Hermógenes Beltrán García
Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. El derecho a la vida lleva implícito el derecho a la seguridad personal, familiar, comunitaria, estatal y nacional y en esa senda debemos compartir el llamado a la seguridad que hicieron organizaciones diversas que se han dado a conocer por diferentes formas, algunas discutibles pero en el fondo tocan las fibras sensibles de toda sociedad, tienen en común su interés por la seguridad societaria y dicen en su comunicado que retomamos en su fondo con cambios de forma pero lo esencial es evidente.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil manifiestan: es derecho de los pueblos, comunidades y sus habitantes contar con condiciones que garanticen su desarrollo social en paz y seguridad, libre de violencia y criminalidad, es condición necesaria al ejercicio de la libertad de todos los que habitamos el Estado de Oaxaca.
Vemos con preocupación la inseguridad que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI señala: el porcentaje de personas mayores de 18 años considera que vivir en Oaxaca es peligroso, las cifras aumentaron de 68.6 en marzo a 82.6 en diciembre 2016; el 85 % de oaxaqueños opinan que el gobierno fue ineficiente para atender sus problemas de delincuencia: robos, extorsiones, secuestros y fraudes entre otros asuntos. ¿Algo ha cambiado? ¡Sí! crece el fenómeno de inseguridad
Que la mayoría de los ciudadanos no denuncian sucesos de inseguridad, según investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados; en 2015 las “cifras negras” de delitos no denunciados aumentaron 94.8 % consideran pérdida de tiempo, desconfían de la autoridad y 92.2 % de ciudadanos percibe que la corrupción es muy frecuente en el estado según cifras del INEGI.
Es común que en cualquier reunión de trabajo o familiar se comparta sucesos de inseguridad que se vive en diferentes ciudades y comunidades del estado. El Observatorio Nacional Ciudadano dice: a principios de año se reflejó en Oaxaca los delitos a la alza fueron: secuestro, robo con violencia, robo de vehículos, robo a negocios y transeúnte; esta realidad agudiza problemas sociales y estructurales por pérdidas económicas y materiales, detener la inversión económica e incrementar el cierre de negocios con la pérdida de empleos.
Desafortunadamente esto se ha ido normalizando en la sociedad, pone en evidencia la vulnerabilidad en la que nos encontramos los ciudadanos sin que exista una estrategia integral clara de niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población.
Es alarmante, como Sociedad Civil hacemos un llamado enérgico al Gobierno Federal y al estatal para que garanticen la seguridad de todos los que habitamos el estado de Oaxaca y cumplan el mandato del 21 constitucional: la seguridad pública es función a cargo de la Federación, entidades federativas y Municipios: prevención de delitos; investigación y persecución a hacerla efectiva, sanción de infracciones administrativas, en términos de ley, en su competencias que la Constitución señala. La actuación de instituciones de seguridad pública se regirá por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución
La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona en su artículo 3º “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” por eso dicen: queremos respuestas claras ante la inseguridad, exigimos estrategias efectivas a sanear y depurar instituciones federales y estatales de seguridad pública y no corrompidas por la delincuencia organizada, todo con apego a la ley y derechos de todos.
Hacen un llamado a la sociedad civil y a la población en general, enfrentar esta situación lamentable y fortalecer lazos comunitarios que ha caracterizado a Oaxaca, cuidarnos entre nosotros a construir mejor futuro a las generaciones que vienen. Resaltamos, el papel de Organizaciones de la Sociedad Civil es y seguirá siendo fundamental en el estado mexicano, nuestro actuar va más allá de interés político o clientelar. El Estado tiene la obligación de procurar un entorno favorable para que éstas lleven a cabo su quehacer a favor de la sociedad
Nos preocupa a los que vamos de salida ¿qué futuro heredaremos a las nuevas generaciones? y por esa senda se nota el interés de las organizaciones que se aglutinan y no solo merecen nuestras felicitaciones sino la solidaridad en su empeño como estas líneas.
No apostemos que la sociedad se incline por hacer justicia por propia mano, no es posible que grupos de intereses cometan desmanes y sus dueños sean “placeados” por los partidos políticos y los exhiban y presenten con el titular del ejecutivo del estado o exijan “mesas de diálogo” para que les cumplan sus caprichos que son por millones de pesos, ¿Será posible? hbeltrang@hotmail.com
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