Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. El Estado mexicano sigue mostrando su ineptitud para resolver los problemas nacionales, y por eso ha optado por la indiferencia ante los graves conflictos que se viven todos los días. Enrique Peña Nieto prefirió irse de gira a China y Australia, a pesar de la insistencia de los sectores sociales solidarios con los estudiantes desaparecidos, de los senadores y diputados de los partidos políticos, con excepción de los del PRI, para que suspendiera ese innecesario viaje al extranjero y se dedicara a atender primero este gigantesco problema, que sigue creciendo y tiende a convertirse en un movimiento nacional de grandes proporciones, y que pone en peligro la institucionalidad, el estado de derecho y la paz y tranquilidad social. La indiferencia oficial es ofensiva no sólo porque se niega a atender las peticiones de justicia de una gran parte de la sociedad y de sus defensores, sino porque en cierta forma fomenta el uso de la violencia como parte de la presión que se ejerce para obtener respuestas y soluciones. En los últimos días la situación se ha agravado, y se ha llegado a extremos de carácter terrorista, como los siguientes:
Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, apoyados por la Coordinadora de Egresados en Defensa de Ayotzinapa, después de una escandalosa manifestación efectuada el sábado pasado, apedrearon la fachada del Palacio de Gobierno de Guerrero, y después de romper los cristales de los ventanales, lanzaron bombas molotov para provocar por segunda ocasión un incendio. Asimismo, volcaron y prendieron fuego a unos 20 vehículos oficiales, que quedaron calcinados. Esta salvaje acción, dijeron que fue su respuesta al informe rendido el día anterior por el procurador General de Justicia de la República, Jesús Murillo Karam, quien dijo que los 43 estudiantes desaparecidos ya fueron ejecutados y sus cuerpos posteriormente calcinados y arrojados al río San Juan. Esa declaración fue la que motivó los vandálicos actos de protesta. También esta Federación, y las organizaciones que integran el Movimiento Popular Guerrerense, acordaron impulsar la desaparición de las funciones del cabildo y de los poderes de Guerrero, así como la destitución, juicio político y castigo a Enrique Peña Nieto y su gabinete, además de juicio y castigo a los responsables de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre pasado contra los normalistas de Ayotzinapa.
Los siguientes días, los mismos estudiantes campesinos socialistas volvieron a tomar casetas de cobro en carreteras de Guerrero, interceptaron autobuses y camiones de carga que circulaban por la carretera Chilpancingo-México y les sustrajeron el combustible que llevaban, además de que se apoderaron de autobuses para continuar su lucha y exigir la solución a sus demandas. Para esto mismo han estado permitiendo el paso libre de los automovilistas en las casetas de cobro, a cambio de “una cuota voluntaria” para la lucha. En los días siguientes siguieron los bloqueos y cierre del aeropuerto de Acapulco. Semejante situación se ha presentado en Oaxaca, sin que las autoridades intervengan para poner orden.
En el Distrito Federal también el sábado pasado diversas organizaciones convocadas en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, llevaron a cabo una manifestación que partió de las oficinas de la Procuraduría General de la República en el Paseo de la Reforma al Zócalo, y terminó cerca de la medianoche con la quema parcial de la puerta principal del Palacio Nacional. Durante la marcha se corearon consignas como: “Fue el Estado”, “Fuera Peña Nieto”, “Vivos se los llevaron vivos los queremos”, y con consignas semejantes mostraron su hartazgo por “la impunidad y la corrupción que predomina en el país”. Hubo intercambio de proyectiles entre la policía y los participantes de la marcha, así como granaderos y elementos del Estado Mayor Presidencial que intentaron reprimir a los manifestantes y aprehender a algunos, pero los pocos detenidos luego fueron puestos en libertad. Sin embargo, los agresores declararon que “la violencia real es del Estado”. Por su parte, el gobierno federal y las autoridades capitalinas dijeron que actuaron con tolerancia ante hechos de provocación “de grupos minúsculos que buscan desvirtuar los reclamos, dolor de familiares y de la sociedad en general por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa”, por lo que ningún policía federal o capitalino ni efectivos del Ejército mexicano emprendieron operaciones que pudieran considerarse represión contra movimientos sociales. Dicen bien que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y eso es lo que hace el gobierno al considerar grupos minúsculos a los agresores, por eso los dejan cometer delitos tan grandes como los incendios.
La marcha 43X43 arribó al Zócalo de la ciudad de México el domingo pasado, después de un recorrido de 194 kilómetros, a partir de Iguala, para lanzar desde el centro político del país la misma demanda que han hecho otros grupos. El vocero de la marcha, José Alcaraz, sintetizó la situación diciendo que “el Estado no es ya el que la sociedad necesita, hay que reformarlo radicalmente”. “La lucha debe ser pacífica, aunque el Estado ha provocado que muchos sectores recurran a la violencia como método de protesta”, dijo refiriéndose a la quema de la puerta mariana del Palacio Nacional, aunque advirtió que fueron provocadores coludidos con los marchistas los que provocaron el incendio. Sobre las banquetas, miles de capitalinos respaldaron y aplaudieron el paso de la marcha.
En la primera escala de su viaje al extranjero, en Alaska, Enrique Peña Nieto declaró: “Los mexicanos decimos no a la violencia. Esta no es una expresión del gobierno, éste es un sentimiento genuino de la sociedad mexicana, que dice no a la violencia: decimos sí a la justicia, al orden, a la armonía, a la tranquilidad; decimos sí a la aplicación de la justicia ante hechos atroces y abominables”. Se supone que ni el propio Peña Nieto cree en sus declaraciones, pues la violencia ha sido el signo distintivo del gobierno que encabeza, por eso la tolerancia a los infiltrados grupos de provocadores que intervienen en todas las manifestaciones.
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