Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. En el barrio de Salamanca, en Madrid, se encuentra el restaurante de moda El Paraguas, de excelente comida asturiana. Hace dos martes llegó un comensal mexicano que nadie conocía, aunque una de las personas en su mesa, Baltazar Garzón, un rock star de la justicia global, no pasaba desapercibido. El encuentro fue sugerente, en estos tiempos donde su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, habla un día sí y el otro también de lo corrupto que fue el gobierno que lo precedió y del “tiradero” que le dejaron.
¿De qué hablaron? De acuerdo con uno de los presentes, fue un encuentro casual. Garzón participaba en el Congreso Mundial Jurídico y esa noche cenaba con varios de los asistentes. Otro asistente en el Congreso fue Juan Collado, que estaba con Peña Nieto. Nada trascendental salió de esa plática, dijo uno de los presentes. El expresidente había estado en Madrid de paseo con una modelo hace poco más de tres semanas. Unos siete días después regresó y lo único que se conoce de esa nueva visita fue el encuentro con Garzón.
Garzón llevó en la Audiencia Nacional española varios casos controversiales de violación a los derechos humanos durante la dictadura franquista. Su fama, sin embargo, detonó cuando logró una orden de arresto contra el general chileno Augusto Pinochet por la muerte de súbditos españoles y crímenes de lesa humanidad durante su dictadura. Este tipo de delitos es lo que abogados en México y Estados Unidos buscan imputarle a Peña Nieto y llevarlo a juicio por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Desde que era presidente Peña Nieto, un grupo de abogados trabajaron la eventual defensa cuando acabara el sexenio. Una de las conclusiones a las que llegaron era que no habría forma que una acusación por la desaparición de los normalistas lo alcanzara legalmente, y concluyeron que la línea de responsabilidad llegaría máximo a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en ese momento.
La idea de que pudiera juzgarse a Peña Nieto por delitos de lesa humanidad está en la mente de los abogados, aunque López Obrador, pese a acusar diariamente de corrupto a su gobierno, se ha comprometido con no perseguirlo. Eso no significa que metería las manos por él en otros casos, como el de Ayotzinapa, por el que varios miembros de su equipo sí quieren juzgarlo. Esto no es algo que haya estado ausente de la discusión pública en México. En agosto de 2016, se publicó en este espacio “¿Terminará Peña en La Haya?”, donde se apuntó:
“Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, ‘siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras’. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el gobierno.
“En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, a una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos. El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías.
“Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: ‘Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose’”.
Varios de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto le han insistido que se vaya del país, pero él ha respondido reiteradamente que no lo hará, y que se quedará a vivir en Ixtapan de la Sal, donde tiene su vieja casa de fin de semana en el campo de golf. Peña Nieto tiene plena confianza de que López Obrador no va a proceder en su contra, que es lo que también piensan algunas de las personas que estuvieron cerca de él en el final del sexenio.
López Obrador ha dicho que no lo hará, pero las expectativas creadas por él en el combate a la corrupción le van a ir cerrando espacios de maniobra y le hará más costoso no proceder contra representantes del gobierno anterior. Peña Nieto, jurídicamente hablando, no es una pieza fácil para llevar a juicio, pero como manjar sobre una mesa que puede llegar a necesitar distractores, el expresidente es un platillo delicioso.
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