Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Morena y sus aliados no ganaron en las urnas la mayoría calificada en el Senado (dos tercios de los legisladores presentes ) que les permitirá hacer lo que les dé la gana con la Constitución.
Les faltaron tres escaños para alcanzar los 86 senadores requeridos, pero rápidamente convencieron a los ex perredistas, Araceli Saucedo y José Sabino, de que se unieran a la bancada de Morena.
Ya nada más necesitan uno para alcanzar esa mayoría constitucional en la Cámara alta. La pregunta ayer en los corrillos del Senado era ¿Quién será el traidor?
Medios de cooptación le sobran al oficialismo. Senadores de la oposición dispuestos a ausentarse por enfermedad el mero día tampoco faltan. Lo hemos visto una y otra vez.
El ahora morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró ayer que ya tienen los dos tercios que requiere la mayoría calificada.
“Tenemos la mayoría calificada. Estamos inclusive sobrados. Ya lo verán el día de la votación”, afirmó a pregunta expresa.
Sobre el tema, el panista Ricardo Anaya formuló un deseo que parece sueño: ojalá no haya un “Judas” entre los 43 senadores de la oposición.
“Llegó el momento, tan pronto como la próxima semana, que quedará clarísimo cómo votamos cada una y cada uno, y nos tendremos que hacer cargo de nuestro voto con la implicación que tendrá en la historia del país”, dijo el ex candidato presidencial del PAN.
Más adelante aseguró: “nadie del PAN se va a doblar”.
¿Será del PRI el traidor? ¿Será del MC? El miércoles será público. Se van sorprender.
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Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que presiden respectivamente Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, convocaron ayer a reunión el próximo domingo a las 13 horas.
En la agenda de ese cónclave: el dictamen de la controvertida minuta de la reforma judicial que aprobaron los diputados del oficialismo.
La aprobación se dio a pesar de que había dos suspensiones de jueces que impedían a los diputados discutir la reforma. Las dos órdenes judiciales fue olímpicamente ignoradas.
¿Es ése el ejemplo de los que quieren reformar el sistema de justicia? Puede ser que los legisladores del oficialismo tengan razón, pero hay que combatirlas legalmente. Violarlas no es el camino.
Aun así, la jueza quinta de Distrito en Morelos, Marta Magaña López, concedió una suspensión definitiva para impedir que se concrete la aprobación de la Reforma.
Falta la aprobación del Senado y de, por lo menos, 17 congresos locales, antes de que se publique en el Diario Oficial.
“Es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, alega la jueza Magaña.
Me atrevo pronosticar que los senadores del oficialismo también la van a ignorar.
Poco después de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y turnarla a comisiones, Fernández Noroña, anunció que el próximo martes se le dará primera lectura y el miércoles se debatirá y se aprobará en el pleno.
“No hay poder en la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el dos de junio de que las personas juzgadoras se elijan por voto universal, secreto y directo. La mitad de lo juzgadores (se eligen) en junio del 2025 –tanto federales como locales– y la otra mitad en junio de 2027.”
Interrogado sobre si tienen contemplada la posibilidad de sesionar en sede alterna, como ocurrió en San Lázaro por el bloqueo de las puertas por parte de los trabajadores del Poder Judicial, respondió: “Para no generar ninguna confrontación, ningún conflicto, ningún acto que pueda ser considerado como represión no descartamos la posibilidad de irnos al Centro Bancomer en Santa Fe o en Xicoténcatl, que es parte del Senado”, dijo.
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Las reacciones por la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados se dejaron venir. La Academia Mexicana de Derecho Internacional subió a sus redes un comunicado en el que expresa su profunda preocupación y desacuerdo respecto a la reforma:
“La independencia del poder judicial es fundamental para la impartición de justicia, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes. La reforma actual podría comprometer la autonomía e imparcialidad del sistema judicial, lo que tendría graves consecuencias para el estado de derecho y la confianza en las instituciones mexicanas”.
La citada Academia pide lo imposible a estas alturas: un “diálogo constructivo” con la comunidad jurídica y la sociedad civil para fortalecer el sistema judicial y garantizar su independencia.
Firman el comunicado Manuel Reguera Rodríguez, presidente de la academia; Alfonso Muñoz de Cote, Vicepresidente; y Carlos Roman y Micha, secretario general.
FIN.
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