Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. El envío de turbas de Movimiento Ciudadano para asaltar el Congreso y evitar la votación para escoger un gobernador interino en Nuevo León fue el intento más primitivo e irracional que pudo haber hecho Samuel García para garantizar que dentro de seis meses, cuando pierda la elección presidencial, regrese por la puerta grande a su despacho en Monterrey y termine su mandato. Utilizar a la policía para blindar el Palacio de Gobierno e impedir que le notificaran oficialmente la designación de Luis Orozco como interino fue un arrebato entendible, en parte, pero contradictorio. No pudo imponer a su secretario general de Gobierno a cargo del despacho, pero Orozco, que no debería haber sido un problema para él, se convirtió en el reflejo de su berrinche y desesperación.
Orozco fue clave en la cruzada de García contra el encargado del despacho de la fiscalía estatal, Pedro Arce, que tenía fuertes vínculos con el PRI, y a quien estaba empeñado en destituir, pero necesitaba que fuera el Congreso el que lo destituyera. A cambio de tener una buena relación con la oposición, ofreció nombrar a Orozco, el vicefiscal. El Congreso, con quien estaba enfrentado, no mordió el anzuelo y Orozco siguió coludido con García para perjudicar a Arce.
El gobernador interino fue criticado ayer en los medios porque fue quien encabezó la investigación del caso de la muerte de la joven Debanhi Escobar en abril del año pasado, que según la fiscalía estatal, no se trató de un feminicidio sino de un accidente. La información privada a la que se tuvo acceso señala que Orozco y la fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez, operaron para que no se resolviera el caso –finalmente lo atrajo la Fiscalía General de la República– para que, en coordinación con García, perjudicaran a Arce y a quien lo protege, Adrián de la Garza, excandidato del PRI al gobierno de Nuevo León.
La historia secreta de García que lo llevó a la candidatura presidencial y a jugar como esquirol en la contienda para quitarle a Gálvez votos comenzó en la campaña para la gubernatura de Nuevo León, en 2021, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeñó en escoger a Clara Luz Flores como candidata. Para allanarle el camino y frenar su caída, el Presidente autorizó, a finales de abril de 2021, que con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República abriera carpetas de investigación en contra de sus adversarios.
El 10 de mayo de ese año, tras filtrarse en la prensa la existencia de las carpetas de investigación, enviadas a Palacio Nacional por Santiago Nieto, en ese entonces director de la UIF, el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se comunicó con el candidato de Movimiento Ciudadano para explicarle su situación legal. García, que no sabía nada de la indagación en su contra, le envió una carta con un propio, donde aseguraba que no estaba vinculado a ninguna red de lavadores de dinero, ni tampoco de factureros, que eran las imputaciones que había hecho Nieto.
Coincidentemente comenzó a mencionarse en la prensa que García, ante la debacle de Flores y la idea generalizada en Palacio Nacional de que iba a perder la elección, podría ser un gobernador a modo para cuidar los intereses del Presidente. López Obrador ordenó entonces suspender las investigaciones contra García, lo que le fue comunicado a Nieto por el entonces coordinador de Asesores, Lázaro Cárdenas. Públicamente se mantuvo la narrativa de la investigación a los dos candidatos, aunque sólo se enfocó en De la Garza, de quien las autoridades federales sospechan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
García ganó la gubernatura de Nuevo León y el 7 de julio de ese año, como gobernador electo, se reunió en Palacio Nacional con López Obrador. El encuentro comenzó tenso, porque no había empatía, pero el Presidente le dijo que dejaran las rencillas atrás, porque eran propias de las campañas, y trabajaran juntos. Desde entonces parecía que tenían una muy buena relación, pero eran apariencias. Los dos se necesitaban, como mensaje a los empresarios regios y para obtener recursos de la Federación.
Mientras tanto, como lo hizo con varios aspirantes presidenciales, la Fiscalía General de la República, colateralmente de sus funciones, empezó a dar seguimiento a las comunicaciones de los aspirantes a la Presidencia, pero Gertz Manero había eliminado a García hasta que, en diciembre del año pasado, hizo públicas sus aspiraciones. Cuando el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, le transmitió la queja de López Obrador de que había sido prematuro dejarlo de monitorear, el fiscal justificó que su destape había sido producto de una circunstancia emocional, pero que no tenía ninguna posibilidad de ser candidato.
García fue creciendo en la exposición nacional, mientras López Obrador lo respaldaba desde la mañanera como un buen gobernador que estaba haciendo su trabajo. En julio pasado, el Presidente lo mencionó a él y al alcalde de Monterrey, el también naranja Luis Donaldo Colosio, como potenciales candidatos a sucederlo. Colosio se deslindó rápidamente, pero García no. Se estaban creando las condiciones para lo que sucedió en septiembre entre Gertz Manero y su viejo amigo, Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, que fue un acuerdo para impulsar al gobernador de Nuevo León como candidato a la Presidencia, en el entendido de que su participación sería para restarle votos a Gálvez.
El arranque de campaña fue promisorio para los objetivos de la estrategia, pero se atravesó el problema con el interinato en Nuevo León, al no haber podido comprar suficientes diputados en el Congreso local para facilitarle el regreso. Ante la violencia de las turbas de García en el Congreso neoleonés, el Presidente lo defendió ayer y enmarcó el conflicto como una lucha por las clases medias. Inopinadamente, el Presidente reveló la intención de tener como esquirol a García, dividir el voto de las clases medias que desprecia, pero que entiende que si van unidas contra su candidata, Claudia Sheinbaum, podría tener una sorpresa en las elecciones.
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