Oaxaca de Juárez, 21 de abril. La detención de Tomás Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e Italia a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto. Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del Cártel del Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados-, el único lugar donde quizás se sintió protegido era esa nación mediterránea donde hace más de una década los cárteles mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la organización con más poder y dinero de Sicilia. Su captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico. Después de todo, a Yarrington lo protegió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claramente por al menos tres años.
La actitud del gobierno cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió la indagatoria 12. La entonces procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco-, tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de investigar a todos los gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico. Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en Fidel Herrera de Veracruz.
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