La Silla Rota
Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Una de las frases más famosas de Nelson Mandela en relación con la democracia, es aquella que refería que cuando no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia no es más que una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.
La reflexión de Mandela pareciera dedicada a algunas regiones de nuestro país, entre las que podríamos incluir a los estados de Guerrero y Oaxaca. La situación que enfrentan estas dos entidades para las próximas elecciones es bastante compleja y delicada, y lamentablemente las medidas adoptadas por las autoridades electorales responsables de organizar los comicios, parecieran subestimar la magnitud del problema.
El estado de Guerrero enfrenta desde hace varios años una grave crisis política y social, que después de los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa alcanzó dimensiones inusitadas. Los antecedentes de movimientos sociales en la costa guerrerense y en la zona de la Montaña son bien conocidos, así como las masacres cometidas por agentes del Estado en esa entidad, como en Aguas Blancas, en Iguala, Acapulco, el Charco y recientemente en Ayotzinapa. La violencia de los cárteles que operan en la región es noticia de todos los días, y según el Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social 7 de cada 10 guerrerenses están en situación de pobreza, además de que según CONAPO, la entidad tiene un grado de marginación muy alto, ocupando el lugar 32 a nivel nacional.
Por su parte, Oaxaca tiene niveles de pobreza muy similares a los de Guerrero, y según datos del INEGI, un porcentaje mayor al 20% de su población se encuentra en situación de pobreza extrema. En cuanto a estadísticas de violencia se refiere, el estado lidera los casos de violencia de género, y hasta el año pasado, la ciudad de Oaxaca era de las más violentas del país, con una tasa de lesiones dolosas 10 veces más elevada que la nacional, de acuerdo con el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. Aunado a lo anterior, los conflictos magisteriales con la Sección 22 del SNTE y el gobierno local han puesto en entredicho a la autoridad local y la gobernabilidad en algunas regiones del estado.
Recientemente en Guerrero, la Asamblea Nacional Popular y otras organizaciones sociales anunciaron que no permitirán las elecciones el próximo 7 de junio, si no aparecen con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por otra parte, en Oaxaca la Sección 22 adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó en su asamblea de hace un par de días boicotear las próximas elecciones en la entidad, realizando un plantón indefinido en la sede local del INE, y evitando la instalación de casillas en 13,500 escuelas bajo su control.
Como respuesta a la situación que viven estas dos entidades, la autoridad electoral ofrece su discurso oficial, en el sentido de que habrá elecciones en junio próximo en ambas entidades pase lo que pase, y que se adoptarán medidas “extraordinarias” para las circunstancias que se viven.
Las medidas “extraordinarias” consisten en flexibilizar los requerimientos para la selección de funcionarios de casilla, y la no utilización de prendas con las siglas y logotipos del INE para personal dedicado a la capacitación de funcionarios electorales, para evitar ser identificados por los organizadores del boicot, además del acompañamiento de policías en algunos casos. Asimismo, se tiene previsto ante cualquier eventualidad, hasta tres domicilios alternos para la reubicación de casillas, en caso de que no puedan instalarse las casillas en los inmuebles originalmente previstos para ello.
Es decir, la estrategia o las “medidas extraordinarias” adoptadas por las autoridades electorales responsables de organizar una elección constitucional en estos estados consiste en operar a escondidas, en capacitar sin ser vistos, en cambiar de último momento los domicilios en los que se instalarán las casillas, y en recurrir a la policía para que resguarden a sus funcionarios e instalaciones mientras realizan estas actividades.
¿Y cuál es la estrategia para el votante y para los candidatos?
El derecho de votar no significa simplemente el acudir a una urna y depositar un papel, sino que éste se encuentra vinculado con el ejercicio de otros derechos fundamentales como son el derecho de petición, de información, de reunión, de libre expresión, de difusión de ideas, de libertad de tránsito, de acceso a la justicia, entre otros. Es decir, para poder votar o ser votado en serio se debe contar con una serie de garantías que permitan el ejercicio de diversos derechos fundamentales como el emitir un sufragio de manera libre, voluntaria y secreta; que no haya coacción al votar, o en el caso de los candidatos, que exista libertad en la formulación de sus propuestas y plan de gobierno; que no haya violencia; que la autoridad responsable de organizar la elección cuente efectivamente su voto, y que si existe alguna irregularidad que afecte la validez de esos votos pueda ser combatida ante tribunales especializados para ello.
Dadas las circunstancias que actualmente se viven en estas dos entidades resulta difícil pensar que los votantes o los candidatos vayan a poder ejercer libremente todos estos derechos, y menos aún que las autoridades responsables del proceso estén considerando hacer algo para salvaguardarlos. El ejemplo más claro de ello es la reciente insaculación como posibles funcionarios de casilla de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y de la correspondiente visita de los funcionarios del INE a sus domicilios para darles la noticia y capacitarlos.
Evidentemente su insaculación obedece a que esas cuatro personas forman parte de la lista nominal de electores, ya que oficialmente no existe algún documento en el que se les pueda considerar como fallecidos, y por lo tanto se les pueda dar de baja del padrón. No obstante, la falta de previsión ante una situación como ésta que pudiera generar un mayor encono social, muestra claramente que las autoridades electorales están organizando rutinaria y burocráticamente la elección, cuando el escenario que se presenta resulta particularmente complejo y delicado.
Si las autoridades responsables del proceso trabajan una elección a “escondidas”, los candidatos y los votantes tendrán que hacer campaña y votar a escondidas. Ante un escenario amenazado por la violencia del crimen organizado, de las organizaciones pro-boicot, de la incertidumbre respecto de en qué lugar se ubicará la casilla de votación, y respecto de quiénes serán los valientes ciudadanos de casilla que estarán en la mesa el día de la elección; no nos queda más que pensar en cáscaras vacías.
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