Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. El último ex funcionario de alto rango que seguía en prisión preventiva en un centro penitenciario por su presunta participación en los fraudes cometidos bajo la modalidad de la llamada Estafa Maestra logró el cambio de su medida cautelar y hoy se encuentra en su domicilio.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la ya extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y ex jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
¿Por qué regresó a su casa?
Pese a que en julio del 2024 fue declarado culpable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un juzgado federal de Almoloya de Juárez, Orozco logró que un juez federal le modificara la medida cautelar tras haber permanecido tres años y medio de prisión.
Cabe mencionar que también enfrenta múltiples procesos penales por delitos de corrupción en juzgados de Ciudad de México
Ninguna autoridad ha hecho un anuncio oficial sobre esta situación, pero MILENIO obtuvo los registros de una audiencia realizada el 14 de enero de forma virtual que prueban que Orozco se encuentra en resguardo domiciliario en su residencia familiar en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Fuentes consultadas por este medio confirmaron que el cambio de su medida cautelar ocurrió en diciembre del año pasado.
Todo lo que sabemos del caso de Antolino Orozco
Desde mayo de 2019 Antolino Orozco confesó en declaraciones rendidas ante la FGR, de las que este medio también tiene copia, que sí existieron los malos manejos y falsificación de convenios con universidades tanto en la Sedesol como en la Sedatu y dio detalles del esquema fraudulento encabezado por el entonces Oficial Mayor de dichas instituciones, Emilio Zebadúa González.
Orozco aseguró que se falsificaron firmas y se fabricaron supuestos entregables para justificar los servicios, e incluso narró una reunión en oficinas particulares del ex oficial mayor, con quien habría acordado una estrategia para justificar los malos manejos.
En ese entonces dijo que las irregularidades fueron del conocimiento de la titular de la dependencia Rosario Robles.
Aunque el ex funcionario declaró esto, buscando un criterio de oportunidad, la FGR decidió proceder penalmente en su contra. En octubre de 2020, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.
A la par inició en su contra al menos tres procesos penales más en su contra por delitos como uso indebido de atribuciones y facultades.
El 25 de septiembre de 2021, agentes federales lograron detener a Orozco en Pachuca y lo trasladaron a la Ciudad de México. Desde ese momento fue ingresado al reclusorio Preventivo Norte, donde permaneció en prisión preventiva hasta finales del año pasado,
De la sentencia a la libertad
En julio del 2024, y tras un mes de juicio oral, la jueza federal, Nancy Selene Hidalgo Pérez, dictó sentencia condenatoria en contra de Orozco Martínez por los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que dejaron un daño al erario superior a los cinco mil millones de pesos.
A criterio de la juzgadora, los fiscales lograron demostrar más allá de la duda razonable que Orozco estuvo implicado en esta trama al haber avalado uno de los convenios firmados con la Universidad Autónoma del estado de Morelos.
Se trata del mismo caso por el cual, en su momento, se giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles que a la postre fue cancelada por orden de un tribunal federal.
Sin embargo, el veredicto y aplicación de la pena no ha quedado firme debido a que Orozco y otros dos procesados promovieron un recurso de apelación en contra de dicha resolución que está pendiente de resolverse en un Tribunal federal.
Las suspensiones y paros en el Poder Judicial de la Federación (PJF) han retrasado la finalización de este proceso.
Por otro lado, el 10 de marzo, Orozco deberá comparecer ante un juzgado del Reclusorio Sur para la audiencia intermedia de la causa penal 172/2022 iniciada en su contra y relacionada con un convenio aparentemente irregular firmado con la Universidad Politécnica de Quintana Roo que generó un desfalco de 77 millones de pesos.
El juez del caso, Benítez Alcántara, giró instrucciones para que elementos de la Guardia Nacional operen su traslado desde la ciudad de Pachuca a la sala de audiencias en el reclusorio Sur.
Sumado a ello, tiene varios procesos penales más, uno por otro convenio de 20 millones de pesos relacionado con la referida universidad que también se encuentra en fase intermedia. También existen procesos penales en curso en contra de Antolino por convenios irregulares con universidades en Morelos y en Zacatecas.
De forma paralela, la FGR tiene en curso otra carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos derivado de los presuntos pagos que Orozco y otros procesados habrían canalizado a través de su abogado a fiscales de la misma institución.
El caso surgió luego de que la organización TOJIL reveló una grabación en la que se escucha al defensor de Orozco pactando pagos con una de las fiscales. En ella, también se refieren a pagos previos hechos por los criterios de oportunidad.
Sin peces gordos en prisión
Con la liberación de Antolino Orozco ya no quedan funcionarios de nivel medio alto o algo en prisión preventiva por el caso de la llamada Estafa Maestra. En la cárcel permanecen sólo dos personas relacionadas con empresas fantasma que recibieron recursos, entre otros ex servidores públicos menores.
La persona de mayor rango en cuanto a su posición en el servicio público que en su momento fue encarcelada por este caso fue la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, quien permaneció en prisión preventiva más de tres años bajo cargos de presuntas omisiones que facilitaron los quebrantos.
Robles recuperó su libertad en agosto de 2022 y a la postre, a través de diversos juicios de amparo, se determinó que existieron irregularidades graves tanto en la prisión preventiva que se le impuso, así como en el proceso penal en su contra. Los jueces, tribunales y Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinaron absolverla.
En junio de 2024, también recuperó su libertad Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la extinta Sedesol, y quien estuvo siete meses en prisión preventiva. En su momento la FGR impulsó hasta cuatro procesos penales en su contra, pero al cierre del año pasado solo uno seguía vigente.
Emilio Zebadúa fue, presuntamente, el principal operador de los fraudes en la Sedesol y la Sedatu, de acuerdo con la evidencia con la que cuenta la FGR. En su contra hay una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, una decena de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por posible peculado.
Además de al menos cuatro testimonios que lo identifican como el organizador de los esquemas fraudulentos y principal beneficiario.
Hasta ahora, los fiscales no han procedido penalmente en su contra. En octubre de 2020 Zebadúa dio una declaración con la que buscaba un criterio de oportunidad en la que acusó a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de organizar los desvíos, sin embargo, no aportó pruebas de sus dichos y el beneficio no le fue concedido.
La Fiscalía también ha impulsado procesos en contra de subsecretarios de la Sedesol y Sedatu y otros funcionarios con cierto nivel de mando, sin que ellos hayan derivado en prisiones preventivas para los implicados. Varios de esos casos siguen en curso en fases intermedias o iniciales.
Información y foto de:Milenio
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