas con la plana mayor de funcionarios de alto nivel, empezando con los de la propia Presidencia de la República, que siguen permitiendo la impunidad y la corrupción, aun cuando hasta se legisle para combatirla. En relación a los llamados partidos de izquierda, que también comparten las utilidades ilícitas, la dirigente de Morena señaló que manejan un doble discurso, pero que en los hechos concretos aprobaron por unanimidad la Ley de Ingresos. En el mismo caso se encuentra la ultraderecha representada por Acción Nacional, aliada tradicional del oficialismo priista y de su incondicional Verde Ecologista, al que por su servilismo se le permitió continuar disfrutando del registro que ya se le había cancelado, como se le han cancelado las multas simuladas que le impone el Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con la información periodística, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria denunció que en la configuración de los ajustes al presupuesto, propuestas en el Paquete Económico para 2017, se preserva la desigualdad y frenan el desarrollo económico por su disminución presupuestaria en relación a 2016, así como por su reducción al campo, turismo, comunicaciones, educación, cultura y mayor limitación a los salarios, mientras se disparan los de honorarios, dietas, compensaciones y sueldos de diputados, senadores y todos los funcionarios públicos de mediano al más alto nivel. Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio señaló que la inversión productiva para 2017 tendrá una reducción de 27 por ciento respecto al presupuesto de este año, lo que impactará los esfuerzos para que crezca la infraestructura. Dijo que con esta medida se afectarán proyectos y expectativas de desarrollo, crecimiento del sector y generación de empleos, que es lo que más requiere el país en estos meses de crisis económica. Sugirió que la reducción sea al gasto público, sobre todo al gasto corriente del gobierno, para hacer frente al choque generado por la caída de los precios petroleros, lo que es mínimo porque la mayor parte del fracaso económico es el despilfarro y endeudamiento del país para fines ajenos a su desarrollo.
El periodista Enrique Galván Ochoa comentó en su columna que los 50 mil 300 millones de pesos que se repartirán los partidos políticos en el Congreso, mediante una ampliación artificial del presupuesto federal de 2017, será su retribución por aprobar un endeudamiento extraordinario al gobierno federal. Desde luego esta es una demostración más de por qué su aprobación al presupuesto del año próximo, con el que se anticipa una desmedida austeridad para el pueblo, con la consiguiente carestía de todos los bienes y servicios. En estas condiciones, es oportuno recordar que también el año entrante se inician formalmente las precampañas para la sucesión presidencial, y que el priato anticipa su derrota y la de los partidos que lo secundan en estas medidas antipopulares. Algunos precandidatos ya se han destapado, y el rechazo de la ciudadanía no se ha hecho esperar. Entre estos figura el perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa, caracterizado por ser uno de los peores gobernantes que ha tenido el Distrito Federal, y el más corrupto, dedicado principalmente a explotar a los automovilistas a través de los verificentros y corralones, prohibiendo además el acceso a la ciudad capital a los automovilistas de provincia, seguramente por improductivos para sus bolsillos. El repudio generalizado a su precandidatura es una prueba de la reacción ciudadana, con lo que a la mayor crisis económica se sumará la política y social, como culminación de este sexenio que ha borrado todos los posibles valores que pudo haber tenido en algunas épocas el Partido Revolucionario Institucional.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
Compartir
