Oaxaca de Juárez, 14 de diciembre. La salida clandestina del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo ha dado lugar a dudas, críticas severas y comentarios periodísticos diversos, de opinión pública y de redes sociales, por la inmensa deuda que heredó a la nueva administración gubernamental, el saqueo al erario estatal y la falta de pago a los proveedores, sin que hubiera podido explicar en qué invirtió tanto dinero, 85 mil millones de pesos del presupuesto y 51 mil millones de pesos que pidió prestados con autorización de la pasada 62 legislatura, aunque se supone que grandes cantidades las dedicó a repartir a los múltiples grupos de “luchadores sociales”, entre los que destaca la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a pesar de ello hicieron inconcebibles daños al pueblo oaxaqueño y al comercio organizado, lo que tampoco justifica tanto despilfarro, y por eso se ha solicitado insistentemente la investigación y posible consignación de los responsables, encabezados por el propio ex gobernador. Como ha ocurrido en sexenios pasados, desde su campaña el nuevo gobernador señaló, igual que lo hizo su antecesor, que investigaría a fondo la conducta de los funcionarios salientes, pero hasta el momento nada ha ocurrido, ni se dan muestras de que se vaya a proceder en este sentido.
También durante su campaña el nuevo gobernador anunció que trabajaría en unión y con la colaboración del magisterio, lo que despertó inquietud y desconfianza entre el pueblo, pero al mismo tiempo se consideró que eso acabaría la pesadilla vivida en el sexenio pasado, en el que esa banda destrozó la tradicional armonía en el desempeño diario de las actividades sociales. Sin embargo, a los pocos días de su toma de posesión el gobernador se reunió a puerta cerrada con esa mafia, sin que se supieran los temas tratados y sus resultados o acuerdos a que se llegó, aunque algunos de esos dirigentes manifestaron su descontento, lo más probable es que porque no se les llegó al precio. Es importante destacar el primer acto ilegal del gobernador, consistente en haber tratado asuntos oficiales con delincuentes como Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, entre otros prisioneros por probados delitos del fuero común y federal, pero que por las presiones de ese gremio y otros grupos que los apoyan, entre los que figuran guerrilleros armados, el juez de la causa los puso en libertad por consigna, pero con la condición de que se abstuvieran de participar en actividades políticas y sindicales, durante el tiempo que tardara en resolverse el proceso, lo que iniciaron tan pronto como fueron liberados, llegando a figurar en primer lugar en la citada entrevista, lo que significa que las leyes no tienen ningún valor en este país.
El pasado lunes se llevó a cabo una asamblea estatal del magisterio, en la que se acordó rechazar la minuta de acuerdos entre la dirigencia sindical y el mandatario estatal, así como iniciar una jornada de protestas que impulse nuevamente las movilizaciones. En uno de sus documentos difundidos, se dice que “la respuesta que el ilegítimo Alejandro Murat entregó a la Comisión Política, no resuelve la problemática central del gremio y continúa con el proyecto de imponer la mal llamada reforma educativa”. Esto a pesar de que con el fin de complacerlos, el gobernador incurrió en ilegalidades al ofrecer a la comisión política de la Coordinadora regularizar a tres mil 699 trabajadores, garantizar el ingreso al servicio docente de egresados normalistas por medio de una evaluación, así como la reinstalación de cuatro de los trabajadores que fueron destituidos en pasados meses, por causas justificadas, y no obstante que por ley la regularización de plazas debe ser mediante nuevas evaluaciones, y que los belicosos normalistas deben aprobar los exámenes de rigor. El gobernador debe estar consciente ahora de que esos vándalos nunca respetarán las leyes, por más prestaciones que se les ofrezcan más abundante dinero para satisfacer sus ambiciones, porque ya están acostumbrados a que durante 36 años los gobernadores son sus servidores y el pueblo su víctima, que ahora nuevamente se prepara para sufrir las consecuencias del dominio que están logrando, por eso amenazan con nuevas movilizaciones.
El delincuente Núñez Ginez declaró a la prensa nacional que no se aplicará la reforma educativa en Oaxaca, y que la regularización que les fue ofrecida no quiere decir que la CNTE la acepte ni que los dos mil 400 docentes de esa Coordinadora vayan a ser evaluados como lo establece la legislación. Incluso, dijo, algunos de ellos ingresaron al servicio desde mucho antes de que se diera a conocer el decreto en Oaxaca o que se anunciara la Ley del Servicio Profesional Docente: “El tema de la evaluación lo hemos puesto en la mesa. Nosotros no nos hemos negado a evaluarnos, sin embargo, tendrá que ser una evaluación que nosotros mismos estructuremos”. Y sería como la que presentaron a su conveniencia en el congreso local pasado, pero lo que se niegan a aceptar es que esa reforma no es estatal sino nacional, decretada por la Presidencia de la República, previa aprobación del Congreso de la Unión y de los congresos estatales.
Por otro lado, el lunes pasado los transportistas o camioneros bloquearon todo el centro de la ciudad, perjudicándose a muchos habitantes y automovilistas, que permanecieron detenidos durante varias horas, ignorándose los motivos de su movilización, pero seguramente se trate de la exigencia de nuevas prestaciones, con lo que no es difícil la pronta aparición de nuevos grupos de presión, para volver a someternos a sus iniquidades, por lo que parece justa la petición de muchos ciudadanos de que continúe el Ejército su vigilancia en las calles, pero que también se les permita poner orden y no figurar sólo como amenaza, que es lo que demerita su función, como lo expresó recientemente el Secretario de la Defensa Nacional.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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