San Raymundo Jalpan, Oax, 25 de mayo. Mujeres integrantes del colectivo Brigada Violeta, solicitaron al Congreso de Oaxaca la aprobación de la Ley 3 de 3, que hasta el momento 23 legislaturas locales en el país, han avalado.
Este miércoles, lideradas por su dirigente Daniela Taurino, entregaron a las legisladoras de la Diputación Permanente de la 65 Legislatura del Estado, la cual preside la diputada Haydeé Reyes Soto, la solicitud para que el Poder Legislativo de Oaxaca se sume a esta aprobación, misma que impedirá que violentadores, abusadores de género y deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular o participen en el servicio público.
“El estado de Oaxaca se ha encontrado con los índices más altos de violencia en contra de nosotras, y una forma de erradicarlo es que los deudores alimentarios no puedan acceder a algún cargo de naturaleza electoral ni designación directa, por ninguno de los poderes del estado ni de los ayuntamientos”, declaró Daniela Taurino en el recinto legislativo.
“Tenemos un claro objetivo en común: transformar el servicio público para quien haya cometido un delito, sea violentador político o abusador en razón de género y deudor alimentario, ya no pueda seguir ejerciendo estos servicios públicos. Desde la Brigada Violeta aplaudimos las medidas adaptadas por esta Cámara y por el Poder Ejecutivo de nuestro estado, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz”, añadió al leer el oficio entregado.
Por su parte, la diputada Haydeé Reyes Soto, acompañada de las legisladoras Concepción Rueda Gómez, Melina Hernández Sosa y María Luisa Matus Fuentes, así como del diputado César David Mateos Benítez, refirió que el tema de las mujeres es una agenda prioritaria y que el jueves 25 de mayo el Congreso de Oaxaca aprobará dicha reforma.
“Nosotros vamos a procesarlo a la brevedad en una sesión extraordinaria para que se pueda aprobar (la Ley 3 de 3). Ya es ley a nivel federal, pero Oaxaca tiene que participar y sumarse. Por supuesto que esta Legislatura lo va a hacer”, aseguró.
Esta ley que implica una reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de México, fue aprobada el 28 de abril en la Cámara de Diputados federal, y hasta este miércoles, suman ya 23 congresos estatales los que han avalado la modificación constitucional.
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